Las preguntas sobre las posibles conexiones del partido de Keiko Fujimori y el narcotráfico levantan dudas sobre su efectividad en la lucha contra la corrupción si es elegida como jefe de Estado del Perú. Fotografía de Néstor Soto Maldonado. Publicada bajo licencia Creative Commons (CC BY-NC 2.0).

Las disputas y los escándalos empañan el panorama en las elecciones presidenciales del Perú. Esta vez con denuncias de conexiones entre el narcotráfico y el congresista Joaquín Ramírez, secretario general del partido Fuerza Popular, bajo el que Keiko Fujimori se ha postulado a la presidencia. La noche del domingo 15 de mayo de 2016, el programa de televisión local Cuarto Poder transmitió un informe realizado con Univisión según el cual Ramírez estaría siendo investigado por la DEA (la agencia estadounidense dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas). Al congresista se le acusa por lavado de activos, delito por el que está siendo investigado también dentro del Perú.

Además de estas revelaciones, dos días después el diario La República y el medio independiente Ojo Público revelaron una investigación llamada Operation Untouchables: The Arevalo Drug Trafficking Organization llevada a cabo por la DEA y la Dirandro (Dirección Antidrogas de la Policía Nacional) que está en curso desde 2011. En la investigación se sigue los pasos de Miguel Arévalo Ramírez, alías ‘Eteco’, el capo de la droga peruano, y se ve involucrado también a Joaquín Ramírez.

Ciertas declaraciones del congresista han implicado también a la propia Keiko Fujimori. La candidata presidencial rápidamente desmintió las acusaciones y acusó a su contrincante, Pedro Pablo Kuczynski, de estar tras una estrategia de «guerra sucia», pero no dio más declaraciones. Al mismo tiempo, la DEA rehusó hacer comentarios sobre la investigación, pero emitió un comunicado en el cual aclaraban que Keiko Fujimori «ni está siendo investigada, ni lo ha estado con anterioridad».

A pesar de todo, los cibernautas en Facebook tomaron las redes para hacer públicas sus propias deducciones y especulaciones, pues los indicios de una relación entre el fujimorismo y el narcotráfico tiene larga data. La antropóloga Sandra Rodríguez por ejemplo, pide que se le quite la inmunidad parlamentaria a Joaquín Ramírez y recuerda otros hechos:

Fidel Ramírez, el tío de Joaquín Ramirez, fue un estrecho colaborador de Montesinos [quien fue asesor del ex-presidente Alberto Fujimori -el padre de la candidata presidencial-]. Ahora su sobrino, Joaquín Ramirez, es el Secretario General de Fuerza Popular. Y hoy, ante el escándalo del lavado de 15 millones de Keiko por Joaquín, entendemos por qué. No sólo porque el lavado de dinero es la columna vertebral de ese partido. Sino porque el vínculo entre el narcotráfico y la política, tan bien orquestado por el dúo Montesinos-Fujimori durante los 90s nunca se rompió. Sólo se ha reorganizado con los hijos y sobrinos de los viejos mafiosos

El comunicador Álvaro Campana por su parte, hace una relación de todas las circunstancias en las que Keiko Fujimori entraría en contacto con dinero de procedencia no aclarada, aquí algunas:

1. Keiko Fujimori recibió en el 2011 US$10,000 de un acusado por narcotráfico que se llama Eudocio Martínez, más conocido como Oyuquito. ¿Cuáles son entonces las conexiones de Keiko Fujimori con la economía ilegal?.

2. Keiko Fujimori hizo una rifa que recaudó un millón y medio de soles y sólo invirtió 39,000 soles. Y nadie cobró el premio de la camioneta que se rifó. ¿Encubrimiento de fondos de campaña?.

