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WhatsApp regresó a Brasil. Pero, ¿por qué estuvo bloqueado?

Photo: Hackread

Mezcla de imágenes que combina el logo de WhatsApp y la bandera brasileña. Mezclado por Hackread.

Millones de brasileños se quedaron sin acceso a WhatsApp después de que una corte local ordenó una suspensión de 48 horas a nivel nacional de la aplicación de mensajería móvil a mediados de diciembre. Poco después, la Corte de Apelaciones de São Paulo aceptó un recurso, y gradualmente los usuarios estaban recuperando el acceso al servicio hacia el jueves 17 de diciembre.

¿Por qué bloquearon WhatsApp? Mucha información que podría ayudar a responder esta pregunta no ha sido puesta a disposición del público. Pero parece estar vinculada con una investigación penal a un hombre acusado de narcotráfico, robo a mano armada y asociación con la mayor organización criminal de Brasil, Primer Comando Capital o PCC. Esta investigación se está llevando a cabo in camera, o en secreto, así que no se han dado a conocer detalles adicionales.

En julio y agosto de 2015, funcionarios judiciales brasileños ordenaron a WhatsApp hacer pública información personal de usuarios que estaban bajo investigación de la Policía Federal. Pero WhatsApp, que es propiedad de Facebook, se negó a hacer pública la información, según el comunicado de prensa de la Corte de Apelaciones de São Paulo.

…la decisión de la jueza está plenamente motivada, pero equivocada. Equivocada porque había otros caminos a seguir, que implicaban perjuicios a Facebook (propietaria de WhatsApp) sin que necesitara sacar el servicio del aire ni perjudicar a sus usuarios.              – Gustavo Gindre, Intervozes

El 16 de diciembre, el Ministerio Público brasileño respondió ordenando a los proveedores de telecomunicaciones que bloquearan totalmente WhatsApp, afectando así a los 100 millones de usuarios de Brasil, según estimados de la empresa.

Algunos sitios web de la parte hispanohablante de Latinoamérica informaron que usuarios en países como Argentina, Uruguay, Chile y Venezuela también enfrentaron interrupciones en el servicio de mensajería. La razón es que los operadores en esos países comparten con Brasil una red de cables submarinos que conecta a Sudámerica y el Caribe.

Oi, operador de telecomunicaciones de Brasil, presentó una apelación contra la orden tarde el 16 de diciembre, y la corte de São Paulo explicó que la aceptó porque “no es razonable que millones de usuarios se vean afectados por la inercia de una empresa”. Para el mediodía del 17 de diciembre, el servicio parecía haber regresado.

¿Qué tiene que ver la ‘Ley de Derechos’ de internet de Brasil en esto?

La moción de bloqueo fue autorizada por la jueza Sandra Regina Nostre Marques, que basó su decisión en una disposición del Marco Civil, la llamada “Ley de Derechos” para internet de Brasil. La ley establece reglas de neutralidad de la red, privacidad, retención de información y responsabilidad del intermediario, entre otros asuntos, y fue aprobada por la presidenta Dilma Rousseff en abril de 2014.

El Marco Civil también permite que las autoridades del estado apliquen sanciones a empresas extranjeras de internet que se niegan a cumplir con la legislación brasileña. Como establece el artículo 12 de la ley, las autoridades pueden imponer advertencias, multas y suspensión temporal de los servicios o actividades de una empresa. Esas penalidades pueden ser aplicadas solamente con aprobación judicial.

El artículo 23 de la ley también estipula que un juez debe tomar todas las medidas necesarias para proteger la privacidad de los usuarios que enfrentan una investigación penal.

En Facebook, el presidente ejecutivo Mark Zuckerberg expresó su pesar por la decisión. “Estoy sorprendido de que nuestros esfuerzos para proteger la información de las personas resultara en una decisión tan extrema de una jueza para castigar a todas las personas en Brasil que usan WhatsApp”, publicó el jueves 17 de diciembre en su página personal.

Los expertos debaten si el castigo se ajusta al delito

Francisco Brito Cruz, director del centro de investigaciones Internet Lab, con sede en São Paulo, especuló sobre si la medida era proporcional a las necesidades de los investigadores –en otras palabras, cuestionó si WhatsApp había actuado tan mal como para merecer una respuesta tan extrema del gobierno. Es difícil saberlo, dijo, dado que el proceso se está llevando de manera reservada. Le dijo a Global Voices por correo electrónico:

Por serem investigações que correm em segredo, é impossível saber qual foi exatamente a postura da empresa ou seus motivos para não cumprir as ordens judiciais. Podem ser justos ou não, podem ter a ver com questões técnicas ou com posturas da empresa.

Por ser investigaciones reservadas, es imposible saber cuál fue exactamente la postura de la empresa o sus motivos para no cumplir con las órdenes judiciales. Pueden ser justos o no, pueden tener que ver con cuestiones técnicas o con la postura de la empresa.

Hasta la justificación de la empresa para retener la información de los usuarios está abierta al debate, es claro que las acciones de WhatsApp fueron una violación de la ley, dijo Brito Cruz:

[A necessidade de uma ordem judicial] garante que a autoridade de investigação (polícia, Ministério Público) não rompa com o sigilo sem um crivo de um juiz. Se o WhatsApp recebeu uma ordem que passou por esse crivo e não a cumpriu injustificadamente ele desrespeitou a legislação brasileira, não só o Marco Civil.

