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Sepa lo que está detrás de la “ley antiterrorista” de Brasil

35º Encontro da FENED (Federação Nacional dos Estudantes de Direito), em Brasília, 24 de julho de 2014. Manifestação contra a criminalização dos movimentos sociais. Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado/Flickr CC-BY-2.0

35º Encuentro de FENED (Federación Nacional de Estudiantes de Derecho), en Brasilia, el 24 de julio de 2014. Manifestación contra la criminalización de movimientos sociales. Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado/Flickr CC-BY-2.0

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en el plenario el texto base del Proyecto de Ley 2016/2015, que tipifica el delito de terrorismo en el país.

Según dicho proyecto, el terrorismo es la práctica de actos por razones de xenofobia, discriminación o prejuicio de raza, color, etnia y religión, llevada a cabo por una o más personas y con la finalidad de causar terror social o generalizado, exponiendo en peligro a un individuo, patrimonio, paz y seguridad pública y cuyos castigos prevén penas de 12 a 30 años de prisión. La ley fue luego aprobada por el Senado Nacional para su posterior promulgación.

El texto aprobado por Diputados eliminaba la palabra “ideología” del proyecto original entre las motivaciones de esos actos, como así también retiraba la finalidad de “intimidar al Estado” de los objetivos.

Además, el proyecto contaba con una cláusula excluyente, que determina que “las manifestaciones políticas, sociales y sindicales, emprendidas con fines sociales o  reivindicatorios, que tengan el objetivo de defender o buscar derechos, garantías y libertades individuales y que pretendan contestar, criticar, protestar o apoyar los mismos, ” no pueden ser clasificadas como terrorismo, pero estos cambios fueron descartados por el Senado.

Aún así, los activistas que defienden la libertad de expresión y los derechos humanos creían que la redacción era imprecisa y podía dar margen a la criminalización de movimientos sociales y protestas. Para el abogado Patrick Mariano, integrante de la Red Nacional de Abogados Populares (Renap), todo dependerá de la interpretación del poder judicial y de la influencia de los medios:

O filtro que será realizado para determinar se tal conduta é terrorismo será dado por delegados, promotores, juízes é claro, pela mídia.

El filtro que se efectuará para determinar si tal conducta es terrorismo estará en manos de delegados, promotores, jueces, y por supuesto, los medios.

Pedro Abramovay, director de Open Society Foundation – Latinoamérica, advierte que en muchos países del mundo ese tipo de ley sirve para detener a opositores del régimen en el poder:

Causar dano ao patrimônio privado em uma manifestação, por exemplo, um crime de menor potencial ofensivo, pode levar para à prisão, como terroristas, não apenas quem causou o dano, mas quem organizou a manifestação. E isso é muito grave.

Causar daño al patrimonio privado en una manifestación, que es un delito de menor potencial ofensivo, puede desembocar en la detención como terroristas, no solo a quien provocó el daño, sino también a quien organizó la manifestación. Eso es muy grave.

Jandira Feghali, diputada nacional por PCdB-RJ, también se opone al proyecto de ley:

Uma manifestação que impeça que as pessoas cheguem ao trabalho é terrorismo? Incendiar um ônibus por protesto de crime de Estado é terrorismo? Saquear um supermercado é crime, mas pode ser um crime de fome, é terrorismo? Ocupação de moradia de prédio abandonado é crime de terrorismo? Com o nível de generalização deste texto, tudo cabe.

¿Una manifestación que impide que las personas lleguen a sus lugares de trabajo es terrorismo? ¿Incendiar un autobús como protesta por un delito del Estado es terrorismo? Saquear un supermercado es un delito, puede ser un delito de hambruna, ¿pero es terrorismo? ¿La ocupación de una vivienda abandonada es un delito de terrorismo? Con el nivel de generalización de ese texto, todo puede ser.

