[1]Manifestaciones de activistas de dos partidos de izquierda brasileños, PSOL y PSTU. Foto: PSOL/Facebook.
Una cifra aún por determinar de seguidores, activistas y simpatizantes de dos partidos de izquierda brasileños, el PSOL, Partido Socialismo e Liberdade y el PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, están siendo procesados por el departamento del Fiscal del Estado (Ministérios Públicos) de Rio de Janeiro y São Paulo por haber realizado pequeñas donaciones a estos dos partidos durante las elecciones de 2014.
Uno de los activistas relacionados con el PSOL, Lucas Mourão, procesado por el departamento del Fiscal del Estado Electoral (Ministério Público Eleitoral) de Rio de Janeiro, explicó su caso [2] en su página de Facebook el 15 de octubre. Declara que en 2014 donó 60 reales (unos 15 dólares estadounidenses) a las campañas de Jean Willys y Tarcísio Mota, dos candidatos del PSOL a Diputado Federal y Gobernador de Rio de Janeiro, respectivamente.
Fiz campanha de maneira voluntária, com o tempo que tinha, sempre com um punhado de panfletos e adesivos na bolsa e no peito e, obviamente, sem receber nenhum real. Doei 40 reais para a campanha do Jean e 20 reais para a campanha do Tarcísio. Era o que eu podia dispor naquele momento.
(…)
Agora é que vem a parte bizarra da história: o Ministério Público Eleitoral está me processando (e a muitos outros!) por ter doado esses benditos 60 reais! Isso porque a lei eleitoral só permite doações de pessoas físicas até o limite de 10% dos rendimentos no ano anterior à doação…
Fazendo as contas, o MP chegou à genial conclusão de que eu, no ano anterior à doação (2013), tive rendimento bruto menor a 50 reais por mês!
Os caras, grandes pensadores juristas brasileiros, chegaram a essa conclusão porque, ao quebrarem meu sigilo fiscal (!) perceberam que eu era isento do Imposto de Renda, logo, concluíram que eu não havia tido rendimento NENHUM em 2013 e, portanto, não poderia doar nada pra nenhuma campanha eleitoral…
Hice campaña de forma voluntaria, en mi tiempo libre, siempre con un puñado de panfletos en mi bolsa y pegatinas en mi pecho, y, obviamente, sin recibir un solo real. Doné 40 reales (10 dólares estadounidenses) a la campaña por Jean y 20 reales (5 dólares estadounidenses) a la campaña por Tarcísio. Era de lo que disponía en aquel momento.
(…)
Aquí es donde la historia se vuelve rara: ¡el departamento del Fiscal del Estado Electoral me está procesando a mí (¡y a otros muchos!) por haber donando esos insignificantes 60 reales (15 dólares estadounidenses)! Esto es así porque la ley electoral solo permite donaciones de personas individuales hasta un límite del 10% de sus ingresos del año anterior…
Haciendo un recuento de todo, el departamento del Fiscal del Estado llegó a la brillante conclusión de que yo, el año anterior a la donación (2013), ¡tuve unos ingresos brutos inferiores a 50 reales (13 dólares estadounidenses) por mes!
Estos tíos, estos grandes abogados y pensadores brasileños, llegaron a esta conclusión porque, tras romper la confidencialidad de mis datos fiscales (!) vieron que estaba exento del impuesto de la Renta, y entonces concluyeron que había tenido CERO ingresos en 2013 y, por lo tanto, no podía donar nada a ninguna campaña electoral…
En Brasil, la gente con unos ingresos anuales inferiores a 22.499,13 reales (unos 5.790$ de EEUU) está exenta de pagar el impuesto de la Renta. La ley electoral permite donaciones a las campañas de hasta un 10% de los ingresos de una persona individual el año anterior a las elecciones, pero, al estar exentos de pagar el impuesto de la Renta, el departamento del Fiscal del Estado consideró que los activistas no percibían ningún tipo de ingreso. Según esto, el Estado afirma que podrían estar cometiendo un crimen electoral si hacen donaciones.
Lucas Mourão, que es también abogado, explicó [3] que los individuos exentos pueden donar hasta un 10% del valor del límite de exención, por lo tanto, no hay delito.
Mourão afirma que cerca de 100 de esos casos se han dado solamente en Rio de Janeiro. De hecho, en los comentarios del hilo de su post, varias personas relataron cómo están siendo procesadas por el Estado por la misma razón.
