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Cuatro años y un presidente destituido después, la masacre de Curuguaty de Paraguay sigue en las sombras

A poster from SomosObservadores campaign during a protest | Photo: SomosObservadores/Facebook

Afiche de la campaña SomosObservadores durante una protesta. Foto: SomosObservadores/Facebook.

Las primeras horas de la mañana del 15 de junio de 2012 cambiaron la historia de Paraguay. Sesenta campesinos sin tierra –hombres, mujeres y niños– que ocupaban un lote de terreno público de 2,000 metros cuadrados en la ciudad de Curuguaty se despertaron con el sonido de helicópteros que volaban sobre sus cabezas. Poco después, 300 oficiales armados del ejército paraguayo y las fuerzas especiales de la policía llegaron a la propiedad exigiendo que los campesinos sin tierra salieran del lugar.

No pasó mucho tiempo antes de que empezara el tiroteo. Unas cuantas horas después, 17 personas –11 campesinos y seis oficiales de policía– estaban muertos. Y siete días después, el presidente Fernando Lugo fue destituido.

Casi cuatro años después de la masacre de Curuguaty, el caso sigue rondando las cortes de Paraguay. Catorce personas, una de menor de edad, fueron acusados con delitos relacionados con la tragedia, incluida asociación ilícita, intento de homicidio y la muerte de seis oficiales de policía. De ellos, once enfrentan juicio juntos en un proceso que ha sido pospuesto una y otra vez a lo largo del año pasado.

Ningún oficial de policía fue imputado por la masacre. Ni una sola persona fue acusada formalmente de participar en la muerte de los 11 campesinos sin tierras.

Desde el comienzo, denuncias de violaciones de derechos han perseguido el manejo del caso por parte de las autoridades. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la investigación y un relator especial de las Naciones Unidas señaló que solamente se enjuició a campesinos por la masacre, como un indicador de la falta de objetividad del sistema legal.

Los observadores han indentificado otras inconsistencias en la narrativa oficial. Por ejemplo, aunque los oficiales de policía manifestaron que no estaban armados cuando entraron a la zona de Marinakue –la tierra público-privada que los campesinos estaban ocupando– la evidencia fotográfica demostró lo contrario.

El año pasado, en el día en que empezó el juicio, 12 acusados decidieron despedir a sus abogados por falta de confianza y solicitaron defensa pública. Recientemente, su nueva defensa presentó una solicitud a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos para que se suspenda el juicio.

La destitución del presidente

La tierra que los campesinos estaban ocupando pertenecía al gobierno y en algún punto había sido incluida en las medidas de reforma agraria que distribuiría de manera más justa la tierra del país. Paraguay es el cuarto mayor exportador de soya del mundo, y en un país donde el 2 % de la población posee el 80 % de las tierras, el problema de la desigualdad en la propiedad de las tierras solamente ha aumentado con la expansión de las plantaciones de soya.

Pero el gobierno había dispuesto algún arreglo con una empresa propiedad de la familia de Blas Riquelme, destacado político del Partido Colorado que le permitía operar en la tierra de Marinakue.

Al momento del letal operativo policial ahí, el Partido Colorado estaba fuera del poder por primera vez en 61 años. Los había hecho retirarse Fernando Lugo, exobispo católico que se convirtió en el primer presidente de izquierda elegido en el país.

Luego de la masacre, Lugo fue destituido. Sus partidarios dicen que su destitución fue orquestada por la élite del país para detener la reforma agraria.

El proceso de destitución fue considerado un golpe de estado por otros gobiernos latinoamericanos, pues Lugo no tuvo tiempo para preparar su defensa. Y en menos de un año, el Partido Colorado estaba de vuelta en la presidencia con Horacio Cartes. Curuguaty ni siquiera se mencionó durante la elecciones.

‘Esto no fue coincidencia’

En 2013, Al Jazeera emitió un documental sobre el asunto, con el título “El golpe de estado olvidado de Paraguay“. Sin embargo, hablando de manera general, los medios internacionales han dado escasa cobertura al caso.

