Buyumbura, Burundi: El presidente Pierre Nkurunziza habla con la prensa después de su encuentro con una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU, que vino a insistir en la necesidad de un diálogo inclusivo para acabar con meses de conflicto político en el país. Foto MONUSCO/Papy AMANI. CC BY-SA 2.0.

La crisis política que lleva cociéndose desde hace tiempo en Burundi es peligrosa, y está afectando a la libertad de expresión en este país de África Oriental. Los medios independientes están especialmente amenazados, aunque cualquiera que se atreva a informar de la situación desde una perspectiva no aprobada por el gobierno se enfrenta a censura, intimidación y violencia física.

Los problemas del país empezaron cuando el presidente Pierre Nkurunziza se presentó a un tercer mandato, provocando protestas y campañas ciudadanas en la capital, Buyumbura. Los manifestantes afirmaron que su candidatura socavaba los Acuerdos de Arusha y la Constitución, elementos que ayudaron a cerrar la guerra civil que dividió el país entre 1993 y 2005. Testigos, víctimas, activistas locales y organizaciones de derechos humanos han documentado casos de detención arbitraria, tortura sistemática y asesinato de opositores, aunque funcionarios del gobierno lo niegan.

Un golpe de estado fracasó en su intento de retirar del poder a Nkurunziza en mayo de 2015, y las elecciones ‘forzadas’ de julio vieron como él y su partido, el CNDD-FDD, lograban un rotunda victoria. En su discurso inaugural, Nkurunziza advirtió a la sociedad civil que no debía interferir en la política, acompañando sus palabras con preocupantes mensajes en Internet como el que figura abajo, extraído de la cuenta de Twitter del presidente:

No one living abroad should consider himself superior to those who stayed in #Burundi, since most of them have left their families here.
— Pierre Nkurunziza (@pnkurunziza) 24 Octobre 2015

Nadie viviendo en el extranjero debería considerarse superior a aquellos que se han quedado en Burundi, ya que la mayoría de ellos han dejado a sus familias aquí.

Mientras tanto, las manifestaciones degeneraron en ataques armados y represalias, y grupos armados cada vez más organizados anunciaron levantamientos contra un tercer mandato. La oposición política está desperdigada, y muchos grupos se han visto obligados a marcharse. Las divisiones dentro del gobierno, del ejército y de la policía se han profundizado, y la presión intensificada de los más intransigentes ha empujado a los disidentes al exilio o al silencio.

La ONU registró al menos 439 muertos y 237.000 refugiados en enero, mientras que la inseguridad y las sanciones han empeorado la ya de por sí difícil situación económica, socavando la transición de posguerra.

El cierre de barrios ‘rebeldes’ de Buyumbura con unidades ‘especiales’ de policía, los casos de disparos de armas de fuego sin identificar, de violencia de género, las redadas policiales mortales, las desapariciones, los cadáveres descubiertos en la calle, y los grupos armados patrullando las calles se han convertido en rutina. La confianza se ha evaporado, y muchos incluso tienen miedo a salir de sus casas.

A lo largo de todo esto, los periodistas han perseverado en su labor, pero la crisis está amenazando seriamente a los medios independientes.

Ataques a la prensa independiente a través de #BurundiCrisis

El acceso a los medio en Burundi es variable, con la radio dominando sobre todo la mayoría rural. El acceso a la radio en 2010 era de casi el 90%, con lo que cerrar radios de confianza restringe la información fiable y puede avivar la desinformación y el miedo, incluso empujando a los refugiados a huir del país.

El alfabetismo y las infraestructuras limitan otros tipos de medios, aunque los teléfonos móviles, muchos con opción de radio, llegan ahora a varios millones. El uso de Internet también ha crecido significativamente, con el número de usuarios en torno a los 500.000 en 2013, alrededor del 5% de la población en 2012 (9.850.000).

El otrora animado paisaje mediático del país ha recibido un severo golpe con la legislación de 2013, seguido de la respuesta militarizada a los opositores a un tercer mandato, especialmente fuera de Buyumbura. Periodistas internacionales y burundeses han hecho frente a acusaciones de parcialidad en contra del gobierno o de incitar a la insurrección, además de convertirse en blancos de violencia.

El 26 de abril, se impidió que las emisoras independientes Radio Publique Africaine (RPA), Bonesha, e Isanganiro pudieran emitir fuera de Buyumbura. En aquel momento, durante el caos del golpe de estado, las oficinas de las radios fueron atacadas, y se impuso en la práctica un apagón indefinido de la radio independiente. Mientras que los ministros culparon a los golpistas, testigos presenciales apuntaron a agentes de seguridad.

