[1]Centro Costero Internacional de Puerto España que aloja al Parlamento de Trinidad y Tobago. Fuente: David Stanley, bajo licencia CC BY 2.0
En Trinidad y Tobago existe una norma dentro de la Ley de Administración de Justicia (procedimiento procesal) [2] – específicamente el artículo 34 – que el gobierno anterior intentó modificar [3]. La razón fundamental del cambio parecía lógica a primera vista: eliminar las investigaciones preliminares a nivel tribunal de magistrados, donde los asuntos pueden quedar rezagados durante varios años antes de ser enviados a juicio.
Con la enmienda de corta duración, que fue revocada rápidamente [4] por el Parlamento el 12 de septiembre de 2012, el artículo 34 hubiese conferido a las personas cuyos casos no habían sido escuchados durante 10 o más años el derecho a que sus asuntos pendientes fueran dados por concluidos. La excepción a la regla eran los crímenes de sangre- entre ellos: la traición, el asesinato, el tráfico de drogas y el comercio de municiones – pues estos no tienen una fecha límite para obtener una condena.
Los criminales de cuello blanco, sin embargo, podrían salir impunes – y esto ocasionó el gran escándalo del artículo 34 para la administración de Kamla Persad-Bissessar [5]. A dos de sus financistas de partido [6], Ishwar Galbaransingh y Steve Ferguson, a quienes les imputan cargos de lavado de dinero y fraude por presuntamente amañar licitaciones en contratos para la construcción del Aeropuerto Internacional de Piarco [7], posiblemente les hubieran retirado todos los cargos en su contra.
De hecho, tan pronto como se decretó la ley el 31 de agosto, 2012 – fecha del aniversario número 50 de independencia de Trinidad y Tobago, momento en el que la mayoría de la población estaba distraída por las celebraciones [8] – los abogados del dúo solicitaron la desestimación de los cargos por corrupción. Cuando la población, enfurecida, exigió que rindieran cuentas de sus actos [9], el Estado lo consideró como una omisión.
Rápidamente llegó el dictamen unánime del Consejo Privado [10] (la suprema corte de apelación, con sede en el Reino Unido, que es utilizada por muchas naciones del Commonwealth, que se rigen bajo el sistema de gobierno Westminster) en el proceso de apelación de los dos financistas, que fue dado a conocer el 25 de enero, 2016. ¿Su conclusión?
These appeals will be dismissed.
Estas apelaciones serán denegadas.
El Estado ganó el juicio. Esto significa que los procesos penales que los apelantes pretendían evitar [11] ahora serán reabiertos y las causas que estaban paralizadas en Trinidad y Tobago se reactivarán [12] en el futuro cercano.
En una respuesta predecible con respecto al fallo, el exministro de justicia Herbert Volney, bajo cuya tutela se desarrolló el fiasco del artículo 34 y que fue destituido del puesto por la controversia, dijo [13]:
It is sad to hear our very highest court cast a blind eye to the outrageous and obscene status of our criminal list and the consequential injustice to hundreds of young men who languish for years upon years at the state prison deprived of liberty without trial. The Privy Council had the opportunity to stand on the principle of justice delayed is justice denied and demand meaning to be had for the axiomatic paradigm of the presumption of innocence. State indifference to closure in criminal causes should in the modern world carry a statutory sanction.
Instead, the Privy Council very tersely applied cold principles of law rather than vary them to the reality of the failed present day criminal justice system in Trinidad and Tobago in order to save a seemingly stillborn prosecution from an inevitable embarrassing end.
Es lamentable escuchar que nuestra Corte Suprema ignore la indignante y obscena situación de nuestro listado de procesos penales y la consiguiente injusticia para miles de jóvenes que quedan estancados años tras años en la prisión estatal, privados de libertad sin opción a tener un juicio. El Consejo Privado tuvo la oportunidad de, en base al principio de que el retardo de justicia equivale a denegación de justicia, exigir la aplicación del paradigma axiomático de presunción de inocencia. La indiferencia por parte del Estado para concluir las causas penales debería, en el mundo moderno, conllevar sanciones legales.
En lugar de ello, el Consejo Privado aplicó de manera muy sucinta estrictos principios jurídicos, en vez de adaptarlos a la realidad del fallido sistema de justicia penal actual en Trinidad y Tobago para evitar que un proceso judicial aparentemente ineficaz conduzca a un final inevitablemente vergonzoso.
