[1]La infame «lista sucia de esclavitud laboral» de Brasil enumera las compañías que explotan a sus empleados con prácticas similares a la esclavitud. La lista fue creada en 2003 por el Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil y en varias ocasiones ha incluido compañías que pertenecen a políticos y hombres de negocios famosos de Brasil [2].
Junto con la lista que publica el ministerio, la destacada ONG de derechos laborales Repórter Brasil [3] con frecuencia destaca a las compañías de la llamada lista sucia e informa sobre las mismas. Pero los últimos fallos judiciales podrían afectar estos esfuerzos en pro de la transparencia.
En diciembre del 2014, el Tribunal Supremo de Brasil emitió un fallo que prohíbe [4] al Ministerio de Trabajo y Empleo publicar la lista en su sitio web o compartirla con los medios de comunicación locales. El fallo fue emitido en respuesta a una demanda que presentó la Asociación Brasileña de Promotoras Inmobiliarias (ABRAINC), en la que se reclamaba [5] que en Brasil no existe una ley que regule el mantenimiento de dicha lista, y que los empleadores fueron incluidos en la lista sin el adecuado procedimiento legal, lo cual socavó su presunción de inocencia y su derecho a refutar legalmente dichos alegatos. El Tribunal Supremo decidió suspender la publicación de la lista hasta que se tome una decisión sobre el caso de ABRAINC.
ABRAINC está compuesta por los contratistas y holdings más grandes de Brasil, y se ha descubierto que su propio presidente, Rubens Menin, ha hecho uso de trabajo forzoso [6] en cinco ocasiones, en empresas que pertenecen a su compañía MRV Engenharia, la cual ha aparecido en la lista sucia.
Unos meses antes del fallo del Tribunal Supremo, el Ministerio de Trabajo y Empleo creó una nueva lista [7] con el mismo contenido, respaldada por la Ley de Acceso a la Información de Brasil. El 19 de octubre, el fiscal general Rodrigo Janot emitió un informe oficial en favor de su publicación [8] por los medios de comunicación. Aún está por verse si la lista durará o no, pero sus oponentes insisten en tratar de quitarla de la mirada pública.
En octubre del 2015, un nuevo fallo judicial [9] exigió a Repórter Brasil que borrara toda la información de Morro Verde Participações de su sitio web, que es una de las compañías que aparece en la versión más reciente de la lista sucia.
Antes de que fuera obligada a retirar la información acerca de la compañía, Repórter Brasil informó que Morro Verde Participações S/A maneja una granja de ganado en Xinguara, en el estado de Pará en el norte de Brasil. En enero del 2014, las autoridades hallaron y rescataron 23 personas que trabajaban en la granja en condiciones similares a la esclavitud.
La posible conexión entre los dos acontecimientos preocupa a los miembros de Repórter Brasil. «Esto sucede porque el gobierno brasileño ha sido incapaz de restablecer el registro de empleadores que tienen a sus empleados en condiciones de esclavitud», manifiestan los miembros en una nota que explica la reciente censura. La organización cree firmemente que la transparencia respecto a estas prácticas es un paso crítico en pro de una mayor responsabilidad corporativa.
Argemiro de Azevedo Dutra, el juez que preside el caso, integra el Tribunal del Distrito de Salvador, la capital del estado de Bahía. Morro Verde S/A también está registrada [10] en el estado de Bahía. Azevedo Dutra también está en la lista del sitio web [11] del Consejo Legislativo del Estado como un criador de ganado, entre otras ocupaciones. Alrededor del 40% de las compañías incluidas en la última versión de la lista se dedican a la ganadería, luego se encuentran las de explotación forestal (25%), agricultura (16%) y construcción (7%).
Repórter Brasil viene defendiendo la aprobación de un proyecto de ley sobre la esclavitud laboral [12] por más de 15 años, bajo la cual cualquier propiedad que se descubra que es mantenida con trabajo forzoso será expropiada del estado. La ley se encuentra en su última etapa antes de la aprobación definitiva.
Hasta que fueron implementados los recientes cambios, la lista sucia era un mecanismo fiable para la sociedad para presionar a aquellos que violaban los derechos de los trabajadores. La batalla entre el gobierno, la sociedad civil, las compañías y los tribunales por el restablecimiento de la lista está lejos de acabarse.