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La “moda” de las alertas por violencia de género en México

Violencia contra mujeres por Montecruz

Foto del usuario de Flickr Montecruz Foto, utilizada en términos de la licencia CC 2.0

La violencia contra mujeres en México representa una afrenta que exhibe la realidad de un país con prácticas vetustas y a un gobierno que responde con candidez o acaso insuficiencia para resolver el problema. La agresión sexual a una periodista en plena luz del día en la Ciudad de México –ocurrida justamente en el Día Internacional de la Mujer– y la inacción del órgano procurador de justicia que le siguió, son sólo una muestra del nebuloso panorama que el género femenino enfrenta en ese país.

Dicha violencia es palpable no únicamente en las calles de la capital mexicana sino en diversos rincones del territorio nacional, donde el abuso sexual no es la peor de las preocupaciones, pues en muchas localidades las mujeres pierden la vida cotidianamente con impunidad para sus victimarios. Ciudad Juárez –al norte del país, en la frontera con los Estados Unidos de América– fue el primer lugar que llamó la atención por este fenómeno, como lo apuntó Imelda García para Reporte Índigo:

El asesinato de cientos de mujeres en varias partes del país prendió los focos rojos sobre el peligro que representa ser mujer en ciertas zonas de México. Primero fue Ciudad Juárez, en Chihuahua, donde la desaparición y el asesinato de mujeres fueron un asunto con relevancia internacional, desde la década de los 90.

La “solución” del gobierno

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) se creó en 2009, entre otras cosas, para promover el cumplimiento a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres; algunas de esas obligaciones surgieron del caso identificado como “Campo Algodonero” en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado mexicano es responsable de una retahíla de violaciones a dichos derechos.

Esa comisión está a cargo del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM):

Su objetivo consiste en garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos.

La solicitud declaratoria de Alerta de Violencia de Género la realiza una organización de la sociedad civil o algún organismo de derechos humanos; posteriormente la CONAVIM conforma un grupo de trabajo y analiza la situación para decidir si se emite o no la Alerta.

La AVGM, al ser declarada, establece medidas de seguridad, de prevención y de justicia que el gobierno local debería adoptar para atender la violencia de género. Usualmente las medidas de seguridad se refieren a “reforzar patrullajes” y efectuar operativos policiales en lugares estratégicos. En cuanto a las medidas de justicia, éstas normalmente tienen que ver con la creación de más oficinas, es decir, de unidades especializadas para atender sólo investigaciones de delitos cometidos en agravio de mujeres.

Un dato que permite dar cuenta de la situación que CONAVIM tiene entre manos es que 15 de las 32 entidades federativas (estados) que conforman el país cuentan con solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género en alguno de sus municipios. Dos entidades del centro del país cuentan ya con alerta declarada en ciertos municipios. Puebla –en la región central– y Sinaloa –en el norte del país– son los estados en los que más recientemente se ha solicitado la declaratoria de alerta.

Las solicitudes de Alerta de Violencia de Género parecen encontrarse “de moda” en el territorio mexicano y no se descarta que éstas sean solicitadas para más entidades o municipios en el corto plazo, pero ¿es este furor la solución al problema?

La realidad

La existencia de CONAVIM y las AVGM se suma a una serie de órganos gubernamentales a los que se destinaron recursos públicos para atender la problemática y que tienen en el papel la tarea de coordinar el cumplimiento de políticas de igualdad de la mujer y de erradicación de violencia (como el Instituto Nacional de las Mujeres), o de velar por los derechos humanos y prevenir la discriminación (Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, respectivamente). Esta plétora de órganos públicos pareciere ser insuficiente para combatir la violencia de modo eficaz, como lo han apuntado algunos usuarios de redes sociales, tal es el caso de Madame Déficit en Twitter:

Adicionalmente, Imelda García reportó la falta de transparencia e indicadores para conocer la magnitud de la situación y evaluar las acciones de gobierno:

En el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) no existe información desagregada sobre feminicidios. La Secretaría de Gobernación solo cuantifica los homicidios sin distinguir si se trata de hombres o mujeres.

La evidencia de tal vacío de información quedó al descubierto en agosto del 2015, cuando un ciudadano solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la estadística de los feminicidios registrados desde el 2014 hasta esa fecha. El SNSP respondió que tal información no existe; sostuvo su afirmación incluso después de la presentación de un recurso de apelación [sic].

Los abusos y las dificultades para acceder a la justicia no parecen disminuir y son parte de la cotidianidad (como se recordó con el caso de Andrea Noel, mencionado al principio de esta pieza). A propósito del tema, Amnistía Internacional recientemente auspició la instalación llamada El Tendedero en la que se expusieron hojas de papel en las que mujeres narraron sus experiencias como víctimas de abuso o violencia de género.

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que en aquél país se dan constantemente casos de tortura sexual y de género:

En días recientes el servidor público de la CONAVIM y experto internacionalista, David Ricardo Uribe, reconoció las dificultades que tienen las mujeres en México para que se procure y desarrolle justicia cuando son víctimas de delitos y se refirió a dichos obstáculos en una ponencia.

Así las cosas, más allá del aparato burocrático –y las estrategias, acertadas o no– que el Estado mexicano ha creado para dar la imagen de que atiende la apremiante situación de violencia contra las mujeres, los hechos demuestran que en este tema hay un largo camino por recorrer.

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