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Netizen Report: Historias de tortura desde las cárceles de Etiopía

Aerial view of Maekelawi detention center in Addis Ababa. Source: Google Earth, courtesy of Human Rights Watch.

Vista aérea del centro de detención Maekelawi en Addis Ababa, Etiopía. Fuente: Google Earth, cortesía de Human Rights Watch.

El Netizen Report de Global Voices Advocacy ofrece una instantánea internacional de los problemas, victorias y nuevas tendencias en materia de derechos de Internet en todo el mundo.

Un grupo de cibernautas etíopes regresó a la corte esta semana para enfrentar el proceso judicial en su contra basado en disposiciones de la Proclama Antiterrorismo. Los acusados, el defensor de derechos humanos y académico Zelalem Workagenehu y sus amigos Yonatan Wolde y Bahiru Degu, ya llevan un año y medio en prisión por presuntamente haberse inscrito en un taller sobre comunicación, medios sociales y liderazgo, que luego fue cancelado.

Durante su detención se han vulnerado los derechos humanos de los miembros del grupo y violado el debido proceso. A su defensor, que anteriormente había defendido a periodistas, políticos y representantes religiosos que también habían sido acusados de terrorismo, los funcionarios judiciales le revocaron la licencia para ejercer como abogado. Ante tal situación al grupo no le quedaron muchas opciones salvo la de ejercer su autodefensa ante el tribunal.

También han sido víctimas de trato inhumano y tortura durante su estadía en la cárcel. Bahiru relató haber sido golpeado, desnudado y obligado a beber su propia orina durante su detención, mientras Zelalem permaneció detenido 41 días en una celda extremadamente fría conocida como “Siberia”. Ambos aparentemente fueron obligados a confesar bajo coacción. Bahiru también declaró que los investigadores lo amenazaron, diciéndole: “te vamos a cortar las venas y a matarte. Somos la policía, y los fiscales, jueces, y el servicio de inteligencia son nuestros; pasarás 20 años en prisión”.

Su caso ofrece más evidencia acerca de que violaciones de derechos humanos como las que sufrieron los blogueros de Zone9, que permanecieron en la cárcel 18 meses por aplicación de la ley antiterrorismo pero finalmente fueron absueltos, no son excepcionales. El gobierno etíope continúa abusando de su poder usando esta ley no para combatir el extremismo violento sino para silenciar a aquellos ciudadanos que trabajan para mejorar la situación de los derechos humanos en su país.

Líder de la ONU advierte acerca de la ley de Ciberdelitos de Pakistán

El Relator Especial de la ONU para la libertad de expresión David Kaye se ha manifestado en contra de una ley de ciberdelitos que próximamente será sometida a votación ante la Asamblea Nacional paquistaní. Diversas organizaciones de derechos humanos de todo el mundo comparten su opinión. Una declaración conjunta de Human Rights Watch explica que la norma “faculta a la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán a ordenar a los proveedores de servicio la eliminación o bloqueo del acceso a cualquier discurso, sonido, datos, escritos, imágenes o videos, sin que sea necesaria una orden judicial. Al omitir el contralor judicial, la ley, en caso de ser aprobada, equivaldría a otorgar un cheque en blanco para abusar y excederse en las facultades de bloqueo”.

Leyes de sedición imponen severas penas para cibernautas en Tailandia y Malasia. 

La semana pasada se pudo ver un repunte en el uso de cargos de sedición en las naciones del Sudeste asiático para acallar el disenso en las plataformas de medios sociales: en Tailandia, un operario de una fábrica fue detenido y acusado en base a la ley antisedición por haber compartido en Facebook una infografía que denuncia la existencia de corrupción en un proyecto de construcción del gobierno. Las autoridades agregaron un segundo cargo fundado en la tristemente célebre ley tailandesa de lesa majestad o “insulto real”, alegando que el hombre se había burlado de la perra del rey en Facebook. Luego de ser arrestado, el joven de 27 años permaneció incomunicado sin que se supiera su paradero, hasta que un desconocido que se supone es un oficial de seguridad le informó a su madre dónde estaba detenido. En caso de ser hallado culpable podría ser condenado a 27 años de cárcel.

