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Tras meses de investigación existen más dudas que certezas en el caso Ayotzinapa

¡¿Dónde están?! Ayotzinapa. Faltan 43. Foto del usuario Flickr Uriel López. Usada bajo licencia CC 2.0

¡¿Dónde están?! Ayotzinapa. Faltan 43. Foto del usuario Flickr Uriel López. Usada bajo licencia CC 2.0

¿Dónde están los 43 estudiantes de Ayotzinapa? Es la pregunta que sigue sin respuesta a 19 meses de que un grupo de jóvenes aprendices de docencia fue privado de la libertad en México por agentes de la policía local, aun después de que peritos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyeron con sus trabajos de coadyuvancia con las autoridades del país.

Verdad histórica

La “verdad histórica” sostenida por el gobierno mexicano consiste en que los 43 estudiantes fueron privados de la libertad por agentes de las policías municipales de Iguala y Cocula, en el estado de Guerrero (oeste de México), para prevenir que llegaran a una protesta a la que iban en camino. En esta versión, los 43 jóvenes fueron entregados a miembros de la delincuencia organizada y ejecutados en distintos lugares y momentos. Los cuerpos inertes de los jóvenes después fueron llevados al basurero de Cocula donde, en una gran pira de varias horas de duración, fueron incinerados para posteriormente triturarlos y arrojarlos al Río San Juan.

Desde que el gobierno mexicano, por conducto del entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, dio a conocer esta “verdad histórica” el término ha sido fustigado por la opinión pública, sin poner atención a que se trata de una descripción técnico-jurídica de uso cotidiano en tribunales para referirse a la meta del Ministerio Público de indagar y describir lo acontecido en hechos relevantes al derecho penal. No es un adjetivo que califique la investigación como una verdad absoluta.

Lo cierto es que sectores de la población desconfían de dicha “verdad” y buscan con denuedo que sea refutada. De ahí que la participación de un panel de peritos internacionales resultara bienvenida. En noviembre de 2014, el Estado Mexicano y la CIDH suscribieron un acuerdo para que el llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) brindara asistencia técnica en la búsqueda con vida de los desaparecidos, ello durante un periodo de 6 meses, prorrogable “por el tiempo necesario para su cumplimiento”.

En Twitter, desde la cuenta oficial del grupo, constantemente se recuerda el objetivo:

Usuarios como Miguel, plantearon lo que muchos esperaban del GIEI:

Con el último día de abril de 2016, terminó la prórroga del acuerdo en cita, lo cual conllevó al cierre de actividades de GIEI y su salida de territorio mexicano.

¿Cuál es la “verdad” del GIEI?

Aquí es donde la cuestión se complica. Muchas personas inconformes con el gobierno y la forma en que ha atendido el asunto, asumieron que el GIEI tendría como consigna irrevocable el destruir la “verdad histórica” de Murillo Karam. Se pensó pues que el GIEI establecería una nueva teoría del caso en la que se evidenciara un mal manejo por parte de los investigadores y peritos mexicanos.

Ello –al parecer– no ocurrió, o no del todo. Ninguna actividad del GIEI demostró que los hechos hayan ocurrido de una manera diametralmente opuesta a la establecida por las autoridades mexicanas. El debate se ha centrado en el destino final de los cadáveres, que según algunos miembros del grupo, no era posible que hubiesen sido quemados en el basurero de Cocula. Este punto central, sobre la forma en la que los delincuentes pudieron haber dispuesto de los cuerpos, ha sido estudiado también por el Equipo Argentino de Antropología Forense (que intervino en la investigación a solicitud de los familiares de los desaparecidos) que en esencia no ha negado que la quema ocurriera, mas sí ha acusado que no se les permitió acceso a ciertas diligencias en las que se recuperaron indicios.

La ausencia de una nueva teoría del caso provocó malestar entre algunas personas, como se ilustra con este comentario del usuario de Twitter, Fernando Lozada Cruz:

De la asistencia técnica que el GIEI –por mandato– tendría que haber brindado para la búsqueda con vida de los desaparecidos, poco se sabe; únicamente se conoce que la búsqueda (con asistencia o sin ella) ha sido infructuosa, pues los estudiantes no aparecen, salvo uno de ellos cuyos restos calcinados fueron identificados por la Universidad de Innsbruck (Austria), prestigiada institución que también ha coadyuvado en las investigaciones.

Homenaje urbano en la CDMX en el que se muestran fotos de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Imagen del autor.

Homenaje urbano en la Ciudad de México en el que se muestran fotos de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Imagen del autor.

El “elefante en la habitación”: la tortura

En sus recomendaciones finales, el GIEI llamó la atención sobre el tema de la tortura, que denunciaron haber sufrido algunas de las personas detenidas a las que se les imputan los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre en Guerrero. La tortura no fue descubierta por el GIEI sino que está presente en varios tomos de la averiguación previa, incluso con la certificación de peritos en el tema que recomendaron la aplicación del Protocolo de Estambul, un instrumento internacional para la investigación efectiva de este tipo de prácticas. No obstante, a la fecha ningún agente del Estado ha sido responsabilizado por esta violación a derechos humanos en el presente caso.

El portal SinEmbargo, recogió en un texto la referencia a la tortura por parte de los expertos:

Al menos 17 de las personas detenidas, relacionadas con el caso, sufrieron algún tipo de maltrato físico o tortura, entre ellos, los cinco presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos cuyas declaraciones son la base de la teoría sobre el homicidio y quema de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, Guerrero.

La tortura es inaceptable en todos los contextos, pero no sorprendente tratándose del Estado mexicano, ya que otras autoridades internacionales han apuntado que es una práctica generalizada en el país y que normalmente queda impune. Hasta el momento, el caso de los detenidos por los hechos violentos de Iguala pareciere no ser la excepción.

La salida del GIEI

Antes de abandonar el país, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se enfrascó en una disputa con Tomás Zerón –quien encabeza la Agencia de Investigación Criminal de la PGR– acusando que participó en diligencias que no coinciden con lo asentado en el expediente, una de ellas en la que incluso acudió al Río San Juan con uno de los imputados quien no estuvo asistido por su abogado. Este hecho fue parte de una de las recomendaciones antes mencionadas:

Por otra se necesita investigar, tomando en cuenta la evidencia presentada por el GIEI, la actuación de los funcionarios que aparecen en el video el día 28 de octubre de 2014 en la orilla del Río San Juan realizando inspección del lugar con un inculpado, la recogida de evidencia en el río y el ocultamiento de dichos procedimientos al EAAF.

Zerón ha negado cualquier actuación indebida y supuestamente ahora es investigado por la propia PGR.

El caso Ayotzinapa ha marcado el regreso del Partido Revolucionario Institucional al Poder Ejecutivo en México. Se trata de un episodio de ignominia que evoca la impunidad de los priístas por la Masacre de Tlatelolco en 1968 –donde el número de víctimas sigue sin conocerse– así como otros lúgubres acontecimientos en los que el derecho a la verdad ha sido abrumado, opacado, y el acceso a la justicia sigue sin llegar.

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