[1]Según el Procurador General de los Estados Unidos, Donald B. Verrilli, la Constitución de Puerto Rico no es comparable con la constitución de un estado, sino con una carta puebla (town charter). Imagen subida a Wikimedia Commons por Thief12 [2] y utilizada bajo una licencia Creative Commons Genérica de Atribución/Compartir Igual 3.0 [3] (CC BY-SA 3.0).
El tema del estatus político de Puerto Rico comenzó un nuevo capítulo en las últimas semanas debido a un caso ante la consideración del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en donde se plantea la pregunta de si, para los propósitos de la cláusula de doble exposición en la constitución estadounidense (la cual garantiza el no ser acusado por el mismo delito dos veces), Puerto Rico y el gobierno federal tienen cada uno su propia soberanía.
El caso ante el Tribunal Supremo, Puerto Rico v. Sánchez Valle, comenzó como un caso criminal de venta ilegal de armas. Sin embargo, se ha convertido en uno de los casos más interesantes sobre la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. No se ha visto algo similar desde los famosos Casos Insulares [4] a principios del siglo XX, los cuales establecieron políticas que todavía hoy continúan vigentes.
Richard Pildes [5], estudioso de derecho constitucional, había anticipado desde octubre [6] que el caso adquiriría un significado mayor tanto para Puerto Rico, como Estados Unidos:
The issues are historically and legally fascinating, but also the most politically explosive and divisive issues in Puerto Rico: they go to the existential question of what Puerto Rico is and what its current and future relationship to the United States is and is likely to be.
Los asuntos son histórica y legalmente fascinantes, pero también son los más políticamente explosivos y divisorios en Puerto Rico: van a la pregunta existencial de qué es Puerto Rico y cuál es y cuál será probablemente la actual y futura relación con los Estados Unidos.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico, luego de mucha divergencia, decidió a favor de la parte acusada, cuya defensa argumentó que, al Puerto Rico no tener soberanía propia, no se le puede procesar en los tribunales puertorriqueños luego de haber sido procesado por el mismo delito en tribunales federales. Las implicaciones de esta decisión inquietaron al gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, quien pertenece al oficialista Partido Popular Democrático, por lo que su administración decidió apelar el caso al Tribunal Supremo estadounidense.
Acto seguido, el Procurador General de los Estados Unidos, Donald B. Verrilli, sometió un escrito al Tribunal [7] como amicus curiae (amigo de la corte), en donde resume el desarrollo jurídico de Puerto Rico bajo la soberanía estadounidense. Verrilli concluye que, efectivamente, Puerto Rico no tiene ni ha tenido nunca soberanía propia, sino que su soberanía está en manos del Congreso.
Esta última reiteración de la naturaleza colonial de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos provocó que el gobernador García Padilla denunciara lo que entiende es un cambio de postura de parte del gobierno federal, tal y como expresó en una carta [8] enviada a la Organización de las Naciones Unidas:
In a legal brief filed before the United States Supreme Court on December 23, 2015 […] the United States Government abruptly reversed course, and took the position that the Constitution and laws of the Commonwealth of Puerto Rico do not emanate from the people of Puerto Rico after all. […] The Commonwealth believes that the recent interpretation made by the Solicitor General on behalf of the United States of America is misguided and should not prevail in the Supreme Court. However, in light of the grave importance of this matter, I hereby fulfill my duty to the People of Puerto Rico and the international community by informing you of this development.
En un escrito legal sometido ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el 23 de diciembre de 2015 […] el Gobierno de los Estados Unidos abruptamente cambió de postura y plantea que la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no emanan del pueblo de Puerto Rico. […] El Estado Libre Asociado cree que la reciente interpretación del Procurador General de parte de los Estados Unidos de América está errada y no debe prevalecer en el Tribunal Supremo. No obstante, a la luz de la grave importancia de este asunto, por este medio cumplo mi deber con el pueblo de Puerto Rico y la comunidad internacional al informarle sobre este acontecimiento.
El caso ha revivido el interés en el estatus de Puerto Rico en la esfera pública al punto de que muy probablemente se vuelva un tema relevante durante las campañas políticas de este año. Un artículo de 2013, escrito por el sociólogo Emilio Pantojas García para la revista 80 grados, resume la historia del estatus político de Puerto Rico [9] y se ha convertido en uno de los más compartidos de los últimos días.
Carlos Morell, también contribuyente de la revista 80 grados, aludió a la postura del gobernador en un artículo, a la vez que difirió de ella [10]:
[D]ecir que Estados Unidos está cambiando de postura sobre lo que pasó en el 1952 es echar más de 50 años de historia y discusión del tema al olvido. En definitiva no puede ser amnesia ya que es difícil pensar que un salto al olvido de esta magnitud sea un brinco involuntario.
Para Daniel Nina, en un artículo para El Post Antillano, lo dicho por el Procurador General no es nada nuevo. No obstante, para él lo interesante es quién lo está diciendo ahora [11]:
Se trata de la primera vez que en un caso ante el Tribunal Supremo federal el gobierno de dicho país, por vía del poder ejecutivo, manifiesta este pronunciamiento. Aunque consistente con la trayectoria de dicho país, ya desde el informe de la Casa Blanca sobre el futuro de Puerto Rico, publicado en el 2005, habían dicho algo similar. Valga la aclaración, bajo el gobierno de George W. Bush se dijo esto hace una década. Ahora se dijo bajo el gobierno de Barack Obama. Bush es republicano, Obama es demócrata. Ambos presidentes están diciendo lo mismo: eso sí es novel.
El Tribunal Supremo estadounidense acordó expresarse sobre el tema en vistas públicas el 13 de enero.