La nueva legislación rusa parece orientada a circunvenir sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en la foto) pero las últimas modificaciones del borrador sugieren un mandato de mayor alcance. Imagen de Wikimedia Commons.
Los que creían que la protección a la sociedad civil y el amparo a los Derechos Humanos en Rusia no podían ser peores se equivocaban.
El 4 de diciembre la Duma Estatal voto para aprobar la ley nº 931766-6 [1], cuyo título es «De las enmiendas a la Ley Constitucional Federal “Del Tribunal Constitucional de la Federación Rusa”». El texto ahora se encuentra ante el Consejo de la Federación, la cámara alta legislativa de Rusia. El proyecto está orientado a crear un «mecanismo legal especial» mediante el que el Tribunal Constitucional ruso tendría potestad para revisar cualquier sentencia internacional contra Rusia sobre derechos humanos. Si el Tribunal considera que un fallo en concreto no es conforme a la Constitución rusa, podrá descartarse.
Lo que ello implica es cualquier persona que denuncie —ante un tribunal u organismo internacional— que una ley rusa ha vulnerado sus derechos humanos o le ha provocado perjuicio económico, cualquier indemnización o reparación dictada por el tribunal internacional podría quedar en nada si el Tribunal Constitucional de Rusia halla que la sentencia internacional está en conflicto con la Constitución rusa.
Entrando en antecedentes, este mecanismo legal especial lo contempló el Tribunal Constitucional ruso en su sentencia del 14 de julio de 2015 [2], donde consideraba que la Constitución rusa tenía primacía sobre las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, primacía implica que, de haber conflicto entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Constitución rusa —así lo interpreta el Tribunal—, sería la Constitución rusa la que prevalecería.
¿Por qué hace esto el Tribunal Constitucional ruso? Porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había puesto en evidencia al gobierno ruso en el caso Yukos [3] con una indemnización de 2500 millones de dólares porque se consideró que en Rusia son injustos los procedimientos judiciales en materia fiscal.
El nuevo borrador de la ley, no obstante, va mucho más allá de crear un mecanismo legal separado para las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos humanos. De hecho, la terminología se ha relajado lo suficiente como para referirse a cualquier organismo internacional de Derechos Humanos.
Por ejemplo, no hay referencia alguna en el articulado de la ley al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino que el borrador se refiere en términos amplios a «sentencias de organismos internacionales de amparo a las libertades y derechos humanos».
Más aún, a medida que la ley avanzaba en su periplo por la comisión, su título cambiaba de sentencias de «órganos judiciales internacionales» a «órganos internacionales». Este cambio tuvo lugar entre las lecturas primera y segunda del borrador.
Primera Lectura
6) дополнить Раздел третий Главой XIII1 следующего содержания:
«Глава XIII1. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СУДЕБНОГО ОРГАНА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
6) Enmienda a la Sección tercera, Capítulo XIII del siguiente modo:
«Capítulo XIII. APRECIACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE EJECUTAR LA RESOLUCIÓN DE UN ÓRGANO JUDICIAL INTERNACIONAL PARA EL AMPARO DE LAS LIBERTADES Y LOS DERECHOS HUMANOS»
Segunda Lectura
5) раздел третий дополнить главой XIII1 следующего содержания:
«Глава XIII1. Рассмотрение дел о возможности исполнения решений межгосударственного органа по защите прав и свобод человека
6) Enmienda a la Sección tercera, Capítulo XIII del siguiente modo:
«Capítulo XIII. Apreciación de la posibilidad de ejecutar la decisión de un órgano internacional para el amparo de las libertades y los derechos humanos»
Incluso la palabra «decisión» —entre ambas lecturas— ha cambiado de постановления (resolución), que se usa cuando un tribunal dicta sentencia, a la más inocua решения (decisión), que presumiblemente afectaría a las decisiones de cualquier órgano internacional de derechos humanos.
Dichos cambios al proyecto de ley han motivado el debate entre los juristas rusos.
Tamara Morschakova, magistrada jubilada del Tribunal Constitucional cree [4] que los documentos emitidos por órganos como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se podrían remitir al Tribunal Constitucional para que aprecie si se ajusta a derecho.
El vicepresidente de la Comisión de Derecho Constitucional y Fortalecimiento Institucional Dmitri Vyatkin (del partido Rusia Unida), por otra parte, sostiene [4] que órganos como el Comité de Derechos Humanos no dictan «sentencias» sino que generan informes, así que no se verían afectados según la ley.
Pero Vyatkin se olvida de que Rusia es signatario del Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [5] que habilita al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a dictar resoluciones basadas en denuncias de particulares. De hecho, el Comité de Derechos Humanos registró hace poco una resolución [6] contra Rusia al considerar que una ley local anti LGBT transgrede el Pacto Internacional. Otros órganos internacionales de derechos humanos poseen mecanismos de decisión semejantes.
En suma, lo que al parecer empieza como una forma de circunvenir la indemnización de 2500 millones de dólares del caso Yukos (y similares) se ha convertido en una herramienta para eludir las obligaciones internacionales de Rusia en materia de derechos humanos. Para la sociedad civil rusa esto significa el desastre. Cuando esta ley se apruebe finalmente, la única vía de protección de los derechos fundamentales —el ámbito internacional— ofrecerá únicamente un remedio superficial. Para evitar sanciones, el gobierno sólo tendría que buscar la evaluación del Tribunal Constitucional dentro del marco del nuevo mecanismo ad hoc.