Una de estas personas es Sabrina (que pidió que no se revelara su apellido), que donó 15 reales (menos de 4 dólares de EE. UU). a la campaña de Marcelo Freixo, un candidato del PSOL a Diputado Federal en Rio de Janeiro en 2014. Según Sabrina, su caso ya ha sido resuelto a su favor:
Eu doei 15 reais e também fui representada! (…) No meu caso, o MP pediu o indeferimento da representação e o juiz julgou no mesmo sentido, numa sentença que tinha pouco mais de 2 parágrafos… E agora tô fazendo a defesa de um cara que também foi representado por doar 50 reais. Muito surreal movimentar a máquina do judiciário desse jeito por causa dessas doações!
(…)
Todas as doações de pessoas físicas isentas de IR ao PSOL estão sendo investigadas, ao que tudo indica.
¡Yo doné 15 reales (4 dólares estadounidenses) y también fui procesada! (…) En mi caso, el departamento del Fiscal del Estado pidió desestimar el caso y el juez actuó de acuerdo a ello, en una sentencia de menos de dos párrafos… Y ahora estoy llevando la defensa de un chico que fue también acusado de haber donado 50 reales (13 dólares estadounidenses). ¡Es tan surrealista usar así la maquinaria judicial solo por estas donaciones!
(…)
Todas las donaciones al PSOL de personas individuales exentas del impuesto de la Renta están siendo investigadas, según todos los indicios.
Antônio Bastos indicó [4] que los casos parecen estar viniendo «en orden, de arriba abajo», lo que reflejaría una clara persecución de los partidos de izquierda y sus adeptos.
Em alguns processos existe até uma cópia do comunicado da chefia do MPE RJ para os promotores eleitorais pedindo «empenho» no ajuizamento das Representações. […] Ou seja, é uma diretriz que veio de cima para «processar geral» enquadrado naqueles quesitos, e talvez alguns promotores fizeram questão de juntar aos processos para demonstrar…
En algunos casos existe incluso una copia del comunicado enviado a los fiscales electorales desde la dirección del departamento de Fiscales Electorales del Estado de Rio de Janeiro, solicitando «compromiso» a la hora de forzar los cargos. […] Vamos, se trata de una directriz de arriba para una «persecución generalizada» acordada en estos términos, y quizá algunos fiscales dijeron algo importante para reunir casos, para probarlo…
Para Sabrina, se trata de una «clara violación del principio democrático»:
[Ao] presumir que o isento nada pode doar proíbe o cidadão isento de IR de contribuir com o partido com que guarda maior afinidade (e, portanto, mitiga sua cidadania) e, por consequência, tira os partidos de menor porte da disputa eleitoral.
Suponer que un individuo exento no puede donar nada en absoluto prohibe a los ciudadanos exentos del impuesto de la Renta ser capaces de contribuir en cualquier partido político con el que tengan mayor afinidad (y, así, se le priva de su ciudadanía) y, en consecuencia, empuja a los partidos políticos más pequeños fuera de la carrera electoral.
El activista Matheus Lara declaró [5] que había sido absuelto, pero que no estaba de acuerdo con la invasión de la privacidad.
Eu fui processado tb. Eu era isento, mas tinha como comprovar renda. Fui absolvido. Mas meu sigilo fiscal E bancário foram quebrados.
Yo también fui procesado. Estaba exento, pero tenía cómo mostrar mis ingresos. Fui absuelto. Pero mi confidencialidad fiscal y bancaria fue violada.
La activista Cristiane Talhiaferro [6] también está siendo procesada:
O meu processo ainda tá rolando tb, o juiz pediu provas e tive que enviar meu extrato bancário do ano de 2013. Quebra de sigilo bancário pra alguém que doa 50 reais tudo bem né, mas pra quem desvia milhões não pode…
Mi caso aún está activo. El juez solicitó pruebas y tuve que enviar mi extracto bancario de 2013. Son capaces de violar la confidencialidad bancaria por alguien que dona 50 reales (13 dólares estadounidenses) y eso está bien, pero por alguien que defrauda millones no pueden hacerlo…
En Twitter, el activista Pablo Mattoso comentó:
@cadulorena [7] @BoechatBandNews [8] @zemaria_pstu [9] Meu irmão foi intimado por doar 15 reais para o @MarceloFreixo [10] .