Los medios locales han informado que el hombre es miembro de los Camisas Rojas de Tailandia, uno de los grupos políticos que reclama el restablecimiento del gobierno civil en el país. Sus partidarios tienen razones para creer que cientos de miembros del grupo en Facebook también serán acusados de conformidad con la ley de lesa majestad por haberle dado ‘me gusta’ a imágenes y contenidos presuntamente difamatorios de la monarquía tailandesa.

Desde el golpe militar de 2014, las ofensas que se encuadran bajo la ley de lesa majestad han sido juzgadas por tribunales militares, que no permiten apelar sus sentencias. En agosto de 2015, un tribunal militar tailandés condenó a un hombre acusado de haber difamado a la monarquía tailandesa en una red social a 30 años de cárcel. Esta condena ha sido la pena de prisión más severa dictada alguna vez en un caso de lesa majestad.

En otro caso, un ciudadano malasio fue arrestado durante una redada policial por haber insultado en Facebook a la familia real del estado de Johor, presuntamente como expresión de su descontento con la decisión del sultán de Johor de prohibir el vaping en el estado a partir de 2016. En caso de ser declarado culpable de sedición, deberá enfrentar 18 meses de cárcel o una multa de hasta $460 dólares estadounidenses.

La Conferencia Mundial de Internet en China reúne jefes de estado, líderes de empresas de tecnología y gran cantidad de críticas

La segunda Conferencia Mundial de Internet está en marcha en la ciudad de Wuzhen, China. A raíz de los recientes violentos atentados extremistas ocurridos en París y en otros lugares, se espera que China aprovechará el evento para discutir la ciberseguridad, y para promover la “soberanía de internet”, o la idea de que los gobiernos tienen derecho a controlar el ciberespacio y las reglamentaciones en materia de internet en sus países.

Reporteros sin Fronteras ha convocado a boicotear la conferencia. “Desde la primera edición estas conferencias nunca han gozado de credibilidad, su verdadero objetivo ha sido garantizar que las empresas de internet interesadas en operar en China acaten las normas”, señaló el director de RSF para Asia-Pacífico Benjamin Ismail. En efecto, con la participación de gigantes tecnológicos globales como Alibaba, Baidu, Apple y Google, habrá mucha negociación además de los eventos formales de la conferencia. Bill Bishop, autor del blog Sinocism especuló sobre el verdadero valor del evento para las empresas de tecnología y preguntó: “¿Qué ejecutivos de internet estadounidenses actuarán de modo servil en la conferencia de Wuzhen?”

Los medios sociales están de vuelta en Bangladesh (por ahora)

La semana pasada Bangladesh puso fin a cuatro semanas de bloqueo de las aplicaciones de mensajería. Durante la prohibición la falta de coordinación entre las agencias provocó confusión, lo que resultó en una interrupción de 90 minutos en el servicio de internet a nivel nacional que la ministra de telecomunicaciones atribuyó a un ‘malentendido’. Las diversas prohibiciones también han perjudicado a emprendedores que dependen de las plataformas como Facebook para tareas de marketing y divulgación.

Plataformas privadas demostraron ser fundamentales durante las elecciones en Venezuela 

Internet tuvo un rol fundamental para los debates públicos sobre los candidatos en las históricas elecciones legislativas que tuvieron lugar en Venezuela el 6 de diciembre, en las que los votantes se manifestaron de manera abrumadora en favor de la oposición. A pesar de la baja velocidad de banda ancha y de interrupciones denunciadas en el servicio de internet, las plataformas digitales como YouTube y Periscope facilitaron la circulación de la información, según Marianne Diaz de Global Voices, lo que volvió aún más esencial que nunca a la conectividad digital para permitir a los venezolanos organizar, comunicar y defender sus derechos y libertades.

Nueva Investigación

Mary Aviles, Ellery Roberts Biddle, Weiping Li y Sarah Myers West colaboraron en este informe.

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