Rafael Custódio, coordinador de Justicia de la ONG Conectas, recuerda que en 2003, una ley similar en Chile, que quedó de la dictadura de Pinochet, fue usada para encarcelar a líderes comunitarios de la etnia Mapuche que reclamaban por la autonomía de su territorio ancestral. Ese caso dio lugar a la condena de ese Estado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El proyecto se tramitó en la Cámara de Diputados con carácter de urgencia, situación que también fue cuestionada por algunos políticos y activistas. En este vídeo, el Diputado Nacional Edmilson Rodrigues recuerda que, a causa del carácter de urgencia, el proyecto no pasó por ninguna de las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados.

Reconheço a importância de regular as atividades do Estado em relação aos crimes de terrorismo. Mas por que tanta pressa? Por que nenhuma audiência pública foi realizada para debater o tema? Por que nenhum jurista sério foi ouvido para falar sobre o tema?

Reconozco la importancia de regular las actividades estatales en relación con los crímenes de terrorismo. Pero ¿por qué hay tanta prisa? ¿Por qué no se llevó a cabo ninguna audiencia pública para debatir el tema? ¿Por qué no se escuchó a ningún jurista para hablar sobre esta cuestión?

Además, a los especialistas les llama la atención el hecho de que todos los delitos tipificados en la ley antiterrorista ya estaban previstos en el código penal brasileño. La ley 12.850/2013, que tipifica las organizaciones delictivas, prevé, por ejemplo, penas para actos terroristas eventuales que se lleven a cabo en suelo brasileño.

Ya la Ley nº 7.170/83 artículo 20 de la Ley de Seguridad Nacional promulgada en 1983, por el entonces presidente militar, el general João Batista Figueiredo, prevé sentencias que van de tres a diez años de prisión por crímenes que “dañan la soberanía nacional”. Inclusive, su derogación fue recomendada en el informe final de la Comisión Nacional de la Verdad — grupo investigador creado en el 2011 para investigar las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en el período de la dictadura militar en Brasil (1964-1985).

¿Presión de los Estados Unidos?

Según algunos especialistas diferentes factores pueden haber ejercido influencia en la aprobación de ese proyecto de ley.

Entre ellos están las manifestaciones contra la Copa Mundial 2014, con sede en Brasil. Durante una protesta en febrero del año 2015, Santiago Andrade, director de fotografía de una red de televisión, falleció luego de ser alcanzado por un explosivo disparado por los manifestantes. Luego de ese incidente la presión por una ley antiterrorismo ganó fuerza en el país y otro proyecto de ley antiterrorismo presentado el 2013 volvió a ser discutido en el Senado.

En ese entonces los movimientos sociales alertaron que sectores políticos conservadores estaban usando la muerte del director de fotografía para asfixiar las manifestaciones en Brasil.

El nuevo proyecto aprobado la semana pasada no parece tener relación directa con ese episodio pero si con la presión de una organización de los Estados Unidos de Norte América para que Brasil adopte una legislación de ese tipo. Pedro Abramovay de Open Society explica en un texto para la página Quebrando el tabú:

Muitos vão imaginar que uma medida como essa, no contexto brasileiro, faz parte da agenda conservadora do Legislativo, liderado por Cunha. Não. Trata-se de um projeto do Executivo. Um projeto que tem como principal patrocinador o Ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Para entender por que Levy insistiu nesse projeto, precisamos voltar alguns anos no tempo.

Após o 11 de setembro, um pânico legislativo tomou conta de muitos países. Liderados pelos EUA de Bush, legislações penais foram endurecidas para dar respostas firmes ao terrorismo. […]

Na esteira desse processo, mesmo países que nunca foram alvos de atentados adotaram legislações duríssimas contra o terrorismo. O Brasil conseguiu, na época, resistir a pressões para adotar este tipo de legislação. Avançou de forma firme no combate à lavagem de dinheiro, à corrupção e às organizações criminosas, criando leis bastante avançadas em comparação com outros países. Mas não entrou na onda de usar o terrorismo como justificativa para restringir direitos.

