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Entre hashtags y memes, la regulación de redes sociales se debate en Bolivia

Un gráfico del movimiento #RedesLibresBO

Un gráfico del movimiento #RedesLibresBO, publicado en Facebook.

La ciudadanía en Bolivia ha establecido un debate sobre el control de los medios de internet en respuesta a la propuesta del presidente Evo Morales de “regular las redes sociales”. De acuerdo con Morales, las redes son “instrumentos del imperio” que tienen el potencial de “tumbar gobiernos” y que son sólo “un recolector de basura”, pues, según él, lo único que se comparte en ellas son noticias falsas y difamaciones.

Estas percepciones fueron manifestadas durante la semana del 22 de febrero de este año, mientras un agudamente vigilado conteo de votos demostró que la opción por no reformar la Constitución habría ganado con un 51.27% en un referendo nacional el 21 de ese mes. La reforma que Morales esperaba ver aprobada daba permiso para postularse a un cuarto mandato en la presidencia de Bolivia.

No es la primera vez que el gobierno de Morales expresa incomodidad con las redes sociales. En ocasiones anteriores, el vicepresidente Alvaro García Linera estableció que existía algún tipo de monitoreo de redes sociales, con el cual se anotaba el nombre de quienes insultaran al presidente.

Sin embargo, el tema de regular las redes sociales no tomó forma hasta este febrero, cuando Víctor Borda, vicepresidente de la Cámara de Diputados, presentó un borrador de proyecto de ley con el fin de incluir tres tipos penales para sancionar a los usuarios de las redes sociales que “incurran en irregularidades”. Estos tres tipos penales son: la violación de datos personales, la afectación a la honra en las redes sociales, y la creación de cuentas falsas con el fin de capturar datos para cometer delitos. Borda mencionó además la prohibición del anonimato y la creación de un consejo nacional para el control de las redes sociales.

¿Una ‘guerra sucia’ en redes sociales?

La época electoral previa al referendo tomó una forma inesperada tanto para oficialistas como para la oposición durante el mes de febrero. Una serie de acontecimientos insólitos fueron recibidos y redistribuidos a través de Facebook, Twitter y WhatsApp con reacciones intensamente negativas entre el partido oficialista y la ciudadanía (opositora) a favor del ‘Sí’.

Las críticas en redes sociales ya hacían referencia a un escándalo de corrupción con el Fondo Indígena del país, pero las críticas se exacerbaron con las revelaciones de un periodista boliviano que pusieron al descubierto una relación desconocida del presidente Morales con una mujer que era gerente de una empresa china, y que había obtenido contratos millonarios del Estado boliviano. Además, se reveló que Morales y su ex-pareja habían tenido un hijo en 2007.

Días después de estas revelaciones, en la ciudad de El Alto, una manifestación resultó en la muerte de seis funcionarios municipales debido a un incendio ocasionado en la alcaldía de esa ciudad. Algunos de los presentes denuncian la presencia de infiltrados. La falta de respuesta por parte de la policía, y las diferentes versiones sobre las causas de dichos infiltrados, ocasionó todavía más indignación en la rápida distribución de mensajes en redes sociales.

Distintos representantes del gobierno y del partido oficialista hicieron referencia a que la campaña por el ‘Sí’ se vio enfrentada a una “guerra sucia” en redes sociales a través de la cual se viralizaron noticias falsas, difamaciones e información personal sobre el presidente, su ex-pareja, y su hijo.

La propuesta hasta ahora

La propuesta para regular las redes sociales expuesta por Borda en una conferencia de prensa todavía no ha sido publicada en su totalidad. Los tres tipos penales propuestos por Borda son lo único que se conoce hasta ahora. Sin embargo, esta ambigüedad es la que preocupa, pues los artículos compartidos podrían dejar muchos huecos en su aplicación si no son debatidos y definidos de forma participativa y transparente.

El primer tipo penal mencionado pena con cárcel “la violación de datos personales”, la cual se define que algo que ocurriría cuando el usuario “sustraiga, intercambie, envíe, divulgue o modifique información personal con datos hallados en espacios como redes sociales y medios similares”. No deja claro bajo qué condiciones un usuario puede utilizar datos personales, y no deja espacio a usos que son parte de transacciones diarias en el uso de internet.

El segundo tipo penal se refiere a la afectación “a la honra de una persona individual, colectiva, pública o privada”. Javier Pallero, analista de políticas públicas de Access Now, una organización defensora de derechos digitales, expresó preocupación en un documento de análisis de esta propuesta, diciendo que tal delito es demasiado similar al delito de desacato  –la difamación de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones–. Pallero explica que la propuesta es inconstitucional y que “se considera contrario a los estándares internacionales de libertad de expresión”.

El último tipo penal propuesto es también problemático. En lugar de resolver el problema que pretende atacar, que es la creación de perfiles falsos para cometer delitos, crea más ambigüedades sobre transacciones diarias en el uso de internet. Se propone condenar con cárcel a las personas que “diseñen, desarrollen, trafiquen, vendan, ejecuten, programen o envíen una página electrónica, enlaces o páginas emergentes con el fin de contactar y obtener datos”. Pero como Pallero también nota, si la intención es penar delitos de estafa o trata ilícita de personas, lo que hace falta es capacitación de funcionarios para casos que involucren información digital. Estos delitos ya están penados por ley.