— Pablo Mattoso (@pablomattoso) 14 outubro 2015 [11]
@cadulorena: Entrevista con un activista del PSTU en @BoechatBandNews sobre los Fiscales del Estado forzando acusaciones por haber donado 30 reales (8 dólares estadounidenses) a la campaña por @zemaria_pstu
@cadulorena @BoechatBandNews @zemaria_pstu Mi hermano fue citado por donar 15 reales (4 dólares estadounidenses) a @MarceloFreixo .
Los activistas del PSTU también afirmaron estar siendo procesados: uno de esos activistas era Clara Saraiva, que dio una entrevista en la radio Band News el 15 de octubre. Ella había donado 30 reales a la campaña de Zé Maria, candidato presidencial del PSTU en 2014. Ella publicó el audio de la entrevista en Soundcloud [12], desahogándose:
Convenhamos que se o Ministério Público estivesse realmente interessado em pegar laranjas ou falcatruas, que estipulasse um mínimo de doação… 100 mil reais, sei lá… Mas não! Quem doou seus suados 30, 50, 100 reais numa campanha independente, que como a do Zé Maria é financiada apenas por doações de trabalhadores e estudantes, agora é constrangido pela justiça. Um escândalo!
Asumámoslo, si los Fiscales del Estado estuvieran realmente interesados en pillar a secuaces o a tramposos, estipularían una donación mínima… 100.000 reales (25.000 dólares estadounidenses), o algo así… ¡Pero no! Cualquiera que donó sus 30, 50, 100 reales (8, 13, 25 dólares estadounidenses) ganados con el esfuerzo a una campaña independiente, como la de Zé Maria que está financiada solamente mediante donaciones de trabajadores y estudiantes, ahora está limitado por el sistema judicial. ¡Es un escándalo!
Donaciones desde las grandes empresas
[13]Imagen: ¡No al proyecto de ley para la financiación corporativa de campañas! ¡Reforma política ya! Yo estoy en contra de la corrupción. Vótame. Ilustración: Bira.
El PSOL, el PSTU y otros pequeños partidos de izquierda son los únicos partidos políticos en Brasil que se niegan a recibir donaciones de las empresas para las campañas electorales. Dependen únicamente de las donaciones de personas individuales, generalmente activistas y simpatizantes de las mismas causas por las que luchan.
Según un informe publicado el año pasado por NGO Transparência Brasil [14], los tres mayores partidos políticos en Brasil (el Partido de los Trabajadores, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, y el Partido Social Democracia Brasileña) recibieron, en conjunto, más de 350 millones de reales (90 millones de dólares estadounidenses) en donaciones de grandes empresas [15], como bancos y contratistas. El Partido Social Democracia Brasileña, que perdió la carrera de las elecciones presidenciales frente al Partido de los Trabajadores, lidera el ranking con más de 162 millones de reales (42 millones de dólares estadounidenses) en fondos recibidos.
A principios de 2015, una campaña dirigida por activistas de izquierda para prohibir donaciones por parte de las empresas a las campañas electorales resultó contraproducente: el Congreso acabó aprobando la Ley de Reforma Política que regularía, precisamente, la financiación recibida de las empresas (este tema en la ley fue subsecuentemente vetado por la Presidenta Dilma Rousseff [16]).
¿Persecución?
El periodista Gabriel Brito (@gabrimafaldino) relacionó los casos con la persecución sufrida por los activistas que participaron en las manifestaciones que sacudieron Brasil en 2013 [17].
MPE quer condenar pessoa que doou R$60 à campanha do PSOL. São as pequenas respostas oficiais a junho de 2013… https://t.co/EoIyuzQSX8 [18]
— gabriel brito (@gabrimafaldino) 14 outubro 2015 [19]
El departamento del Fiscal Electoral del Estado quiere condenar a una persona que donó 60 reales (15 dólares estadounidenses) a una campaña del PSOL. Esta es la respuesta corta oficial a junio de 2013…
En la misma semana, el departamento del Fiscal del Estado de Rio de Janeiro solicitó la condena de 18 activistas [20] por «conspiración y corrupción de menores». Entre ellos se incluyen la profesora Camila Jourdan, la activista Eliza Quadros, conocida como Sininho, y el activista Igor Mendes. Los 23 activistas [21], que se volvieron conocidos, han estado bajo investigación por el departamento del Fiscal del Estado (Ministério Público) desde su participación en las protestas de Rio de Janeiro en 2013. Son considerados presos políticos por varias organizaciones latinoamericanas por los derechos humanos [22].