Los medios y el periodismo entran en el combate

El mismo día lunes, el conductor Chema Salcedo de la cadena local RPP, entrevistó a Gerardo Reyes de Univisión, el periodista que ha llevado la investigación sobre las acusaciones. Salcedo pidió pruebas, Reyes respondió que con la palabra de los representantes de la DEA era suficiente. Salcedo minimizó la validez de esto y cuestionó las competencias de Reyes, a pesar de sus numerosos reconocimientos (entre ellos un premio Pulitzer). Reyes, por su parte, explicó en otros medios los pormenores de la investigación.

Las reacciones no se hicieron esperar. El sitio web Clases de Periodismo llamó a esta entrevista una extraña lección de periodismo:

Hay ocasiones en las que los periodistas se creen dueños de la verdad. Ocasiones en las que se creen jueces y resultan implacables. Y en este caso, el conductor de Radio Programas del Perú (RPP), Chema Salcedo, adoptó otro papel: en no pocos momentos parecía más el abogado de Keiko Fujimori que un periodista interesado en la investigación realizada por Univisión y Cuarto Poder.

El escritor Gustavo Faverón opina que ante el informe que revela «la enésima conexión entre el narcotráfico, el lavado de dinero y la candidatura de Keiko Fujimori» los periodistas de simpatías fujimoristas atacan la, según ellos, poca rigurosidad del informe.

Pero más allá de eso, Beto Ortiz, Chema Salcedo y las otras geishas reflotadas deberían pensarlo dos veces antes de ejercer el periodismo como tapadera para delincuentes. ¿No es suficiente con no investigar nunca nada ni descubrir jamás las oscuridades de los políticos más corruptos del país? ¿Ahora van a correr a silenciar o despreciar las cosas que descubren los periodistas de verdad?

Joaquín Ramírez responde, pero los electores dudan

El congresista Ramírez, principal acusado en el informe, negó que esté siendo investigado por la DEA y anunció que iniciará acciones legales contra los periodistas que propagaron la noticia. Del mismo modo, relacionó la denuncia con la campaña que, según Ramírez, tiene como propósito perjudicar a Keiko Fujimori. Sin embargo, no mostró documentos que acrediten el origen de sus varias propiedades y activos por los que viene siendo investigado.

A pesar de su proclamada inocencia, el 18 de mayo Ramírez dio un paso al costado y dejó, mediante una licencia, la función de Secretario General del partido de Keiko Fujimori.

Pero ahí no acabo todo para la candidata. El día 20 se supo que tanto Fujimori como esposo están siendo investigados por la Fiscalía por presunto lavado de activos.

En medio de todas estas denuncias, el domingo 22 se realizó un primer debate entre ella y Pedro Pablo Kuczynski, el cual estuvo lleno de ataques provenientes de las dos partes. Mientras los analistas políticos no daban un claro ganador, el medio Ojo Público realizó una verificación factual de algunas de las declaraciones hechas por ambos políticos durante el debate, y encontró que de tres declaraciones de Fujjimori contrastadas, las tres eran falsas, mientras que las de Kuczynski eran falsas, engañosas o discutibles.

Las dudas se ciernen sobre el electorado a apenas días de las elecciones. Los nexos entre el narcotráfico y el partido fujimorista siguen sin aclararse y dejan numerosas preguntas abiertas. Más aún cuando la propia fiscalía ha señalado que el partido fujimorista pone trabas a las investigaciones que se realizan en su contra. A pesar de todo, las más recientes encuestas dan ventaja a Fujimori sobre Kuczynski.

Se abren también dudas sobre el rigor de la información dados los nexos entre el periodismo y política que se han evidenciado con estas controversias. Para muchos, esto hace recordar a las estrategias con los medios por las que se conoció a Alberto Fujimori en los años 90.

Como consecuencia, algunas organizaciones y políticos han expresado sus reservas respecto a que un eventual gobierno de Keiko Fujimori pueda efectivamente combatir la corrupción. Los testimonios reflejan, al contrario, el temor de que la administración se convierta en un gobierno en el que impere la impunidad, o incluso, que los lazos con el narcotráfico puedan estrecharse y dejen al Perú en la vía para convertirse en un narcoestado.