Borda también anunció que se establecería un consejo nacional que tendría la potestad de “controlar” las redes sociales, y que sería necesario identificar a todos los usuarios de las mismas. Sin tener acceso a un texto de ley que especifique cómo se procedería exactamente con esto, la preocupación levantada por Pallero es que se establezca un control de las comunicaciones que no siga con los principios de necesidad ni proporcionalidad, sino que más bien vulnere el derecho al anonimato.

Reacciones a la regulación

La reacción de la ciudadanía a la idea de regular las redes sociales fue inmediata. Las noticias sobre las declaraciones del presidente y la propuesta de Borda fueron repartidas rápidamente, tanto en la red como en medios tradicionales, junto con comentarios de rechazo y reflexiones sobre la invulnerabilidad del derecho a la libre expresión en la era digital.

El gif by Joaquín Cuevas.

Gif de la caricatura del ministro de Gobierno hecha por Joaquín Cuevas.

Al menos dos voces del gobierno, el Defensor del Pueblo y el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, manifestaron estar en desacuerdo con la regulación de la libre expresión en la red, sosteniendo que en vez de limitarla es más importante que la ciudadanía esté bien informada sobre un uso más adecuado de las redes sociales para que no se vulneren derechos individuales. Los representantes recordaron también que el derecho a internet se reconoce como un derecho humano.

Sin embargo, dos reacciones desde el gobierno llamaron la atención esta semana. Por un lado, el uso de las redes sociales dentro de las Fuerzas Armadas fue cuestionado. Por otro, un caricaturista boliviano recibió una llamada del gobierno para informarle que un GIF que había creado en el que se caricaturizaba al ministro de Gobierno “no les había gustado”.

#RedesLibresBo

En redes sociales, usuarios en Facebook propusieron espacios de debate en un grupo conocido ya por organizar acciones de ciberactivismo. El grupo comenzó a compartir información sobre regulación de redes sociales y lanzó el hashtag #RedesLibresBO para promover un debate alrededor del principio de la libre expresión. El grupo ha organizado ya dos debates ciudadanos, uno en línea y uno presencial en La Paz (tienen planeado un tercero en Cochabamba). El objetivo es dialogar sobre qué significaría regular las redes sociales y si es que es necesario armar una propuesta ciudadana para dicha regulación.

Después de un par de días de haberse manifestado la propuesta de ley, el presidente declaró que “respetaría” las redes sociales porque son “un derecho de comunicación”, pero mantuvo en pie la preocupación por el uso de éstas. Al día siguiente, el Ministerio de Comunicación compartió dos imágenes en Twitter en la que se observa al presidente Morales con un mensaje:

Vamos a respetar las redes sociales, es un derecho la comunicación, pero no puede ser que se use un nombre para lanzar cualquier mensaje contra una persona, eso hace mucho daño.

La segunda imagen dice:

Respetamos las redes sociales, es un derecho la comunicación; deberíamos debatir cómo evitar que difamen y mientan.

El mismo día, el ministro de Educación declaró que se iniciaría una campaña en las escuelas para promover “valores y buena ortografía” en el uso de las redes sociales.

A pesar del alivio momentáneo por esta reacción del presidente Morales, será importante hacer seguimiento a la propuesta expuesta por Borda para ver qué forma toma si es que llegue a ser presentada formalmente. Pero más interesante aún será seguir el debate ciudadano, dado que las manifestaciones del presidente en contra de las redes sociales pusieron en evidencia cuánto se valoran los derechos digitales en Bolivia.

Un gif del movimiento #RedesLibresBO

Un gif del movimiento #RedesLibresBO

La principal propuesta ciudadana hasta el momento es la de la auto-regulación. Los internautas en #RedesLibresBO han propuesto no sólo charlas, sino contenidos a través de los cuales se puede conversar sobre este principio, sobre el anonimato, o sobre la regulación en general.

Es de señalar también que las leyes no son el único mecanismo por el cual se puede regular el comportamiento de las personas en internet. Si lo que le preocupa al gobierno boliviano es el mal uso y la divulgación de mentiras, una propuesta productiva sería una política para equipar a los ciudadanos en el uso de estas tecnologías. Estas capacitaciones podrían basarse en habilidades para buscar, organizar, entender, evaluar y analizar información en línea (alfabetización digital); y también en habilidades para acceder, analizar, evaluar y crear contenidos de comunicación (alfabetización de medios).

De esa manera, se influenciaría el comportamiento de los usuarios en redes sociales sin tener que utilizar normas punitivas que atenten contra un sistema de libre expresión. Además de esto, no estaría demás establecer principios, garantías, derechos y deberes que deban ser respetados bajo cualquier normativa que afecte el flujo de información en internet. Un ejemplo de esto fue el caso de Brasil con el Marco Civil de Internet, una iniciativa creada para evitar caer en opresiones.

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