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El amor en los tiempos del Zika en El Salvador

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Sara Garcia, activista de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Foto: Prometeo Rodríguez Lucero.

Este post, escrito por Hilary Goodfriend, fue publicado originalmente por NACLA. A continuación, una versión editada.

Mientras el virus del Zika, que asola Latinoamérica, avanza hacia el norte, la lucha por la justicia reproductiva en El Salvador suscita renovada atención. Frente a la alarmante posibilidad de que exista relación (aunque discutida) entre el virus transmitido por mosquitos y casos de microcefalia en lactantes, el Ministerio de Salud de El Salvador recomendó evitar embarazos durante dos años; en Brasil, Colombia, Jamaica y en otros lugares de la región las autoridades han emitido advertencias similares. Por otro lado, el 1 de febrero, la Organización Mundial de Salud declaró que el virus representa una emergencia mundial de salud pública.

Los defensores de los derechos reproductivos, tanto a nivel local como mundial, se han opuesto a las recomendaciones del gobierno de El Salvador en referencia a la planificación familiar: en El Salvador, la ley define el aborto como un acto criminal, sin excepción.

Algunos datos relevantes de contexto: En 2009, el partido de izquierda Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí (FMLN), accedió a la presidencia de El Salvador, al desbancar en las elecciones al partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que contaba con el apoyo de Estados Unidos, luego de 20 años de gobierno consecutivo. Con esa victoria el FMLN se convirtió en el primer gobierno progresista en la historia de El Salvador. En 2014, el partido obtuvo un nuevo mandato de cinco años.

Desde que llegó a la presidencia en 2009, el FMLN ha supervisado avances sin precedentes en el cuidado de la salud de las mujeres – pocas veces mencionados tanto en el país como en el extranjero. La Reforma Nacional de Salud del año 2010 estableció la creación de más de 600 clínicas de salud comunitarias en zonas rurales y desfavorecidas, con programas domiciliarios de atención pre y post natal a cargo de promotores de salud. Además, la demanda de atención ginecológica en clínicas públicas locales aumentó de 30,154 en 2009 a 313,521 en 2014. Estos programas, junto con la creación de centros de atención para embarazadas que viven en áreas con acceso hospitalario difícil, han reducido la mortalidad materna en un asombroso 68% desde 2009.

Además, el gobierno del FMLN inauguró un moderno Hospital Nacional de la Mujer para reemplazar el antiguo Hospital de Maternidad, que tras el terremoto de 2001 languideció durante años en mal estado. El FMLN también ha sido pionero de un modelo innovador, “Ciudad Mujer“, un programa que proporciona cuidado de la salud mental y reproductiva, apoyo legal, guardería infantil, crédito y capacitación para el trabajo en seis centros en todo el país, con tres más previstos para 2016. Y la legislación, impulsada por el FMLN, como la ley de equidad de género, la de igualdad y No Discriminación y la ley de vida libre de violencia contra la Mujer, proporciona un importante marco jurídico para los defensores de las mujeres.

Pero estos impresionantes avances contrastan completamente con la persistente penalización del aborto en El Salvador. En 1997, la legislatura controlada por la derecha aprobó el aborto punible sin excepción, uniéndose al lamentable club de países de la región, con la vecina Honduras y Nicaragua, Chile y la República Dominicana, cuyas legislaciones prevén la prohibición absoluta del aborto. En aquel momento, el FMLN dividió sus votos, algunos de sus legisladores se sumaron a los partidos de derecha a favor de la penalización mientras otros votaron en contra. Desde que la ley entró en vigor en 1998, un sinnúmero de mujeres se han visto obligadas a tratar de interrumpir el embarazo en condiciones clandestinas e inseguras. Más de dos docenas de mujeres han sido condenadas a prisión por los delitos de homicidio o aborto – muchas fueron detenidas cuando como consecuencia de un aborto involuntario debieron buscar atención médica. Con tantos logros en otras áreas para las mujeres, ¿Cómo es que esta prohibición inhumana del aborto aún subsiste?