Dos campañas ciudadanas, “¿Que pasó en Curuguaty?” y “Somos Todos Observadores” han estado tratando de llamar la atención del mundo al proceso contra los campesinos y las violaciones que dicen que se cometieron contra los sin tierra.

El juicio se retomó a finales de mayo de 2016. Global Voices conversó con los organizadores detrás de Somos Observadores para entender qué está ocurriendo ahora.

Global Voices (GV): ¿Qué ocurrió en Curuguaty el 15 de de junio de 2012?

Somos Observadores (SO): El 15 de junio de 2012 hubo un operativo policial en una ocupación de campesinos sin tierra en el lugar llamado Marinakue. Las tierras correspondían a una fracción en disputa judicial entre el Estado paraguayo y una empresa llamada Campos Morombi. Este operativo se realizó por una orden de allanamiento emitida por la fiscalía. El grupo de campesinos reclamaba esas tierras para la reforma agraria, para lo cual debían haber sido destinadas de no haber sido por la apropiación ilegal realizada por la mencionada empresa. Los campesinos estaban en número aproximado de 60 personas y los policías eran más de 300. Al ingresar la policía al lugar se produjeron varios tiros iniciales, cuya proveniencia hasta ahora no fue identificada. Se desató una balacera, y terminaron muertos un total de 11 campesinos y 6 policías.

Weapons found with campesinos after the events in Marina Kue | Photo: Somos Observadores/Facebook

Armas encontradas después de los hechos en Marina Kue. Foto: Somos Observadores/Facebook.

GV: ¿Cuáles son los principales agravios en el proceso legal de la masacre?

SO:

  1. La fiscalía nunca investigó cómo fue que se inició la masacre. Inmediatamente divulgó la versión de que los campesinos iniciaron el tiroteo, lo que ha sido negado por campesinos y por testigos. Hasta ahora nadie puede afirmar quiénes realizaron los primeros tiros.
  2. Hay elementos de prueba que no fueron incluidos en el proceso y que servirían para acercarse a la verdad (por ejemplo, casquillos de armas largas, mientras que los campesinos sólo portaban escopetas, de las cuales ninguna fue disparada, salvo una que fue denunciada como robada luego del suceso y que se incorporó como prueba de manera extemporánea).
  3. La fiscalía imputó a más de 60 campesinas/os a partir de un listado de aspirantes a obtener tierras, anotado en cuaderno, a lápiz, elemento de supuesta prueba que luego se perdió, por lo que no figura en el proceso.
  4. La fiscalía formuló acusación y pidió juicio para 14 campesinas y campesinos (2 de ellos adolecentes cuando la masacre), bajo las figuras de homicidio doloso en grado de tentativa, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal. Afirma que acusa “en grado de tentativa” porque no tiene la certeza de quiénes dispararon. ¿Cómo es posible que pida la condena si ni siquiera puede afirmar que los acusados dispararon? Los acusan de invasión de inmueble ajeno, pero las tierras donde ocurrió la masacre son del Estado paraguayo. Los acusan de asociación criminal, por organizarse para luchar por un pedazo de tierra.
  5. La fiscalía no investigó la muerte de ninguno de los campesinos y formuló una acusación genérica e infundada de responsabilidad de los campesinos por la muerte de los policías. Hay testimonios y evidencias de que algunos de los campesinos fueron ejecutados, estando ya antes heridos o cuando intentaban esconderse. No se indagaron estos casos.
  6. Se mantiene a los campesinos acusados en prisión domiciliaria por ya casi 4 años. Obtuvieron el arresto domiciliario luego de tres huelgas de hambre límite que llevaron a lo largo del proceso.
  7. El fiscal que actuó durante gran parte del proceso, Jalil Rachid (hoy viceministro del Interior), tiene lazos estrechos con la familia de Blas N. Riquelme (ya fallecido, fue dirigente colorado y senador). A pesar de eso nunca se aceptaron las recusaciones, ni las que se realizaron contra otros agentes judiciales cuya imparcialidad estaba en duda.
One of the Court sessions on Curuguaty case, last April | Photo: Que paso en Curuguaty/Facebook

Una de las sesiones de la corte en el caso de Curuguaty, abril de 2016. Foto: Qué pasó en Curuguaty/Facebook.