Volney incluso preparó el terreno [13] para que Kamla Persad-Bissessar, quien ahora dirige a la oposición, reclame la reivindicación de su gobierno:
Certainly the administration of Kamla Persad Bissessar has been exonerated from its share of blame by its correcting a parliamentary oversight hammered out in the wee hours of the morning in the Senate during a period of public emergency. At that time crimes of violence dominated the mindset of legislators.
Sin duda la administración de Kamla Persad Bissessar ha sido exonerada de su parte de culpa al rectificar una omisión parlamentaria negociada arduamente en horas de la madrugada en el Senado durante un periodo de emergencia pública. En ese entonces, los crímenes de violencia dominaban el pensamiento de los legisladores.
De hecho, la página web del Congreso Nacional Unido, el cual preside Persad-Bissessar, publicó dos [14] comunicados de prensa concernientes al fallo, uno de los cuales declara [15]:
It is a clear vindication of the decision which was immediately taken to repeal section 34. The judgment highlights the swift action taken by the then government to convene the Parliament on an emergency basis to repeal a law that was unanimously passed with the support of all Members of Parliament with the noble intention of improving the system of criminal justice.
Es una clara reivindicación de la decisión que se tomó de manera inmediata para revocar el artículo 34. El fallo resalta las rápidas acciones que la administración, de ese entonces, realizó para convocar al Parlamento a una sesión de emergencia con el fin de revocar una ley que fue aprobada unánimamente con la ayuda de todos los parlamentarios con la noble intención de mejorar el sistema de justicia penal.
El actual primer ministro Keith Rowley desafió [16] inmediatamente la declaración de la líder de la oposición:
With respect to the recent ruling at the Privy Council, the simple outcome is that persons who are charged with criminal offences will be made to face a trial, despite all attempts to do otherwise.
This being the undisputed fact then, the public utterances of the Opposition Leader claiming vindication is insulting to the population.
I want to remind Mrs Persad-Bissessar that it is a Government which she led that produced legislation into which Section 34 was buried, with the intention of creating an opening for persons to avoid a trial.
Con respecto al fallo reciente del Consejo Privado, el resultado es que las personas a quienes les imputen delitos penales serán obligadas a enfrentar un juicio, pese a todos los intentos para evitarlo.
Siendo este el hecho indiscutible, los pronunciamientos públicos por parte de la dirigente de la oposición, en los que reclama una reivindicación, constituyen un insulto hacia la población.
Quiero recordarle a la Sra. Persad-Bissessar que fue durante su administración cuando se dictó la legislación que ocultó el artículo 34, con la intención de crear una brecha para que las personas evitaran el juicio.
La mayoría de los cibernautas apoyaron esta postura y consideraron cómicos los reclamos de reivindicación. La usuaria de Facebook Rhoda Bharath preguntó [17]:
If Kamla vindicated, the 20,000 people who marched against S34 are what?
#UNCDonkeyLogic [18]
¿Si Kamla es exculpada, entonces, las 20,000 personas que marcharon contra el artículo 34 qué son?
#UNGDonkeyLogic [lógica de burro]
En Twitter un reportero intentó clarificar los puntos más sutiles del fallo, que fueron explicados por el fiscal general del país:
AG Al Rawi: The law had to be repealed so that the original intention of the law could be upheld @cnewslive [19]
— Peter Christopher (@petedchris) January 25, 2016 [20]
FG Al Rawi: la ley tuvo que ser revocada para que la intención original de la misma pudiera mantenerse
…mientras tanto, el medio de noticias para el cual él trabaja tuiteó lo siguiente:
Commenting on the marches in the wake of #Section34 [21] Al Rawi has described the ruling as a «victory for the people». pic.twitter.com/X9aHJKzEiQ [22]
— C News (@cnewslive) January 25, 2016 [23]
Comentando sobre las marchas, tras el escándalo del artículo 34, Al Rawi ha descrito el fallo como una «victoria para la población».
Un bloguero de Jumbie's Watch expresó su apoyo hacia el fallo del Consejo Privado diciendo [24] lo siguiente:
The judgment is clear, well-reasoned and gives very precise reasons for the dismissal of the appeals.
El fallo es claro, bien fundamentado y brinda razones muy precisas para la denegación de apelaciones.
Y por último, en medio de todas las interpretaciones políticas que se han manifestado, la usuaria de Twitter Danielle Francois intentó de manera humorística colocar las cosas en perspectiva:
On the bright side – everyone has been vindicated EXCEPT Ish and Steve.. #section34 [25]
— danielle francois (@dead_goddess) January 27, 2016 [26]
El lado positivo – todos han sido exculpados SALVO Ish y Steve. #section34 [25] [artículo 34].