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Mientras Rusia se aísla de los organismos de derechos humanos, la vigilancia estatal amenaza

The ECHR has ruled that Russia's SORM surveillance system "does not meet the ‘quality of law’ requirement and is incapable of keeping the ‘interference’ to what is ‘necessary in a democratic society.'” Image by Tristan Schmurr on Flickr. CC BY 2.0.

La ECHR ha resuelto que el sistema de vigilancia ruso SORM, mismo que intercepta teléfonos y comunicaciones de internet, “no cumple el requisito de ‘calidad de la ley’ y es incapaz de mantener la  ‘intervención’ a lo que es  ‘necesario en una sociedad democrática'”. Foto de Tristan Schmurr vía Flickr. CC 2.0.

La Corte Europea de Derechos Humanos resolvió unánimememte el pasado mes de diciembre que las prácticas de vigilancia electrónica rusas violan la doctrina regional de derechos humanos.

El 4 de diciembre de 2015, en un caso llevado por el abogado de derechos humanos Roman Zakharov, la corte consideró que la Federación Rusa ha violado el artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y la correspondencia) de la Convención Europea de los Derechos Humanos permitiendo ilimitadamente la escucha de comunicaciones telefónicas por parte de los servicios de seguridad sin previa autorización judicial proveniente de la ley nacional.

Mientras esto puede no sorprender a la mayoría de lectores, las consecuencias de esta decisión para Rusia podrían tener un menor impacto de lo que tuvieron antes, gracias a un nuevo mecanismo legal que habilita al gobierno a ignorar sistemáticamente ese tipo de decisiones de cortes de derechos humanos internacionales y regionales.

Bajo la nueva política suscrita por el presidente Putin el 15 de diciembre, la Corte Consitucional Rusa ahora tiene dominio oficial sobre sentencias emitidas por organismos internacionales de derechos humanos. En un caso como este, si hay conflicto entre una sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos y la constitución rusa, de acuerdo a la interpretación de la corte, la constitución rusa prevalecerá.

Roman Zakharov v. Russia (appl. no. 47143/06), fue llevado por Roman Zakharov, el director de un centro regional de la fundación Glasnost Defense en San Petesburgo, cuya misión es proteger la libertad de expresión en Rusia. Zakharov sostuvo que de acuerdo la ley rusa, sus derechos fundamentales fueron violados porque las autoridades, bajo el SORM-2 (Sistema para Actividades de Investigación Operativa-2), sus comunicaciones telefónicas fueron ampliamente interceptadas.

Zakharov basó su demanda en múltiples leyes incluyendo la Ley de Actividades de Búsqueda Operativa de 1995, el Código de Procedimientos Criminales del 2001, y la Orden No. 70 del Ministerio de Comunicaciones, que requiere a las redes de telecomunicación instalar equipos, habilitando a los organismos de cumplimiento de la ley el involucrarse en vigilancias amplias.

La corte rusa rechazó la demanda de Zakharov, encontrando que “él había fallado en probar que sus conversaciones telefónicas habían sido interceptadas o que el operador del móvil había trasmitido información protegida a personas no autorizadas” (énfasis añadido). Esta no es una revelación impactante para nadie familiarizado con los desafíos de la vigilancia de la NSA en los Estados Unidos. Debido a la masiva naturaleza de seguimiento por parte del gobierno, Zakharov no pudo probar que él fue un objetivo específico del gobierno.

Sin embargo, esto no socavó la posición de Zakharov ante la Corte Suprema de Derechos Humanos. La corte mantuvo que Zakharov “se encuentra facultado para demandar por ser víctima de una violación de la convención, incluso si no es capaz de alegar que ha sido sujeto de una concreta gestión de seguimiento como sustento de su solicitud”. En un comunicado de prensa emitido con dicha opinión, la corte suprema se extendió sobre sus conclusiones:

Given the secret nature of the surveillance measures provided for by the legislation, their broad scope….and the lack of effective means to challenge them at national level […], the Court considered that it was justified to examine the relevant legislation not from the point of view of a specific instance of surveillance, but in the abstract. Furthermore, the Court considered that Mr Zakharov did not have to prove that he was even at risk of having his communications intercepted. Indeed, given that the domestic system did not afford an effective remedy to the person who suspected that he or she was subjected to secret surveillance, the very existence of the contested legislation amounted in itself to an interference with Mr Zakharov’s rights under Article 8 [of the European Convention on Human Rights].

Dada la naturaleza secreta de las medidas de vigilancia proveídas por la legislación, su amplio alcance… y la falta de recursos efectivos para impugnarlos a nivel nacional […], la corte considera que estaba justificado el examinar la legislación relevante no desde el punto de vista específico del caso de la vigilancia, sino del abstracto. Además, la corte considera que el señor Zakharov no tenía que probar que él estaba siquiera en riesgo de tener interceptadas sus comunicaciones. De hecho, dado que el sistema interno no permite una solución efectiva a la persona que sospeche que está siendo objeto de vigilancia, la misma existencia de la cuestionada legislación equivale en sí a una interferencia con los derechos del señor Zakharov recogidos en el artículo 8 [de la Conveción Europea de los Derechos Humanos].

La corte finalmente sostuvo que “la ley rusa no reúne el requisito de ‘calidad de ley'”. Este requisito “implica que la legislación interna debe no sólo ser accesible y previsible en su aplicación, sino también asegurar que las gestiones de vigilancia secreta estén aplicadas únicamente cuando ‘sean necesarias en una sociedad democrática’, en particular proveyendo adecuados y efectivos resguardos y garantías contra el abuso”.

La decisión describió la falta de adecuados y efectivos resguardos y garantías contra el abuso en la ley rusa. Entre otros, señaló que los procedimientos rusos actualmente permiten amplios seguimientos con un mínimo de control, sin dirigirlos a individuos específicos y/o números telefónicos. A diferencia de muchos otros régimenes de vigilancia alrededor del mundo, la norma no requiere que las autoridades prevean rigurosas justificaciones para el seguimiento. No les exige limitar la duración de dicha vigilancia, tampoco requisitos específicos con respecto al almacenamiento o post-factum de la información recolectada.

La corte también enfatizó el hecho de que cuando las impugnaciones se dan ante la corte, los recursos se encuentran únicamente disponibles para aquellos que pueden probrar la interceptación, casi una proeza dada la tendencia de los gobiernos rusos hacia vigilar a la población en su totalidad, en contraposición a apuntar a individuos particulares.

Zakharov no fue indemnizado por la corte, pero le fueron otorgados EUR 40,000 por costas y gastos. La corte observó en un comunicado de prensa que “el hallazgo de una violación constituye en sí misma una reparación justa suficiente para cualquier perjuicio no pecuniario sustentado por [él].

El abogado del Human Rights Center “Memorial”, Kirill Koroteev que representa a Zakharov, cree que esta decisión ayudará a aclarar la necesidad de reformar las leyes de escuchas telefónicas en Rusia. Desafortunadamente, el resultado más probable de esta decisión dentro de la Federación Rusa es que se veá anulada luego de una revisión constitucional.

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