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Nueve años consecutivos de protestas contra la represión policial en Argentina

Marcha de la Gorra, Córdoba, Argentina, 18 de noviembre de 2015, fotografía utilizada gracias a la cortesía de Noelia Esteban

Marcha de la Gorra, Córdoba, Argentina, 18 de noviembre de 2015, fotografía utilizada gracias a la cortesía de Noelia Esteban

El pasado día 18 de noviembre se llevó a cabo la novena edición de la “Marcha de la Gorra“, en la que jóvenes, representantes de organizaciones sociales y víctimas de los abusos de autoridad marcharon en contra de las acciones de la cuestionada Policía de la Provincia de Córdoba en la capital provincial.

Desde hace nueve años esta marcha busca poner fin a los abusos policiales en la segunda ciudad más grande de Argentina. Uno de los reclamos principales de los participantes es la derogación del Código de Faltas y el fin de los controles injustificados, humillaciones y abusos de autoridad, como así también el pedido de justicia por las víctimas de la violencia policial:

El nombre de la movilización, “Marcha de la Gorra”, hace alusión a la estigmatización que viven los jóvenes de los sectores populares a causa de su forma de vestir y aspecto, tal como lo ilustran la siguientes historietas que circulan en Twitter:

Como se explica en el blog Resistiendo al Código de faltas, esta una ley de la provincia de Córdoba que sirve para castigar algunas conductas “que perjudican la vida cotidiana y así facilitar la convivencia”. Sin embargo, lo ambiguo de esta definición deja espacio a interpretaciones de qué puede ser un comportamiento pertubador o, en muchos casos, limita “el ejercicio de derechos que están en la Constitución Nacional”.

Un ejemplo es la figura del “merodeo” (art. 98) que castiga con arresto a quien esté “en actitud sospechosa” cerca de edificios o vehículos. Es la policía quien define qué resulta “sospechoso”: cualquier caminata por la calle puede convertirse en “merodeo”, afirma el blog. Otra falta se refiere a las “reuniones públicas tumultuarias” (art.99), en la que los agentes deciden qué es un tumulto y puede arrestar a quienes están en la marcha (aunque no participen en el tumulto ni lo causen). Y continúa “esto puede limitar los derechos a la libre expresión y a peticionar a las autoridades (art. 14 de la Constitución)”.

Si bien, los datos oficiales acerca de la cantidad de detenciones son escasos, están poco sistematizados y no son permanentemente actualizados, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, en el año 2011 hubo un total de 42.700 detenidos por contravenciones al Código de Faltas.

Este número refleja un crecimiento del número de las detenciones en comparación con los años anteriores. Actualmente, las organizaciones sociales estiman que se produce una detención cada 7 minutos a causa de “violaciones al Código de Faltas”:

Estos números reflejan una concepción de gobierno basada en una abultada inversión en seguridad en detrimento de la salud y la educación, tal como lo refleja en informe del colectivo de investigación Llano en Llamas:

[…] Lo mismo sucede si analizamos comparativamente el gasto per cápita durante el año 2015: en el
rubro “Educación inicial y primaria” se registra un total por habitante de $1.311; en “Salud” implica un
gasto presupuestado anual por persona de $1.734; y en el rubro “Servicios de Seguridad y Justicia”
el valor es de $2.255 per cápita.

Los resultados de esta política de “seguridad” se miden en la cantidad de detenciones que la policía provincial realiza. En este sentido, existen denuncias acerca de prácticas institucionalizadas ligadas a incentivar las detenciones entre los policías, exista o no exista motivo alguno, para dar cuenta de la efectividad de la autoridad policial y justificar así el elevado gasto en seguridad.

La Marcha de Gorra protesta contra una política represiva de seguridad que pretende reemplazar la política social y educativa. En esta ocasión, los participantes hicieron público un documento, en el que hacen explícitos sus reclamos y denuncias, especialmente contra el gobernador de la provincia, José Manuel de la Sota, responsable de la política de seguridad implementada:

DLS [abreviatura para de la Sota] estás equivocado: Somos familiares y amigxs de víctimas de gatillo fácil, nunca de los policías que se roban armas y las plantan en los barrios, ni de los asesinos comandados por delincuentes como vos y Julio César Suárez.
Somos la Marcha más grande y sistemática de Córdoba, y del PAÍS, que reivindica nuestras culturas populares y repudia rotundamente este Estado policial que nos excluye, nos reprime, nos persigue, nos estigmatiza y nos mata.

La novena edición de la marcha contó con el apoyo de organizaciones educativas, sociales y de los trabajadores, por ejemplo:

En esta ocasión, hasta algunos sectores de la Iglesia Católica apoyaron la protesta:

La magnitud y el significado de la realización de la marcha no se limita a los sectores populares, sino que involucra al conjunto de la ciudadanía cordobesa, especialmente a la juventud. Los reclamos y el cuestionamiento a la legitimidad de la autoridad policial supera barreras educativas, económicas y sociales.

Si bien la marcha se realizó de manera pacífica y en un clima festivo, un móvil de exteriores del canal de televisión local Canal 12, fue objeto de críticas a su coberatura sobre el tema, que terminaron en hechos de vandalismo:

Ahora bien, la actualidad de los reclamos de la ciudadanía de la provincia mediterránea quedaron demostrados con nuevas denuncias de jóvenes detenidos sin motivo alguno. En este marco, jóvenes estudiantes de ingeniería denunciaron nuevos abusos policiales en su contra en las redes sociales.

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