«El acceso es mi derecho» cartel de la campaña de Bytes4All. Diseño gráfico de Anny Zafar.
Este ensayo fue publicado originalmente [1] en The News. Se reproduce con autorización.
“Al día siguiente de la muerte de Zia fue el día que conseguí una línea fija por primera vez en cinco años. Anteriormente, tenía problemas para mantenerme en contacto con mis colegas y eso complicaba enormemente mis reportajes”, recordaba la fallecida periodista y veterana activista Najma Saddeque mientras me sentaba en su oficina para hablar del Foro de Acción de la Mujer.
“Ese era el modo más sencillo de dificultar el trabajo de un periodista; no había necesidad de censurar directamente. Solo había que dificultar su trabajo”, decía Saddeque.
Era la época en la que aparecían misteriosos cuadros en blanco en lugar de las historias que eran eliminadas, declaradas no aptas para el consumo público, una época en la que cada noticia era estrictamente monitorizada y «vetada».
Décadas después, ¿han mejorado las cosas? Aparentemente sí, pero no estamos muy lejos de volver a contar las verdades a medias, una versión descafeinada y estrictamente controlada de la realidad. Tomemos por ejemplo, la represión de la libertad de información en línea, que ha empeorado sistemáticamente. Al igual que con los medios tradicionales, el Estado afirma que esto se hace para «proteger» a la opinión pública y nuestra integridad nacional.
Cuando grupos pro derechos y ciudadanos llevaron al Estado ante los tribunales por el bloqueo de YouTube [2], el presidente del tribunal, el juez Mansoor Ali Shah, compartió su angustia por la ambigüedad del Estado. El derecho a la información no puede ser menoscabado bajo el pretexto de la seguridad nacional, moralidad o religión. Y si hay que hacerlo, las restricciones impuestas deben ser «razonables».
¿Por qué bloquearon Youtube?
¿Existe una forma de bloquear los contenidos inaceptables y dejar el resto del sitio web disponible? ¿Qué protección existe para una empresa extranjera, como Google, frente a esta situación? ¿Qué llevaría a una empresa a acatar las leyes paquistaníes?
YouTube fue bloqueado a consecuencia de la publicación de un vídeo blasfemo [3] en la plataforma. No había modo de dejar el resto del sitio web disponible bloqueando únicamente ese vídeo. Esto habría requerido una bifurcación de la capa segura de HTTPS de Internet – una medida a la que incluso la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán (PTA, por sus siglas en inglés) se oponía totalmente. Y no, Pakistán no tiene protección de responsabilidad de los intermediarios ni tiene suficientes leyes para determinar cómo se regulan los contenidos de Internet. En todo caso, la regulación de Internet en Pakistán se basa en decisiones ad hoc que se toman en ausencia de transparencia y responsabilidad.
Cuando se debatió ampliamente la cuestión de desbloquear YouTube, el juez Mansoor Ali Shah preguntó a Google qué sería necesario para establecer una versión localizada de YouTube en Pakistán. La respuesta: un procedimiento claramente definido de eliminación de contenidos, un marco jurídico y un importante interés comercial para Google.
Así que ahí lo tenemos: Pakistán tiene una versión «localizada» [4] de YouTube. Ahora, si la empresa recibiera y aprobara una orden judicial solicitando el bloqueo de ciertos contenidos, parece que la acataría.
Sin embargo, tres años después del bloqueo inicial, no ha cambiado nada realmente a nivel jurídico, excepto que el Comité Interministerial para la Evaluación de Sitios Web ─una autoridad orwelliana supuestamente responsable de eliminar contenidos en línea─ ha sido disuelto por orden del primer ministro. Además de todo esto, el Ministerio de TI ha estado impulsando la aprobación de una de las peores leyes de delitos informáticos en la región.
Por otra parte, el Tribunal Supremo está actualmente considerando la futilidad de la prohibición y la forma poco sistemática de su aplicación por el Estado. Este caso por sí solo podría suponer un profundo cambio para la libertad de expresión en Pakistán, al escudriñar la censura sancionada y aplicada por el Estado bajo el pretexto de la regulación.
¿Pero lo hará? No si el gobierno continúa enturbiando la narrativa montando un gran espectáculo y consiguiendo que una gran empresa ceda. No cuando la propia Google considera la posibilidad de lanzar una versión local en Pakistán, a pesar de su anterior compromiso con los marcos legales transparentes y responsables.
La PTA ha informado al Tribunal Supremo que el gobierno debe actuar rápidamente para levantar la prohibición de YouTube porque el vídeo ofensivo ya no estará disponible en la versión .pk del sitio. Que la única razón de que existiera la prohibición era la presencia del propio vídeo.
Pero esto implica mucho más que el mero levantamiento de la prohibición de YouTube. Se han paralizado rápidamente los tres años de lucha y reivindicación de la autorregulación para los bloqueos sancionados por el Estado. Existe en este momento un espacio para el debate sobre las ventajas de la censura en Pakistán, y la ridiculez e inutilidad de los filtros de Internet. Este debate tiene lugar en el tribunal de justicia de máxima instancia. Esta es nuestra oportunidad para hacer que estas discusiones sean de dominio público, para poner a prueba las leyes y contrarrestar la represión. Es una oportunidad de recuperar espacio y rechazar los obstáculos que limitan nuestro acceso a la información.
Hay aún más preguntas: ¿Qué pasa si se aprueba la ley de delitos informáticos? ¿Se pedirá a Google que proporcione información de los usuarios? ¿Se abrirán procesos penales contra los disidentes políticos? ¿Se acusará y encarcelará a la gente durante hasta siete años por una ley deficiente? ¿Quién responsabilizará a las empresas de la localización en un país en el que el Ministerio de TI impulsa una ley que contribuiría a criminalizar a los ciudadanos en lugar de protegerlos?
Hay quienes celebran la decisión, posiblemente porque el sitio ahora está accesible a aquellos que no eran lo suficientemente expertos en tecnología para usar proxies. Pero para muchos de nosotros, esto nunca fue solo sobre YouTube. Se trataba – y se trata – del control del Estado sobre nuestra moralidad, religiosidad e identidad nacional.
Con o sin YouTube, depende de cada uno de nosotros determinar si queremos pensar de forma crítica y reclamar nuestro derecho de libre acceso a la información, o aceptar una versión del mismo concebida por el Estado.