O mundo mudou desde 2001.Entretanto, algumas estruturas burocráticas internacionais que ganharam força durante a era Bush continuam exercendo poder sobre países para tentar aprofundar a agenda já ultrapassada. Uma dessas estruturas é o FATF (Financial Action Task Force) também conhecido pela sigla francesa GAFI. Esse grupo, criado para aprimorar a cooperação internacional no combate à lavagem de dinheiro, ganhou superpoderes em 2001 ao se tornar também responsável por medidas financeiras de combate ao terrorismo.

O FATF fez uma série de recomendações para os países e publica uma lista negra de países que não as cumprem. Estar na lista negra pode afetar seriamente o crédito de um país.

Durante o governo Lula, burocratas do FATF sempre tentaram pressionar o Brasil para criar uma legislação específica para criminalizar o terrorismo. […] Quando Levy assumiu a fazenda, os burocratas do FATF passaram a atacar de novo. A agenda é absolutamente ultrapassada, mas mesmo assim, eles aterrorizaram o novo ministro da Fazenda, dizendo que haveria risco de rebaixamento do Brasil, caso não se aprovasse a criminalização do terrorismo. O que não é verdade.

Levy, sob o impacto dessa pressão, convenceu a Presidenta e o Ministro da Justiça de o Brasil poderia entrar na lista negra por não adotar uma legislação nesses moldes e que a entrada lista poderia poderia ter consequências desastrosas para o crédito do país nesse momento. O governo decidiu, então, enviar o projeto ao Congresso.

Muchos van a imaginar que una medida como esa, en el contexto brasilero, es parte de la agenda conservadora del Legislativo, liderado por Cunha. No. Se trata de un proyecto del Ejecutivo. Un proyecto que tiene como patrocinador principal al Ministro de Hacienda Joaquim Levy. Para entender por que Levy insistió en ese proyecto, necesitamos retroceder en el tiempo algunos años.

Luego del 11 de setiembre un pánico legislativo recorrió muchos países. Liderados por los EE. UU. de Bush, las legislaciones penales fueron endurecidas para dar respuestas firmes al terrorismo. […]

Como consecuencia de este proceso, incluso los países que nunca fueron blanco de ataques, adoptaron legislaciones durísimas contra el terrorismo. En la época Brasil consiguió resistir a las presiones para adoptar este tipo de legislación. Avanzó con firmeza en la lucha contra el lavado de dinero, la corrupción y las organizaciones criminales, creando leyes bastante avanzadas en comparación con otros países. Pero no entró en la onda de usar el terrorismo como justificativo para restringir los derechos.

El mundo cambió desde el 2001. Entretanto, algunas estructuras burocráticas internacionales que ganaron fuerza durante la era Bush continuaban ejerciendo poder sobre los países para tentar de profundizar la ya antigua agenda. Una de esas estructuras es el FATF (Financial Action Task Force) también conocida por la sigla francesa GAFI. Ese grupo, creado para mejorar la cooperación internacional en el combate del lavado de dinero, ganó super poderes en 2001 al hacerse igualmente responsable por medidas financieras de combate al terrorismo.

El FATF hace una serie de recomendaciones para los países y publica una lista negra de países que no las cumplen. Estar en la lista negra puede afectar seriamente el crédito de un país.

Durante el gobierno de Lula, burócratas del FATF siempre tentaron presionar a Brasil para crear una legislación específica para criminalizar el terrorismo. […] Cuando Levy asumió hacienda, los burócratas del FATF comenzaron a atacar de nuevo. La agenda está absolutamente superada, pero aún así ellos aterrorizaron al nuevo ministro de Hacienda diciendo que habría riego de descenso de Brasil, en el caso que no se aprobara la criminalización del terrorismo. Lo que no es verdad.

Levy, sobre el impacto de la presión, convenció a la Presidenta y al Ministro de Justicia de que Brasil podría entrar en la lista negra por no adoptar una legislación con esos modelos y que la entrada en la lista podría tener consecuencias desastrosas para el crédito del país en ese momento. El gobierno decidió, entonces, enviar un proyecto al Congreso.

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