El nuevo centro de Innopolis observará las amenazas de información en la internet rusa. Imagen editada por Tetyana Lokot.
En diciembre de 2015, el presidente ruso Vladimir Putin, participó en el primer Foro de Economía de Internet de Rusia. En su intervención sugirió que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia y otras agencias estatales deberían hacer de las «amenazas de información» su máxima prioridad y buscar herramientas para el seguimiento de este tipo de desafio.
Ahora se anuncia un nuevo centro para el seguimiento de ataques de información en Innopolis, una nueva «ciudad inteligente» rusa, creada como un satélite de Kazán, la capital de la República rusa de Tartaristán. La economía de la ciudad está basada en la industria de alta tecnología, por lo que no es extraño que Natalya Kasperskaya, CEO de InfoWatch y co-fundadora del gigante de los antivirus «Kaspersky Lab», haya decidido poner allí en marcha su proyecto.
Kasperskaya explicó [1] a la agencia de noticias Vedomosti que el centro es parte de la respuesta a la sugerencia de Putin de reforzar la seguridad de la información. Rusia ya tiene agencias que trabajan para oponerse y responder a los ciberataques, declaró, e insistió en que su organización va a ser la primera de este tipo en la vigilancia y prevención de ataques de información en la red.
Kasperskaya dijo que actualmente se encuentra buscando inversores para el proyecto, si bien admitió que comenzará a funcionar con financiación principalmente procedente de una subvención concedida por el gobierno, y que atenderá «necesidades públicas y estatales».
El nuevo centro de vigilancia es una creación conjunta de Kasperskya e Igor Ashmanov, CEO de «Ashmanov & Partners», un actor muy relevante en el mercado de los medios de comunicación en Rusia. Ashmanov define los ataques de información como «campañas de propaganda, desinformación, falsificación y contenido viral», y cree que este tipo de actividad es política. Según Ashmanov, el mercado para mitigar este tipo de ataques está virtualmente por explotar en Rusia.
Los socios planean que el centro supervise la web utilizando tecnología desarrollada por Kribrum—otro proyecto conjunto de Kasperskaya y Ashmanov. El software de análisis de medios sociales y gestión de la reputación de Kribrum [2] utiliza el contenido en línea para hacer análisis de sentimiento y emoción. Ashmanov dice que sus capacidades son lo suficientemente sofisticadas como para predecir un ataque de información en línea tan pronto como se inicia, así como identificar a sus organizadores. La mayor parte de los esfuerzos de supervisión se destinarán probablemente a la blogosfera y a las redes sociales rusas, donde los debates políticos y las campañas de difamación están más presentes.
En Rusia existen varias disposiciones legales que regulan la actividad informativa en Internet, la mayoría de ellas relacionadas con el delito informático: el artículo 272 del Código Penal tipifica el acceso ilegal a información digital; el artículo 273 detalla sanciones por » la creación, utilización y distribución de software malicioso»; y el artículo 274 describe «la violación de las reglas de uso de ordenadores, sistemas informáticos y sus redes». Aquellos que violan estas reglamentaciones están sometidos a una serie de sanciones que, dependiendo de la gravedad del delito, van desde multas y trabajos comunitarios, hasta el arresto y siete años de prisión.
A principios de marzo de 2016, un tribunal ruso de la ciudad de Kurgan sentenció [3] a dos años de prisión a un usuario de Internet acusado de orquestar un ataque de denegación de servicio (DDoS) contra la página oficial del Kremlin. Tras aceptar el delito, la condena habría sido suspendida.
La ONG rusa de derechos humanos Agora reporta [4] que, a pesar de que el filtrado de contenido y el bloqueo siguen siendo las principales herramientas de la política de internet en Rusia, éstas son en gran medida ineficaces debido a la gran cantidad de actos aislados de censura.
En su esfuerzo de limitar de manera más efectiva la difusión de información y la libertad de expresión, las autoridades rusas están intentando aumentar la presión sobre los usuarios. Y es aquí donde la evidencia que pueden aportar iniciativas de vigilancia como la que proponen Kaspersky y Ashmanov, puede resultar de utilidad, especialmente cuando se acusa a los usuarios de Internet de violaciones de la legalidad tales como la publicación de materiales extremistas. Agora señala que las sentencias de prisión reales dictadas por un simple «me gusta» o compartir información publicada en medios sociales, tienen como objetivo intimidar a los usuarios y disuadirlos de discutir en línea sobre temas sociales y políticos sensibles.