Yekaterina Vologzheninova en el juzgado el 20 de febrero de 2016, día en que se anunció el veredicto. Captura de pantalla facilitada por Grani.ru.

Un juzgado de distrito ruso ha condenado a Yekaterina Vologzheninova, madre soltera de Ekaterimburgo, a 320 horas de trabajos forzados por compartir en Internet material crítico con las acciones militares rusas en Ucrania. Este es solo uno más de una larga lista de cibernautas rusos que han sido procesados por mostrarse críticos en las redes sociales con las acciones de Rusia en Ucrania.

Un tribunal en Ekaterimburgo ha declarado culpable a Yekaterina Vologzheninova, de 46 años, de «desacreditar el orden político» y de «incitación a la enemistad» por compartir u oprimir ‘Me gusta’ en material crítico con la anexión de Crimea y con el conflicto en Donbás en la red social rusa VKontakte. Según la web de noticias rusa Grani.ru, el juez además ordenó la destrucción de la computadora de Vologzheninova.

La primera vez que los cuerpos de seguridad contactaron con Vologzheninova fue en diciembre de 2014, cuando agentes del Comité de Investigación de Rusia registraron su departamento y confiscaron su computadora y otros equipos electrónicos. Posteriormente la mujer fue interrogada y acusada de «incitación al odio y la violencia» a través de comentarios y publicaciones en la red, citando el Artículo 282 del código penal de Rusia.

El contenido que el Comité de Investigación encontró ofensivo fue, entre otras cosas, comentarios publicados por Vologzheninova en VKontakte que contenían enlaces a artículos sobre acontecimientos políticos recientes en Ucrania, entre ellos las protestas de Euromaidán y sus repercusiones. Además, la mujer también compartió varios poemas y artículos en los que el pueblo ruso era descrito como «esclavos permanentes en cuerpo y alma». Los fiscales acusaron más específicamente a Vologzheninova de compartir enlaces a documentales y programas televisivos sobre los eventos en Ucrania, entre ellos «The Winter That Changed Us» y el programa «Brave Hearts«, apuntando que el material compartido «incitaba al odio y a la enemistad hacia representantes de las autoridades rusas y hacia voluntarios rusos que lucharon en el lado de los milicianos del este ucraniano».

El abogado de Vologzheninova, Roman Kachanov, insistió que su cliente simplemente compartió el material publicado por otros sin modificarlo ni añadir comentario alguno. La propia Vologzheninova contó a Open Russia en enero de 2015 que no considera que el material publicado incitase «al odio nacional ni fuese un llamamiento al extremismo», y que solo estaba «interesada en puntos de vista alternativos a lo que los canales oficiales rusos muestran». Sin embargo, el «análisis del especialista en psicolingüística» del tribunal convenció al juez de ponerse del lado de la fiscalía.

En una pieza escrita para la web independiente de la oposición kasparov.ru, la comentarista Kseniya Kirillova mantiene que la condena de Vologzheninova se limitó a 320 horas de trabajos forzados en lugar de imponer una pena de cárcel porque la acusada es madre soltera y por la campaña de concientización pública que se hizo sobre el caso. El trabajo forzado comunitario normalmente consiste en realizar algún tipo de labor física (como, por ejemplo, limpiar las calles) para agencias de la jurisdicción en la que se dicta sentencia en lugar de otras sanciones jurídicas como puede ser el encarcelamiento.

El artículo de Kirillova sobre este caso pone de relieve las muchas infracciones cometidas durante el proceso, como el uso arbitrario de análisis lingüísticos (realizados por un único experto de los Servicios Federales de Seguridad y basados solamente en unas pocas imágenes y publicaciones), la falsificación de la firma de la acusada durante el protocolo de interrogación (según la misma acusada), y la negativa de varios de los testigos a confirmar sus testimonios originales.

La comentarista Kirillova también menciona que la formulación de cargos en el caso deja en evidencia la ideología detrás de la serie de procesamientos de internautas críticos con Rusia. Acusar a Vologzheninova de declaraciones negativas y «emocionales» sobre «las autoridades rusas, la trayectoria política de la Rusia actual, el presidente ruso como figura principal del Estado y la personificación del poder en Rusia», escribe Kirillova, significa que criticar a las autoridades en Rusia es oficialmente un acto criminal. «El diálogo y el intercambio de opiniones» también se consideran un crimen, apunta Kirillova haciendo referencia directa al texto de la sentencia, especialmente si los participantes muestran sus emociones.

En diciembre de 2015, Vadim Tyumentsev, bloguero ruso de 35 años y originario de la ciudad de Tomsk, fue acusado de publicar discursos de odio y llamamientos al extremismo en la red, y condenado a cinco años de prisión por publicar videos haciendo llamamientos a participar en protestas pacíficas y criticando la participación militar rusa en Ucrania y a los separatistas ucranianos prorrusos. Tyumentsev, quien ha pasado gran parte de 2015 encarcelado, fue declarado prisionero político por el Centro Ruso de Derechos Humanos Memorial en noviembre de 2015.

También en diciembre de 2015, un tribunal de Krasnodar declaró culpable a la activista rusa Darya Polyudova de «llamados públicos al separatismo y al extremismo» en medios sociales (entre ellos, publicaciones y contenidos compartidos en redes sociales) y fue condenada a dos años en una colonia penal.