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Los detalles del proyecto de ley del informante de Trinidad y Tobago podrían requerir más elaboración

"Whistle-Blower" -- Image by Neil Moralee, used under a CC BY-NC-ND 2.0 license.

“Delator” — Imagen por Neil Moralee, usada bajo licencia CC BY-NC-ND 2.0.

El hecho de que Afra Raymond renunciara a su cargo — en medio de gran controversia — como presidente del Consejo Consultivo Conjunto (JCC), el órgano de contraloría de la multimillonaria industria de la construcción de Trinidad, no ha impedido que siga siendo tan elocuente como siempre en asuntos de transparencia y buena gobernanza en materia de contratación y gestión pública.

En la más reciente publicación de su blog, abordó la Ley de Protección del informante de 2015 — proyecto de ley que teóricamente ampara a ciudadanos que denuncien delitos tanto de órganos estatales como privados. El Fiscal General de la nación explicó:

The purpose of this Bill is to combat corruption and other wrongdoings by encouraging and facilitating disclosures of improper conduct in the public and private sector, to protect persons making those disclosures from detrimental action, to provide for the matters disclosed to be investigated and dealt with and to provide for other matters connected therewith…

El propósito de esta ley es combatir la corrupción y otros delitos alentando y facilitando la revelación de conductas inapropiadas en el sector público y privado, proteger a quienes denuncian estos actos perjudiciales, permitir la investigación de los asuntos denunciados, enfrentarlos y tomar recaudos respecto a otros asuntos relacionados con ellos…

Al escribir sobre el tema, Raymond buscaba generar conciencia acerca de la ley, ya que estaba previsto que el Comité Conjunto Especial asignado para examinar la propuesta presentara un informe de sus hallazgos ante el Parlamento el 22 de enero de 2016. Según Raymond, por eso ahora es “momento de analizar el tema y hacer comentarios formales.”

Ha habido un verdadero impulso — en gran parte liderado por el JCC bajo la dirección de Raymond — para que la sociedad civil avance y haga oír su voz para mantener a los políticos y demás custodios de los recursos públicos bajo control. En 2014, el JCC y otros grupos de la sociedad civil participaron de una negociación para que se realizara una evaluación independiente que puso fin a la huelga de hambre iniciada por el activista ambiental Dr. Wayne Kublalsingh contra la construcción de un controversial tramo de una autopista.

Raymond consideró que algunas de las disposiciones del proyecto de ley eran dignas de mención. Él destacó, por ejemplo, el término “discriminación injusta”, que lo llevó a preguntarse “si la inclusión de esa sola palabra abrirá una zona de incertidumbre e incluso sugerirá que ciertos actos de discriminación son de hecho ‘justos’”. Planteó también cuál es la definición de “conducta indebida”, dado que “la falta de presentación por parte de algunas de las principales empresas del estado de cuentas auditadas durante años las coloca directamente dentro de esa categoría”.

También resaltó una línea que dice:

Nothing in this Act authorises a person to disclose information protected by legal professional privilege and a disclosure of such information is not a protected disclosure.

Nada en esta ley autoriza a un individuo a revelar información amparada por el privilegio del secreto profesional y revelar dicha información no constituye una revelación protegida.

Refiriéndose a un caso judicial sobre un asunto similar, que el JCC ganó en 2014 (el estado luego de una apelación consiguió modificar la sentencia), Raymond explicó:

This is unsatisfactory in my view since it is precisely in such documents that evidence of a wrongdoer having been advised of the illegality of their improper and illegal actions can be found […] it seems to me that [this section of the proposed bill] is a significantly retrograde step on this important issue.

En mi opinión esto es insatisfactorio porque es precisamente en tales documentos en los que se puede encontrar evidencia de que el delincuente ha sido advertido acerca de la ilegalidad de sus acciones impropias e ilegales […] esto me parece [esta sección del proyecto de ley] un considerable retroceso en este importante tema.

Otro punto conflictivo para Raymond eran las recompensas para los informantes:

There are whistleblowers who were participating in the crimes and there are those who were merely observing. How do these proposals deal with those different species of whistleblowers?

Existen informantes que participaron en delitos y otros que eran meros observadores. ¿Cómo son tratadas en el proyectos estas diferentes clases de informantes?

Sin embargo, quizás el tema más importante — para Raymond y otros ciudadanos que puedan estar interesados en el proyecto de ley y su potencial efecto en el combate de la corrupción — fueron los procesamientos. Trinidad y Tobago tiene un historial bastante deficiente de condenas en delitos de cuello blanco:

We return to the age-old question of just when are we going to seriously investigate, prosecute and [convict] the white collar criminals who operate with impunity in our country? Without an effective process to take these criminals to prison and recover stolen monies we will be only be ‘spinning top in mud’.

Volvemos a la antigua cuestión de ¿cuándo vamos a investigar, procesar y [condenar] en serio a los delincuentes de cuello blanco que operan impunemente en nuestro país? Sin un proceso eficiente que permita llevar a estos criminales a prisión y recuperar los fondos robados solo seguiremos perdiendo el tiempo.

Acceda a la versión completa del proyecto de ley aquí.

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