[La necesidad de una orden judicial] garantiza que una autoridad de investigación (policía, Ministerio Público) no rompa con la reserva sin aprobación de un juez. Si WhatsApp recibió una orden que pasó por ese proceso y no la cumplió injustificadamente, violó la legislación brasileña, no solamente el Marco Civil.

Pero otros expertos sostienen que un juez ordene a los proveedores de servicios de internet (ISP) bloquear el tráfico a una aplicación específica viola el principio de neutralidad de la red de Marco Civil, que requiere trato igual de plataformas y servicios por parte de los proveedores de telecomunicaciones.

Paulo Rená, fundador del Instituto BETA para Internet y Democracia, en una entrevista en febrero de 2015 sobre un intento similar de un juez de suspender WhatsApp, dijo que el artículo 12, aunque establece la suspensión de una aplicación, no autoriza que se dirija una orden judicial a los ISP. Rená estuvo directamente involucrado en la redacción de Marco Civil.

De manera similar, en una publicación de Facebook, Gustavo Gindre, del grupo de derechos de comunicaciones Intervozes, comparó el bloqueo de WhatsApp con bloquear los servicios de internet de los bancos:

Pra mim, a decisão da juíza é plenamente motivada, mas equivocada. Equivocada porque havia outros caminhos a serem seguidos, e que implicassem em prejuízos ao Facebook (dono do WhatsApp), sem que fosse necessário tirar o serviço do ar e prejudicar seus usuários. Como li, seria como tirar o sistema financeiro do ar porque bancos estão se negando a entregar informações de seus clientes envolvidos em delitos. Ora, taca uma multa pesada.

Para mí, la decisión de la jueza está plenamente motivada, pero equivocada. Equivocada porque había otros caminos a seguir, y que implicaban perjuicios a Facebook (propietaria de WhatsApp) sin que necesitara sacar el servicio del aire ni perjudicar a sus usuarios. Como leí en algún sitio, sería como sacar al sistema financiero de línea porque los bancos se niegan a entregar información de sus clientes involucrados en delitos. Solamente deben aplicar una multa enorme.

Pero Francisco Brito Cruz tiene una opinión diferente sobre el artículo 12:

As operadoras de telefonia não podem bloquear ou filtrar o tráfego de aplicativos de forma discricionária a partir de seus interesses, mas isso não impede que a Justiça determine medidas como essa. É uma sanção inclusive prevista na mesma lei que prevê a neutralidade. O artigo 12 fala em sanções aplicáveis a provedores que agiram em descumprimento da legislação brasileira, ou seja, de qualquer ordem judicial que a esteja aplicando.

Los operadores de telefonía no pueden bloquear ni filtrar el tráfico de aplicaciones a su discreción a partir de sus intereses, pero eso no impide que el Poder Judicial determine medidas como esa. Es una sanción, prevista incluso en la misma ley que regula la neutralidad. El artículo 12 enumera sanciones aplicables a los proveedores que actúan en violación de la ley brasileña, es decir, de cualquier orden judicial que se esté aplicando.

El caso también ha arrojado una luz a la tensión entre la soberanía del estado y las empresas transnacionales de internet. Como publicó Gindre en su página de Facebook:

Como lidar com empresas que atuam na Internet em todo o planeta, mas possuem seus servidores instalados em poucos países e se recusam a colaborar com a justiça brasileira? Qual o limite da soberania nacional aplicada ao mundo transfronteira da Internet?

¿Cómo lidiar con las empresas que operan en internet en todo el planeta, pero tienen sus propios servidores instalados en pocos países y se niegan a cumplir con la justicia brasileña? ¿Cuál es el límite de la soberanía nacional aplicada al mundo transfronteras de internet?

¿Qué es el lobby de las empresas de telecomunicaciones?

Al comienzo, muchos pensaron que el bloqueo tenía relación con la agresiva retórica de las empresas de telecomunicaciones brasileñas que buscan regular los servicios de internet, como WhatsApp y Netflix. Sin embargo, los expertos ya han aclarado que en este caso específico, no tienen relación.

En agosto, Amos Genish, presidente ejecutivo de Vivo, el mayor operador de telecomunicaciones de Brasil, declaró que WhatApp es “piratería pura” y defendió su subordinación a la agencia de regulación de telecomunicaciones del país, ANATEL. “Usan nuestros números de teléfono para enviar mensajes gratis”, dijo al periódico Folha de São Paulo en ese momento.

Sin embargo, otros dos operadores brasileños han establecido asociaciones con WhatsApp, y ofrecen uso gratis de la aplicación a sus clientes –práctica conocida como zero-rating. Según grupos de consumidores y de derechos de internet, esto infringe el principio de neutralidad de la red de Marco Civil, que todavía no tiene regulaciones detalladas en asuntos como estos.

A pesar del resentimiento, en resoluciones judiciales similares anteriores, los ISP brasileños han actuado a favor de WhatsApp. En febrero de 2015, un juez en el estado de Piauí solicitó la suspensión de WhatsApp después de que la empresa se negara a colaborar con las investigaciones policiales relacionadas con pornografía infantil. Dos operadores de telecomunicaciones, Claro y Embratel, presentaron una apelación, que luego fue acatada por un juez estatal, y la aplicación nunca fue cancelada.

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