[1]Buyumbura, Burundi: El presidente Pierre Nkurunziza habla con la prensa después de su encuentro con una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU, que vino a insistir en la necesidad de un diálogo inclusivo para acabar con meses de conflicto político en el país. Foto MONUSCO/Papy AMANI. CC BY-SA 2.0.
La crisis política que lleva cociéndose desde hace tiempo en Burundi es peligrosa, y está afectando a la libertad de expresión en este país de África Oriental. Los medios independientes están especialmente amenazados, aunque cualquiera que se atreva a informar de la situación desde una perspectiva no aprobada por el gobierno se enfrenta a censura, intimidación y violencia física.
Los problemas del país empezaron cuando el presidente Pierre Nkurunziza se presentó a un tercer mandato, provocando protestas [2] y campañas [3] ciudadanas en la capital, Buyumbura. Los manifestantes afirmaron que su candidatura socavaba los Acuerdos de Arusha y la Constitución, elementos que ayudaron a cerrar la guerra civil que dividió el país entre 1993 y 2005. Testigos [4], víctimas [5], activistas [6] locales y organizaciones [7] de derechos humanos [8] han documentado casos de detención [9] arbitraria, tortura [10] sistemática y asesinato [11] de opositores [12], aunque funcionarios del gobierno [13] lo niegan.
Un golpe de estado fracasó en su intento de retirar del poder a Nkurunziza en mayo de 2015, y las elecciones ‘forzadas’ de julio vieron como él y su partido, el CNDD-FDD, lograban un rotunda victoria. En su discurso inaugural, Nkurunziza advirtió a la sociedad civil que no debía interferir en la política, acompañando sus palabras con preocupantes mensajes [14] en Internet como el que figura abajo, extraído de la cuenta de Twitter del presidente:
No one living abroad should consider himself superior to those who stayed in #Burundi [15], since most of them have left their families here.
— Pierre Nkurunziza (@pnkurunziza) 24 Octobre 2015 [14]
Nadie viviendo en el extranjero debería considerarse superior a aquellos que se han quedado en Burundi, ya que la mayoría de ellos han dejado a sus familias aquí.
Mientras tanto, las manifestaciones degeneraron en ataques armados y represalias, y grupos armados cada vez más organizados [16] anunciaron [17] levantamientos contra un tercer mandato. La oposición política está desperdigada, y muchos grupos se han visto obligados a marcharse. Las divisiones dentro del gobierno, del ejército y de la policía se han profundizado, y la presión intensificada de los más intransigentes ha empujado a los disidentes al exilio o al silencio.
La ONU registró al menos 439 [18] muertos y 237.000 [19] refugiados en enero, mientras que la inseguridad y las sanciones han empeorado [20] la ya de por sí difícil [21] situación económica, socavando la transición de posguerra.
El cierre [22] de barrios [23] ‘rebeldes’ de Buyumbura con unidades [24] ‘especiales’ de policía, los casos de disparos de armas de fuego [25] sin identificar, de violencia de género, las redadas policiales mortales [26], las desapariciones [27], los cadáveres [28] descubiertos en la calle, y los grupos [29] armados patrullando [30] las calles se han convertido en rutina [31]. La confianza [32] se ha evaporado, y muchos incluso tienen miedo [33] a salir de sus casas.
A lo largo de todo esto, los periodistas han perseverado en su labor, pero la crisis está amenazando seriamente a los medios independientes.
Ataques a la prensa independiente a través de #BurundiCrisis [34]
El acceso a los medio en Burundi es variable, con la radio dominando [35] sobre todo la mayoría [36] rural. El acceso a la radio [37] en 2010 era de casi el 90%, con lo que cerrar radios de confianza restringe la información fiable y puede avivar la desinformación [38] y el miedo, incluso empujando a los refugiados a huir del país [39].
El alfabetismo y las infraestructuras [40] limitan otros tipos de medios, aunque los teléfonos móviles, muchos con opción de radio [37], llegan ahora a varios [41] millones. El uso de Internet también ha crecido [42] significativamente, con el número [43] de usuarios en torno a los 500.000 [44] en 2013, alrededor del 5% de la población [45] en 2012 (9.850.000).
El otrora animado paisaje mediático del país ha recibido un severo golpe con la legislación [46] de 2013, seguido de la respuesta [47] militarizada a los opositores a un tercer mandato, especialmente fuera de Buyumbura. Periodistas internacionales [48] y burundeses han hecho frente a acusaciones [49] de parcialidad en contra del gobierno o de incitar a la insurrección, además de convertirse en blancos de violencia.
El 26 de abril, se impidió [50] que las emisoras independientes Radio Publique Africaine (RPA), Bonesha, e Isanganiro pudieran emitir fuera de Buyumbura. En aquel momento, durante el caos del golpe de estado, las oficinas [51] de las radios fueron atacadas [52], y se impuso en la práctica [53] un apagón indefinido de la radio independiente. Mientras que los ministros culparon a los golpistas, testigos presenciales apuntaron [51] a agentes de seguridad.
