Este artículo de Jacob Resneck fue originalmente publicado en PRI.org el 24 marzo del 2016, y se republica aquí como parte de un acuerdo para compartir contenidos.
Ibrahim Esmael Ibrahim es un elegante joven de 26 años de Bagdad. Cuando lo conocí, estaba en el andén de la estación de tren en Idomeni, Grecia — aunque ahora no circulan los trenes. Ibrahim domina el inglés; cuando era adolescente consiguió un trabajo con GLS (Global Linguist Solutions), una empresa contratista con sede en Virginia que proporcionaba intérpretes para el ejército estadounidense durante la guerra de Irak.
Dice que le pagaban bien — 1500 dólares al mes más bonificaciones. Caía bien a los soldados, que le apodaron AP. Pero después de seis meses en el puesto, Ibrahim dice que su vida se vio amenazada por los insurgentes.
«Me dijeron: Te cortaré la cabeza si te vuelvo a ver aquí», recuerda.
La familia de Ibrahim le instó a abandonar el país. Pero antes de marcharse, envió un correo electrónico a sus sargentos estadounidenses predilectos para contarles lo que estaba pasando.
«Les conté lo que me pasó y me dijeron que presentara mi número de placa en GLS en la Zona Verde de Bagdad», dice, recordando el incidente 10 años después. «Así que fui allí y se lo di, y al día siguiente tomé un autobús hacia Siria».
En Damasco, encontró un trabajo de oficina en una empresa de telecomunicaciones. Pero soñaba con ir un día a EE. UU., donde vive su hermana. Su cuñado señaló que debido al servicio que había prestado al ejército estadounidenses en Irak, podría solicitar un visado de inmigrante especial en EE. UU.
Pero para eso, necesitaba prueba de su empleo. Así que escribió a GLS, la empresa con el importante contrato del Pentágono.
«No contestan, no me contestan», me dice. «Dicen que el contrato con el ejército estadounidense se liquidó y que no puedo conseguir mis documentos. Es muy difícil».
The World de PRI se puso en contacto con GLS en Virginia a mediados de marzo y dejó varios mensajes, pero aún no hemos recibido respuesta.
Ibrahim dice que permaneció en Siria durante unos años y luego se trasladó a la región kurda del norte de Irak donde hacía trabajos esporádicos «bajo mano». Pero dice que ser de etnia árabe era un problema allí; las autoridades kurdas le dijeron que regresara a Bagdad, pero tenía demasiado miedo de volver.
En lugar de regresar, cruzó la frontera con Turquía, donde conoció a una mujer afgana en 2014. Se casaron en una ceremonia religiosa. Ibrahim dice que ella consiguió llegar a Canadá, pero no puede reunirse con ella porque no tienen un certificado de matrimonio legalizado.
«Estoy solo. Mi esposa está en Canadá y mi hermana en Estados Unidos», dice Ibrahim. Sus padres están en Turquía y dice que su hermana podrá llevarlos a Estados Unidos dentro de unos meses, pero él podría tardar años en conseguir el permiso.
De modo que Europa es su destino preferido por ahora. Pero según el nuevo acuerdo de la Unión Europea con Turquía, es poco probable que pueda quedarse. La UE planea devolver a los solicitantes de asilo como Ibrahim que hacen la travesía de Turquía a Grecia. Turquía se ha comprometido a aceptarlos a cambio de alrededor de 6 mil millones de dólares en ayuda y otros incentivos.
La UE dice que el acuerdo disuadiría a la gente de pagar a contrabandistas y arriesgar sus vidas para hacer la peligrosa travesía del Egeo de Turquía a Grecia. Pero los críticos dicen que cuando una ruta se cierra, simplemente se abre otra.
Y las autoridades de derechos humanos dicen que la perspectiva de una deportación en masa es inhumana y, potencialmente, una violación del derecho internacional.
«Toda persona que busca protección tiene derecho a que su caso sea examinado caso por caso, según los méritos de cada uno», dijo a The World Nils Muiznieks, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.
Afirma que el acuerdo de la UE con Turquía amenaza con tirar ese principio por la ventana.