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“Se busca por robo”: la polémica campaña que perjudica a las radios indígenas en México

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Imagen de la campaña del IFT. Impresa en los periódicos de mayor circulación en México.

El pasado 6 de abril de 2016, diversas organizaciones de comunicación comunitaria rechazaron en conferencia de prensa la campaña mediática nacional “Se Busca por Robo”, impulsada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) organismo encargado de supervisar el uso y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones en México.

Las organizaciones, preocupadas porque actualmente cerca del 90% de las 200 radios comunitarias en México operan sin concesión, consideran que el lenguaje de la campaña es hostil, criminaliza y daña la imagen pública de comunicadores y medios comunitarios e indígenas, favoreciendo su estigmatización. Por ello, solicitaron al órgano regulador retirar la campaña por considerarla discriminatoria y violatoria de derechos humanos, además de difundir información falsa.

De acuerdo con el comunicado de prensa suscrito por tales organizaciones civiles y sociales, así como medios comunitarios, entre otros, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en su Art. 298 establece que la prestación de servicios de radiodifusión sin concesión constituye una infracción de tipo administrativo, razón por la cual no existe tipo penal alguno aplicable a esta conducta y mucho menos equiparable al robo.

La asociación civil Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad mencionó, en seguimiento a una carta que las organizaciones sociales hicieron llegar al IFT, que el coordinador general de Comunicación Social del órgano regulador reconoció que en efecto, transmitir sin concesión no es delito ni robo. En su respuesta, el coordinador también señaló lo siguiente:

[…] la campaña fue diseñada con el objetivo de concientizar sobre la importancia de contar con una concesión para proveer servicios de radiodifusión, a fin de evitar afectaciones a la sociedad y las consecuencias que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión: pérdida en beneficio de la Nación de bienes, instalaciones y equipos empleados, además de sanciones económicas.

Sin embargo, en la respuesta no hubo mención a la exigencia de retirar la campaña.

Al respecto, Aleida Calleja, quien ha trabajado por el reconocimiento de las radios comunitarias con base en la defensa de los derechos humanos desde hace tiempo, destaca que:

Si bien el IFT tiene la facultad legal y legítima para perseguir el uso ilegal e ilícito de frecuencias, y debe de hacerlo, convendría que hiciera públicos los criterios para aplicar sanciones para evitar el cierre de emisoras y persecución de proyectos que si tienen una vocación comunitaria e indígena, pero que desconocen los procedimientos administrativos para obtener su respectiva concesión. Aplicar a tabla rasa cierre de emisoras con su respectivo proceso penal puede dar lugar a una política persecutoria que nada tiene que ver con los derechos que el IFT está obligado a tutelar por  mandato constitucional.

En el comunicado de prensa de las organizaciones también se reconoce que la regularización de las emisoras es altamente deseable, pero puntualiza:

Si el IFT busca que los medios que no cuentan con concesión funcionen de acuerdo al marco normativo vigente, debe facilitar información que contribuya a ello e impulsar las obligaciones de pluralidad de los concesionarios existentes, asegurando un ambiente para el pleno ejercicio de la libertad de expresión.

Uno de los grandes obstáculos para que las radios comunitarias e indígenas logren obtener su título de concesión es la falta de información, adecuada y culturalmente pertinente, sobre el procedimiento y los trámites que deben seguir. Además de que el proceso administrativo aún no se ha simplificado.

Al expresar su rechazo a la campaña, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – sección México (AMARC-MX) cuestionó así al órgano regulador:

¿Qué ha hecho el IFT para demostrar que con la nueva LFTR [Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión] existe igualdad de condiciones para el acceso a las frecuencias y mayor diversidad de medios, qué políticas públicas de inclusión social ha adoptado para apoyar a los medios indígenas y comunitarios, qué recursos de diálogo ha adoptado para garantizar seguridad en el ejercicio de la libre expresión antes de pasar a emplear políticas persecutorias? Sin vocación democrática, las respuestas a estas preguntas se suplantan con la represión.

El experto en medios de comunicación indígena y telecomunicaciones, Erick Huerta, resumió el panorama de la siguiente manera:

Lo anterior se da en un contexto particularmente preocupante para las radios comunitarias en el país. Según lo reportó la revista Proceso, apenas el pasado 19 de marzo el IFT y la Procuraduría General de la República cerraron cuatro emisoras indígenas en Tlaxiaco, Oaxaca: La Máxima 107.9, La Perla de la Mixteca 96.5 FM, La Tlaxiaqueña 91.5 FM y Radical Stereo 98.3 FM. Además de detener a dos de sus comunicadores: el indígena triqui Heriberto Martínez Hernández, y el mixteco Héctor Cruz. Ello sin contar los diversos casos de allanamiento de medios de índole comunitario e indígena acontecidos con anterioridad.

En medio de este panorama, las organizaciones concluyen lo siguiente, de acuerdo con el blog independiente Homozapping:

Creemos que dada la situación de violencia, inseguridad y violación a los derechos humanos que priva en nuestro país, las acciones de este tipo nada abonan a la regularización de los medios y por el contrario, radicalizan posturas, provocando que las comunidades y organizaciones se alejen nuevamente de la relación de diálogo y negociación que recientemente se ha venido construyendo con el IFT.

De acuerdo con diversos medios, la segunda etapa de la campaña referida, está por iniciar en estos días. Habrá que darle puntual seguimiento a las acciones que se deriven de la misma.

Se puede escuchar la conferencia de prensa y consultar los diversos documentos que fueron presentados por las organizaciones desde el portal de la Red de Comunicadores – Boca de Polen.

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