De manera similar, militantes contrarios a un tercer mandato atacaron las oficinas de la emisora progubernamental Rema TV [54]. Sin embargo, Rema está oficialmente autorizada [55] a operar, mientras que el fiscal general bloqueó [56] el acceso [57] de las otras emisoras a oficinas compartidas alegando «investigaciones en curso [58]«. Estaciones más pequeñas sufrieron similares circunstancias, incluyendo Humuriza, situada en Gitega. Los ciudadanos han visto limitado [59] su acceso a la información desde antes de las elecciones, con dificultades para acceder a cobertura no gubernamental.
En junio, una corresponsal de Voice of America fue el objetivo de un ataque con granada [60], aunque nadie resultó herido. Y a comienzos de 2016, el nombre de siete periodistas, incluyendo el de los directores de las cuatro principales radios independientes, fueron incluidos [61] en una lista de gente que el gobierno pretende extraditar en conexión con el golpe de estado de mayo.
Forzados al exilio
Considerados “enemigos [62]” o «munwa [47] muremure» («bocazas»), muchos periodistas han huido [63]. Algunos escribieron [64] desde Kigali al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, criticando la violencia y las elecciones sin prensa libre.
En julio, Bob Rugurika, del RPA, lamentó el rápido deterioro de la libertad de prensa después de las protestas y el golpe de estado, en una entrevista [65] realizada desde el exilio por Iwacu:
Depuis 2013 […] nous avions dénoncé un plan d’attaque et de fermeture des médias, surtout privés […] Seulement, […] on ne pouvait jamais imaginer que le pouvoir ait alimenté un plan de destruction totale des médias, et surtout d’interdiction formelle de fonctionner à tous les médias indépendants privés.
Desde 2013 […] hemos denunciado un plan para atacar y cerrar los medios, especialmente los privados […]. Simplemente, […] no podríamos habernos imaginado que el gobierno ha desarrollado un plan para destruir completamente los medios, y especialmente para prohibir formalmente cualquier tipo de medio independiente privado.
A pesar de la hostilidad [47], el director de Iwacu, Antoine Kaburahe, trató de salvaguardar la “pequeña ventana de libertad” del medio, pero en noviembre él también [66]fue obligado a exiliarse [67].
Según indicó [68] Cléa Kahn-Sriber, de Reporteros Sin Fronteras, la tortura sin investigar [69] de Esdras Ndikumana, conocido periodista, indica que existe aún mayor riesgo para periodistas con menos contactos. Ni siquiera en Radio-Télévision Nationale du Burundi (RTNB [70]), pública y totalmente controlada por el estado [71], los trabajadores son inmunes a la violencia; en octubre, el operador de cámara Christophe Nkezabahizi estaba entre aquellos asesinados [72] supuestamente por fuego cruzado, aunque testigos presenciales apuntan a cargas policiales represivas.
Los activistas [73] de derechos humanos que se quedan afrontan peligros [74] similares. A Pierre-Claver Mbonimpa, de la Asociación para la Protección de Derechos Humanos y Personas Detenidas [6], crítico con la renaciente tortura [75], le dispararon [76] en agosto e, incluso después de llegar a Bélgica [77], miembros de su familia [78] fueron asesinados [79].
La independencia y diversidad de los medios de Burundi están en riesgo
Periodistas han informado con éxito de historias [80] delicadas, desde testimonios [81] de tortura a una supuesta «policía paralela [82]» dirigiendo la represión. En cualquier caso, las restricciones mediáticas y el miedo [83] de los testigos a represalias han reforzado significativamente la impunidad de la violencia por motivos políticos.
El animado panorama de la prensa de Burundi era un apreciado éxito de posguerra, demostrado por la tenacidad [84] de los periodistas y del público durante esta crisis. Sin embargo, el silencio radiofónico priva de información fiable a muchos de los que no cuentan con acceso a Internet. Innocent Muhozi, de Renaissance, expresó [85] el miedo de regresar a un gobierno de un solo partido controlando los medios, afirmando que el periodismo libre necesita ahora la desmilitarización de los servicios de seguridad y el desarme civil, especialmente de grupos paramilitares como Imbonerakure [86] e insurgentes.
Lograr esto a través del diálogo representativo requiere presión diplomática concertada, hasta ahora desunida [87] y no preparada [88], dada la escasa confianza, mínima voluntad política y obstáculos a la intervención. El apoyo internacional político y de recursos a los medios independientes es por tanto indispensable como parte de la solución a la crisis, para combatir impunidad, garantizar información fiable a la población civil, reabrir el espacio político y permitir a todos los ciudadanos discutir [89] su futuro.