El 3 de febrero, me reuní en San Salvador, capital de El Salvador, con Sara García de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto para discutir sobre el movimiento por la justicia reproductiva y la dinámica de poder político detrás de una de las leyes más severas contra el aborto del mundo. Los siguientes son algunos extractos de nuestra conversación.

¿Puede comenzar explicando de qué se trata la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto? 

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto surgió en el marco de una cumbre binacional en Nicaragua. El Salvador y Nicaragua tienen legislaciones muy similares; en ambos países no existen alternativas incluso cuando la vida o la salud de una mujer están en riesgo. Por eso en 2009 se realizó esta cumbre de organizaciones sociales para ver qué se podía hacer al respecto.

También en 2009, después de una amplia movilización movimiento social, logramos la libertad de Karina, una mujer que pasó siete años y medio en la cárcel. Muchas compañeras feministas sabían de este caso desde mucho antes de 2009. Ellas se involucraron, documentaron y reconstruyeron la historia y la trayectoria del caso. Era una mujer joven que recurrió al sistema de salud pública – el mismo sistema donde había sido esterilizada. Y más tarde se queda embarazada. Ella no sabía que estaba embarazada, pierde el embarazo, y cuando llegó al hospital, básicamente lo que le dijeron fue: “Usted ha cometido un asesinato”. Ellos atribuyen la culpa a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, y por lo tanto violan la presunción de inocencia. Después de revisar las sentencias fueron capaces de demostrar que Karina era inocente, que había habido errores durante todo el proceso judicial, y que un evidente estereotipo de género fue el motivo que derivó en su injusto encarcelamiento.

El Salvador no siempre tuvo estas leyes. Antes de 1998, existían alternativas. El aborto terapéutico, cuando la vida o la salud de la madre estaba en riesgo, era reconocido en la legislación, al igual que el aborto ético – cuando el embarazo es producto de violencia sexual – y el aborto eugenésico, cuando el feto era incompatible con la vida extrauterina. Así que estas tres causales existían antes de 1998, año en que entró en vigor la prohibición. En 1999, se produjo otro cambio importante a nivel constitucional cuando se reconoció que la vida humana comienza en el momento de la concepción. Esos dos cambios estaban destinados a poner fin a cualquier discusión acerca de los derechos reproductivos en este país.

En medio de todo esto un grupo de ciudadanos y compañeras de orígenes diversos – abogados, teólogos, psicólogos, filósofos – decidió decir, “Bueno, vamos a unirnos y ver cómo podemos trabajar en este tema”. Empezamos con esta necesidad de luchar por las mujeres que están en prisión, para que recuperaran su libertad, pero también para recuperar lo que teníamos. Como Agrupación Ciudadana, tenemos que recuperar lo que teníamos en nuestro país. No estamos inventando nada nuevo, ya que solíamos tener una legislación que al menos ofrecía alternativas en casos extremos.

Necesitábamos construir una voz que no hable del aborto como un pecado, sino que hable del aborto como un derecho. Creo que también estamos tratando de construir el diálogo, ya que estas leyes son tan sesgadas. […] Al final, sin diálogo, nunca vamos a construir esa democracia, justicia y paz de las que queremos hablar, si todas las voces no son escuchadas.

Sara Garcia and members of the Citizen Group protest against unjust abortion laws in Central America (Photo by Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto)

Sara Garcia e integrantes de Agrupación Ciudadana protestan contra las injustas leyes que penalizan el aborto en América Central (Foto por Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto).

¿Qué actores y fuerzas políticas están obstruyendo la justicia reproductiva en El Salvador hoy?

