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La lucha por controlar la narrativa en la crisis de Burundi

President Jacob Zuma visits Burundi, 25 Feb 2016. Photo Credit: GovernmentZA. Flickr, CC licence.

El presidente sudafricano Jacob Zuma visita Burundi, 25 de febrero de 2016. Foto en Flickr de GovernmentZA. con licencia CC.

La crisis política de Burundi, que ya dura un año y que empezó por el controvertido tercer periodo del presidente, ha creado un “clima de temor, desconfianza e ilegalidad”, en palabras de Human Rights Watch. El relator especial de las Naciones Unidas, Christof Heyns, describió la violencia como pasando de “abierta” a “cubierta”, con arrestos, desapariciones, tortura y asesinatos.

En la tensa incertidumbre, controlar la narrativa es fundamental para la legitimidad. Los ministros del gobierno hablan contra los críticos con reconvenciones para desacreditar a los investigadores de derechos humanos y la oposición. Las personas con opiniones que discrepan de la línea oficial son calificadas como ‘terroristas golpistas’ y las protestas se enmarcan como ‘insurrección’, mientras que las críticas internacionales se rechazan como desinformadas o imperialistas.

El espacio para una prensa libre e independiente se ha reducido considerablemente. El índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras 2016 de Burundi cayó 11 lugares, al 156 de 180, que Alexandre Niyungeko, presidente del Sindicato de Periodistas Burundeses, comentó que seguía siendo indulgente.

Cinco estaciones de radio fueron cerradas a la fuerza en mayo de 2015 durante un golpe fallido el mismo mes, que intentó sacar del poder al presidente Pierre Nkurunziza. Eso hizo difícil el acceso a una cobertura independiente, sobre todo porque muchos burundeses dependen de la radio. A la estación independiente Isanganiro y a la estación Rema, afín al goberno, recientemente les permitieron reabrir –tras meses de silencio forzado– aunque bajo un ‘acuerdo’ potencialmente restrictivo. Isanganiro publicó este video que muestra daños a sus oficinas por el ataque, presuntamente por parte de la policía, que tuvo como resultado su cierre temporal.

(In)seguridad

La discrepancia con la decisión de Nkurunziza de postular a un tercer periodo el año pasado. que se manifestó primero en protestas y campañas ciudadanas, a la larga se convirtieron en enfrentamientos y rebeliones armadas. El gobierno ha respondido con mano dura, y ha empujado a los discrepantes al exilio o el silencio.

Los ministros minimizan la violencia y los problemas económicos, diciendo que el país es 99% seguro, a pesar de las muertes y la actual huida de refugiados, lo que ha dejado a algunos distritos casi vacíos. Asesinatos como los del coronel Darius Ikurakure y el general Athanase Kararuza, y los arrestos, suponen divisiones militares, y algunos notan que los políticos tienen asignados fuertes guardias, a pesar de sus declaraciones de seguridad. El Fondo Monetario Internacional estimó que el Producto Bruto Interno (PBI) de Burundi se redujo 7 % en 2015, y que los precios se han multiplicado.

El periodista keniano Victor Ndula se burló de esto con una caricatura de Nkurunziza en una tina de baño llena de la sangre del país:

Nkurunziza: El estado soy yo.

El colectivo periodístico clandestino SOS Médias Burundi resumió la mortal inseguridad:

En la imagen: 46 muertos, incluidos ocho oficiales de policía y dos soldados; 115 granadas arrojadas, 112 en Bujumbura; 215 heridos; 150 rebeldes arrestados (fuente de seguridad).
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Balance del primer trimestre de 2016 (fuente de seguridad).

Las voces discrepantes se arriesgan a la violencia y muchos han huido, desde miembros del partido de gobierno y militares a periodistas. La reducción de medios, la inseguridad y un aumento del control policial hacen que verificar la información sea difícil, sobre todo fuera de la capital, Bujumbura. Significativamente, SOS Médias Burundi destacó las diversas cifras de muertos.

Por ejemplo, para el 1 de abril de 2016, 381 personas habían muerto en la crisis, según la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos, entidad de derechos humanos autorizada por el estado. Pero las Naciones Unidas dice que son 474, y la Asociación Burundesa para la Protección de Derechos Humanos y de Personas Detenidas, destacada organización nacional de derechos humanos, enumera 690. Otros advierten que las cantidades son mucho mayores.

A pesar del acoso y los cierres, los reporteros han presentado grandes cantidades de evidencia de violencia por parte de agentes de seguridad y del ala juvenil del gobierno de Imbonerakure, al igual que atacantes rebeldes y no identificados. Los reporteros están trabajando continuamente para descubrir datos, y SOS Médias Burundi anunció un formulario para recopilar testimonios.

Hombres presentados por la policía como rebeldes rendidos han admitido una amplia gama de delitos, desde asesinatos políticos a montar videos para reporteros extranjeros, hasta matar a monjas católicas e incluso quemar un supermercado. Estas “revelaciones” han sido cuestionadas. Escudriñando contradicciones y evidencias perdidas, el importante periódico independiente Iwacu destacó sospechas de confesiones montadas, para limpiar convenientemente a los servicios de seguridad de diversos casos mientras se culpa a la oposición.