De manera similar, militantes contrarios a un tercer mandato atacaron las oficinas de la emisora progubernamental Rema TV. Sin embargo, Rema está oficialmente autorizada a operar, mientras que el fiscal general bloqueó el acceso de las otras emisoras a oficinas compartidas alegando «investigaciones en curso«. Estaciones más pequeñas sufrieron similares circunstancias, incluyendo Humuriza, situada en Gitega. Los ciudadanos han visto limitado su acceso a la información desde antes de las elecciones, con dificultades para acceder a cobertura no gubernamental.

En junio, una corresponsal de Voice of America fue el objetivo de un ataque con granada, aunque nadie resultó herido. Y a comienzos de 2016, el nombre de siete periodistas, incluyendo el de los directores de las cuatro principales radios independientes, fueron incluidos en una lista de gente que el gobierno pretende extraditar en conexión con el golpe de estado de mayo.

Forzados al exilio

Considerados “enemigos” o «munwa muremure» («bocazas»), muchos periodistas han huido. Algunos escribieron desde Kigali al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, criticando la violencia y las elecciones sin prensa libre.

En julio, Bob Rugurika, del RPA, lamentó el rápido deterioro de la libertad de prensa después de las protestas y el golpe de estado, en una entrevista realizada desde el exilio por Iwacu:

Depuis 2013 […] nous avions dénoncé un plan d’attaque et de fermeture des médias, surtout privés […] Seulement, […] on ne pouvait jamais imaginer que le pouvoir ait alimenté un plan de destruction totale des médias, et surtout d’interdiction formelle de fonctionner à tous les médias indépendants privés.

Desde 2013 […] hemos denunciado un plan para atacar y cerrar los medios, especialmente los privados […]. Simplemente, […] no podríamos habernos imaginado que el gobierno ha desarrollado un plan para destruir completamente los medios, y especialmente para prohibir formalmente cualquier tipo de medio independiente privado.

A pesar de la hostilidad, el director de Iwacu, Antoine Kaburahe, trató de salvaguardar la “pequeña ventana de libertad” del medio, pero en noviembre él también fue obligado a exiliarse.

Según indicó Cléa Kahn-Sriber, de Reporteros Sin Fronteras, la tortura sin investigar de Esdras Ndikumana, conocido periodista, indica que existe aún mayor riesgo para periodistas con menos contactos. Ni siquiera en Radio-Télévision Nationale du Burundi (RTNB), pública y totalmente controlada por el estado, los trabajadores son inmunes a la violencia; en octubre, el operador de cámara Christophe Nkezabahizi estaba entre aquellos asesinados supuestamente por fuego cruzado, aunque testigos presenciales apuntan a cargas policiales represivas.

Los activistas de derechos humanos que se quedan afrontan peligros similares. A Pierre-Claver Mbonimpa, de la Asociación para la Protección de Derechos Humanos y Personas Detenidas, crítico con la renaciente tortura, le dispararon en agosto e, incluso después de llegar a Bélgica, miembros de su familia fueron asesinados.

La independencia y diversidad de los medios de Burundi están en riesgo

Periodistas han informado con éxito de historias delicadas, desde testimonios de tortura a una supuesta «policía paralela» dirigiendo la represión. En cualquier caso, las restricciones mediáticas y el miedo de los testigos a represalias han reforzado significativamente la impunidad de la violencia por motivos políticos.

El animado panorama de la prensa de Burundi era un apreciado éxito de posguerra, demostrado por la tenacidad de los periodistas y del público durante esta crisis. Sin embargo, el silencio radiofónico priva de información fiable a muchos de los que no cuentan con acceso a Internet. Innocent Muhozi, de Renaissance, expresó el miedo de regresar a un gobierno de un solo partido controlando los medios, afirmando que el periodismo libre necesita ahora la desmilitarización de los servicios de seguridad y el desarme civil, especialmente de grupos paramilitares como Imbonerakure e insurgentes.

Lograr esto a través del diálogo representativo requiere presión diplomática concertada, hasta ahora desunida y no preparada, dada la escasa confianza, mínima voluntad política y obstáculos a la intervención. El apoyo internacional político y de recursos a los medios independientes es por tanto indispensable como parte de la solución a la crisis, para combatir impunidad, garantizar información fiable a la población civil, reabrir el espacio político y permitir a todos los ciudadanos discutir su futuro.