El caso de Beatriz [en 2013] permite ver con precisión cómo las mujeres tienen problemas para acceder a la justicia reproductiva. Ella era una mujer de 22 años, embarazada de un feto anencefálico, es decir, que no tenía cerebro, y que también padecía lupus. Beatriz solicitó una medida cautelar porque no podía interrumpir su embarazo. Varias organizaciones de derechos humanos la apoyaron. Sin embargo, el proceso llegó a la Sala Constitucional de la Corte Suprema, y esta retrasó el proceso durante 81 días, mientras su vida corría peligro. La hicieron esperar 81 días para una respuesta, y en esos 81 días varios actores diferentes intervinieron.

La sala constitucional solicitó un dictamen del Instituto Nacional de Medicina Forense, el cual se expidió diciendo que Beatriz debía continuar su embarazo porque su vida no estaba en riesgo. Esta opinión fue redactada por el director del Instituto de la época, [Miguel] Fortin Magaña, alguien que ha sido muy abierto acerca de sus puntos de vista del Opus Dei. Él se dirigió a la prensa diciendo, “No, Beatriz puede vivir, ella está muy bien.” Y eso fue bastante contradictorio, porque en el hospital donde estaba Beatriz – un hospital público – un equipo de 15 médicos firmaron una declaración diciendo que era necesario interrumpir el embarazo. El Ministro de Salud en aquel momento también estaba a favor. Incluso el director del hospital le dijo a Fortin Magaña: “Usted asiste a personas muertas, nosotros atendemos pacientes vivos. ¿Cómo es posible que alguien que asiste a los muertos diga que ella puede seguir viviendo?”

Además, estaban los grupos fundamentalistas, que llegaron al extremo de organizar conferencias de prensa en las que dijeron que le iban a donar sombreros a Beatriz para el niño con el fin de ocultar el hecho de que no tenía cerebro. ¡Es un nivel de cinismo que es difícil de imaginar!

Así que esta fue una mujer que incluso contó con el apoyo del Ministerio de Salud, porque entendían su caso. Este caso demuestra lo difícil que es para las mujeres tener acceso a la justicia, debido a que estos fundamentalistas han ido calando en ciertas instituciones y tienen poder. Ellos son parte de los medios de comunicación, e incluso actúan en connivencia con instituciones como la Sala Constitucional, que bien puede ser respetable en otros asuntos, pero en la cuestión de los derechos reproductivos tiene una enorme deuda con las mujeres, la ciudadanía y los derechos humanos en general.

Al final, Beatriz consiguió interrumpir el embarazo, pero sólo después de esperar todo ese tiempo. Pero creo que es importante reflexionar sobre este caso, debido a que estos obstáculos institucionales provienen de una ideología fundamentalista que se ha materializado en la legislación y en políticas absolutistas y absolutamente prohibitivas.

A menudo en la comunidad internacional se habla del gobierno salvadoreño como si fuera monolítico, pero ¿qué rol ocupa el sistema judicial frente al poder legislativo y frente al ejecutivo? 

Sí, creo que es muy importante analizar eso. Estamos hablando de un sistema de justicia que tiene evidentes y enormes deudas, pero sin duda creo que este gobierno de izquierda, que está ahora en su segundo mandato, ha tenido los derechos y la lucha de las mujeres en el centro de su política y visión. Esto ha quedado claramente demostrado en una amplia gama de programas. Y creo que es importante mostrar estas contradicciones. Por un lado está el comportamiento del poder judicial y de la Corte, que en mi opinión es bastante reprochable, y por otro, el de la legislatura, que como es diversa no se puede generalizar. Se han realizado importantes acciones [en la legislatura]. Por ejemplo el año pasado un legislador del partido de izquierda patrocinó una iniciativa para modificar el Código Penal para elevar las penas para los delitos de odio [motivados por la orientación sexual o identidad de género]. Y esto nos permite ver que se produjeron cambios en este país que son muy importantes, y que nunca antes se vieron – todo el tema de la diversidad sexual y del colectivo LGBTQ es otra deuda pendiente con la población y es muy importante mencionarla. En efecto, existen esfuerzos progresivos tendientes a promover estos derechos que históricamente se les han negado.