Abusos de derechos humanos

En medio de llamados a un diálogo inclusivo y con mediación internacional, el gobierno llevó a cabo sesiones de un diálogo interno entre burundeses, pero con la mayor parte de la oposición y muchos civiles en el exilio, los partidos de oposición restantes lo llamaron una “farsa”, y consideraron que logra poco más que repetir la retórica oficial.

Organizaciones de derechos humanos y el gobierno reiteradamente han entrado en conflicto. Pierre-Claver Mbonimpa, de la Asociación Burundesa para la Protección de los Derechos Humanos y de las Personas Detenidas recibió un tiro en un aparente intento de asesinato, aunque sobrevivió. Y Marie-Claudette Kwizera de la organización burundesa de derechos humanos Ligue ITEKA desapareció.

A los servicios de seguridad se les acusa de responder a un ataque rebelde en diciembre atacando arbitrariamente barrios ‘rebeldes’, donde han matado posiblemente a más de 100 personas. El informe de Amnesty International mostró imágenes de satélite de presuntas fosas comunes, que concuerdan con relatos de testigos oculares. Fueron negados, y el gobierno posteriormente anunció que encontró varias fosas comunes realizadas por rebeldes. Sin embargo, Iwacu escribió que hubo grave debilidad en el testimonio y evidencia brindada por el gobierno.

Un detenido presentado por la policía también acusó a Human Rights Watch, que ha criticado varias investigaciones oficiales del gobierno por matanzas extrajudiciales por omitir abusos de los servicios de seguridad, y por lo tanto, de afianzar la impunidad, de montar filmación de violación. La organización negó las acusaciones, y destacó que ni siquiera ha informado específicamente sobre el asunto.

Definitivamente, pueden ocurrir errores en los reportajes, como el programa francés de televisión “Le Grand Soir 3″, que transmitió el video de una falsa filmación de violencia, que causó significativa controversia. Aunque esto no invalida otra evidencia por extensión.

¿Crítica internacional, o ‘complots'?

Testimonios informados independientemente implicaron a Ruanda en la capacitación de insurgentes, lo que el país niega, una interferencia que podría ser seriamente provocadora. Figuras del gobierno usaron estas acusaciones para culpar por la crisis más generalmente a Ruanda, aunque tratando retóricamente de exteriorizar los problemas subyacentes de la crisis.

El 12 de marzo, la policía presentó a un detenido como un espía militar ruandés, aunque su propia familia dijo al reportero Esdras Ndikumana que no era un soldado. El presidente de Ruanda, Paul Kagame, incluso fue acusado de intentar “exportar el genocidio”, y otras declaraciones que implicaban al gobierno de Ruanda en el accidente de aviación de 1994 donde murieron los presidentes burundés y ruandés.

Representantes del gobierno también han hecho referencia a ‘complots’ internacionales, implicando a actores desde El Vaticano a la Unión Europea. El embajador de Burundi en las Naciones Unidas, Albert Shingiro, rechazó los informes de la organización sobre la crisis como “parcializadas“, lo que a su vez enfrentó algo de escepticismo:

¡Pruébenlo! Su gobierno ilegal ha perdido credibilidad. Algún día enfrentarán la música también.

El aislamiento diplomático continúa con la suspensión de la cooperación de la Organización Internacional de la Francofonía, que representa a los países francoparlantes del mundo, seguida de la interrupción de la ayuda de la Unión Europea. La presión internacional ha ido un poco más allá de las sanciones, aunque las conversaciones largamente paralizadas se programaron para llevarse a cabo el 2 de mayo, dirigidas por el expresidente tanzano Benjamin Mkapa, y el fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda anunció un examen preliminar de la crisis.

Luego de la delegación de la Unión Africana en febrero, se dieron a conocer dos comunicados que confundieron su posición. El comunicado del presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, en términos generales llamó a todos los actores ‘importantes’ a dialogar mientras el comunicado de la Unión Africana fue más específico y llamó al diálogo sin condiciones previas, y vinculó la ayuda internacional a la mejora de la seguridad. Esta confusión permitió esencialmente que los ministros eligieran su declaración favorita de la Unión Africana y eludieran la presión para un diálogo más amplio.

¿Cómo es que una declaración del miembro de una delegación reemplaza la del órgano que lo delegó?

Elecciones mortales

La lucha por la narrativa es central para la crisis. A los críticos al gobierno se les rechaza por complotar o se les vincula con la insurgencia, lo que los convierte en ‘terroristas’, etiqueta usada en muchos contextos para justificar mayores represiones al desacuerdo político, violento y pacífico.

De manera similar, los partidarios del gobierno y los trabajadores de los servicios de seguridad han sido asociados colectivamente con las tácticas represivas del gobierno. Por ejemplo, Louise Riziki, bloguera de la comunidad de blogueros Yaga, contó cómo un policía de Musaga, un distrito ‘rebelde’ de Bujumbura, se sintió atrapado entre estar aislado socialmente y mantener su trabajo para mantener a su familia. De esta manera, la afiliación política se reduce a una elección binaria, divisiva, peligrosa.

La represión de los servicios de seguridad y los ataques rebeldes en represalia señalan uno al otro como justificación. Mientras se luche por la narrativa, el pueblo seguirá temiendo mortales ataques y una recesión sofocante.

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