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¿Qué hará falta para acabar con la brutalidad policial en Armenia?

Police car in Yerevan. Wikipedia image.

Carro de policía en Ereván. Imagen de Wikipedia.

Luego de la violencia gubernamental contra los manifestantes en Ereván a inicios de este año, la brutalidad policial se unió a la corrupción en la cima de la agenda pública en Armenia. Muchos grupos cívicos y organizaciones gubernamentales han estado trabajando en el tema durante años, con poco que mostrar a pesar de sus esfuerzos.

La manifestación que comenzó en junio por la propuesta de un alza en el costo de la electricidad doméstica, recibió una respuesta del gobierno definida por palizas y el uso reiterado de cañones de agua, obteniendo críticas generalizadas en el proceso.

Serj Tankian, cantante principal del grupo de rock System of a Down, quien es de origen armenio, escribió en Facebook:

It seems like the brutal police crackdown with water cannons and beating up people including journalists has predictably brought more people out into the streets of Yerevan today. This was a peaceful sit in. The police had the right to clear it and legally detain people without using undue force.

Parece que la brutal represión policial con cañones de agua y palizas a las personas, incluidos periodistas, ha atraído hoy, como era de esperarse, más gente a las calles de Ereván. Esta era una sentada pacífica. La policía tenía el derecho de desactivarla y detener legalmente a las personas sin utilizar exceso de fuerza.

Incluso antes de las protestas del «Electric Yerevan», el problema había sido discutido en varias ocasiones por el Parlamento de Armenia. En años recientes, el país estableció un Comité Disciplinario de la Policía, un Plan de Acción para la Estrategia Nacional en la Protección de los Derechos Humanos y la Estrategia Legal y Judicial 2012-2016.

Sin embargo, la situación no ha cambiado significativamente, pues persisten las denuncias de brutalidad, tortura y maltrato durante las detenciones policiales. Mientras tanto, una investigación rigurosa e imparcial sobre la actuación de la policía en el Electric Yerevan parece poco probable.

La policía utilizó la violencia contra periodistas.

En 2008-9 la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) organizó un proyecto de seguimiento de juicio, que demostró que solo el 7% de las denuncias contra la policía fueron tenidas en cuenta por el fiscal estatal del país y consideradas por los tribunales. Ni siquiera en estos casos fueron sancionados los policías en cuestión.

Desde entonces, las estadísticas muestran resultados aún más deplorables. El CSI (Instituto de la Sociedad Civil) y la Federación Internacional de Derechos Humanos presentaron recientemente información según la cual de 114 casos penales entablados contra policías en 2013, solo dos pasaron al tribunal. El año pasado la proporción fue de 87:1.

Los dos grupos también señalaron que «la detención parece ser la norma en lugar de la excepción» luego de un arresto. Según la investigación, los tribunales de jurisdicción general concedieron el 94,4% de las peticiones de detención en 2013, mientras que solo concedieron el 22,4% de las peticiones para sustituir la detención con fianza. Esto indica que las detenciones injustificadas antes del juicio son generalizadas.

En efecto, el problema de comportamiento de la policía está estrechamente relacionado a la disfunción en el sistema judicial local, lo cual refuerza el sentimiento de impunidad de los oficiales.

En la mayoría de los casos, los tribunales armenios ignoran las denuncias, testimonios y pruebas suministradas por la defensa. La evidencia recolectada bajo coacción es aceptada sin discusión, mientras que las declaraciones dentro del juicio que la contradicen suelen ser ignoradas.

La policía en Armenia utilizó diferentes métodos para quebrar a esta joven mientras era interrogada de manera ilegal durante horas.

Siendo un estado semidemocrático que experimenta una serie de presiones sociales y económicas, la brutalidad policial está contribuyendo a fomentar una crisis de legitimidad para el gobierno armenio mientras la confianza en las autoridades, por parte de la ciudadanía, se desploma. Así pues, hay una motivación por parte de los órganos de decisión del país de impulsar a tribunales, fiscales y policías para que cambien sus métodos.

En el 2011, un nuevo sistema de educación policial entró en vigor. Se esperaba que la reforma aumente la eficiencia de la policía, pues sus adeptos afirman que la admisión a las academias policiales en el país se ha vuelto más transparente desde su implementación. Otros están reservando su juicio sobre la reforma para una fecha posterior. Por su parte, la sociedad civil tiene un papel vital que desempeñar en la solución del problema, pero no se le permite hacerlo.

En el 2012 se estableció el Comité Disciplinario de la Policía (PDC), incluyendo a cinco representantes de organizaciones no gubernamentales, cinco agentes de policía y un representante gubernamental. El CSI fue una de las ONG representadas en el PDC, pero el grupo cívico líder abandonó el comité el año pasado condenando su “carácter formal” luego de que la evidencia de mala conducta policial que presentó fuera ignorada. Este caso demuestra el enfoque complaciente del estado armenio ante un problema urgente.

En la medida en que el gobierno continúe ofreciendo únicamente respuestas simbólicas a la creciente demanda de un cambio sistémico, es probable que la mala conducta de la policía sea fuente de una ascendente inseguridad política y malestar en Armenia.

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