Sin embargo, creo que la comunidad internacional – y también organizaciones nacionales- deben continuar abogando por estos derechos. Como he dicho antes, el aborto se ha convertido en un tema políticamente peligroso para apoyar, y eso debe cambiar: el peligro político debe ser para aquellos legisladores que no están a favor de la vida de las mujeres, para los que no están en favor de salvar una vida que está en riesgo. Tenemos que hacer que esa postura tenga un costo político.

Creo que el hecho de que los legisladores del FMLN tengan un compromiso histórico con los derechos humanos podría permitir la discusión, el debate y reformas en la ley en 2016 – como una cuestión de justicia social y de salud pública. El panorama político actual en la Asamblea ofrece oportunidades; la presidente de la Asamblea [Lorena Peña del FMLN] está comprometida con la lucha por los derechos de la mujer. Creo que el hecho de que los legisladores del FMLN tienen un compromiso histórico con los derechos humanos podría permitir la discusión, el debate y los cambios en la ley en 2016 – como una cuestión de justicia social y de salud pública. Sabemos que incluso en los partidos de derecha hay posiciones disidentes, y algunos legisladores se han pronunciado sobre esta cuestión y sobre cuestiones de diversidad sexual.

Photo by Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto

Foto: Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto

Entonces, ¿Qué pasa con el Zika? ¿Cuál ha sido el impacto del problema del Zika en el debate sobre el aborto, y cuál es su evaluación respecto a las medidas implementadas por el Ministerio de Salud?

Frente a la llamada emergencia del Zika, el Ministerio de Salud en nuestro país ha respondido con diversas acciones: ha informado a la población de los riesgos del embarazo mientras existen altas tasas de infección de Zika, le ha recomendado a las mujeres evitar embarazos durante los próximos dos años. Con el fin de facilitar el acceso a la planificación familiar, ha apoyado la distribución de anticonceptivos, y también está proporcionando control y atención médica a embarazadas que han tenido Zika. Hasta la fecha no ha habido casos de [embarazos] afectados por microcefalia; recién en agosto de 2016 se podría ver el impacto de esta epidemia. Al mismo tiempo, las campañas para erradicar el mosquito Aedes aegypti, transmisor del Zika, se han intensificado. El Ministerio de Salud ha declarado que la legislación actual impide que las mujeres infectadas con Zika realicen una interrupción legal y segura de su embarazo en el sistema sanitario público.

Pensamos que es correcto que el ministerio informe al público sobre los efectos del Zika en el feto cuando una mujer contrae la enfermedad durante el embarazo. Sin embargo, pensamos que aconsejar a las mujeres evitar el embarazo es una medida insuficiente y de difícil aplicación por varias razones. En primer lugar, el estado debe garantizar la salud de la población, erradicando la enfermedad y los riesgos de contagio, aunque la participación ciudadana también es importante para lograrlo. La responsabilidad de no quedar embarazada no debe recaer sobre las mujeres, debido a que todos los embarazos implican un hombre que también debe asumir su responsabilidad. También debemos tener en cuenta que en este país el 39% de los embarazos no son planificados, debido a falta de información sexual y reproductiva, el difícil acceso a métodos anticonceptivos, y en muchos casos a violencia sexual, abuso, violación, incesto o relaciones no consentidas que permanecen impunes.

Esta situación podría generar un problema grave de salud pública en El Salvador, dado que el nacimiento de un gran número de niños con microcefalia requeriría educación especializada y atención médica que el Estado debe garantizar. Además, al igual que en otros países de América Latina, se puede esperar un incremento en el número de abortos inseguros a los que se someten mujeres que son incapaces de llevar a término un embarazo con deformaciones fetales, pero que no encuentran alternativas legales y seguras para interrumpirlo – que resulta en un aumento de la tasa de mortalidad materna.

Puede leer la entrevista completa aquí.


Hilary Goodfriend es investigadora en El Salvador, graduada en Estudios de América Latina en la Universidad de Nueva York y está terminando su tesis de maestría de la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador.

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