GV: ¿Cuál es la versión oficial presentada en la corte con respecto a la muerte de los campesinos y los oficiales de policía? ¿Por qué no hubo ningún imputado por la muerte de los 11 campesinos?

SO: La fiscalía alega que los campesinos prepararon una emboscada para atacar a los policías y que iniciaron el tiroteo. Que las mujeres estaban presentes con sus hijos para “dar un ambiente de confianza” y que los policías entraran desprevenidos a las tierras.

No fue procesada ninguna persona por la muerte de los campesinos por parcialidad manifiesta de la fiscalía de los agentes del poder judicial que han actuado en el proceso (tribunal de garantías, tribunal de sentencia, tribunales de apelación y hasta la misma Corte Suprema de Justicia).

GV: Hay un movimiento en América Latina que sostiene que las sentencias de los campesinos ya están decididas. ¿Qué crees de eso?

SO: Tenemos la certeza de que este es un caso afectado por lo que se llama “sentencia previa”, y que el juicio es apenas una farsa para ratificarla.

GV: El caso se complicó por los acontecimientos políticos que le siguieron –la destitución de Fernando Lugo, el hecho de que Marinakue fue reclamada por Blas Riquelme, miembro del Partido Colorado, el regreso del partido al poder menos de un año después de la destitución. ¿Cómo podemos interpretar todo eso desde una perspectiva externa?

SO: La masacre de Curuguaty puede ser vista como un suceso desatado para dar elementos al juicio y golpe parlamentario al gobierno de Fernando Lugo. Se precisaba un elemento de shock para impedir reaccionar a la sociedad. Lo más lógico es suponer que no fue una casualidad, sino un suceso preparado de manera minuciosa.

A mass in Marinakue remembers the six years of Curuguaty massacre in 2015 | Photo: Que Paso en Curuguaty/Facebook

Una misa en Marinakue recuerda los dos años de la masacre de Curuguaty en 2014. Foto: Qué Pasó en Curuguaty/Facebook

GV: Lo que ocurrió en Curuguaty también habla de la realidad de los campesinos sin tierra y propietarios de tierras en Paraguay. ¿Nos lo puedes explicar un poco más?

SO: El caso Curuguaty muestra de manera evidente la situación de la tierra y el campesinado en Paraguay:

  • Tierras mal habidas, usurpadas por personas con poder adquirido durante la dictadura los periodos de gobierno colorados posteriores, constituyendo grandes latifundios.
  • Campesinos expulsados de sus tierras por el avance del agronegocio (la soja) y por los negocios ilícitos en grandes extensiones del territorio.
  • Campesinos sin tierras en lucha por la reforma agraria y por tierras para sobrevivir.
  • Un Estado al servicio de los sectores con poder y en contra de las luchas populares.

GV: Este mes el juicio a los campesinos está de nuevo en marcha. ¿Dónde se encuentran las cosas ahora? ¿Qué podemos esperar del juicio?

SO: De los 14 acusados: Un adolescente fue condenado pero con suspensión de condena (es un mecanismo usado para una persona acusada que admite culpabilidad; en este caso, se supone que la admisión de culpabilidad fue inducida indebidamente). Una acusada adolescente en el momento de la masacre aún espera el inicio del juicio, que se le debe realizar bajo las normas del derecho aplicables a la niñez y adolescencia. Ella está en libertad condicional. Para uno de los campesinos adultos se separó la causa y debe ser juzgado en otro juicio, debido a que su acusación era por complicidad, a diferencia de los demás.

Así que 11 campesinos están ahora en el juicio. De ellos 10 guardan arresto domiciliario en Asunción, en tanto se desarrolla el juicio (están en un albergue y se mantienen gracias a la solidaridad ciudadana, pues el Estado no provee para sus necesidades). Un campesino (Rubén Villalba) está preso en la cárcel de Tacumbú (Asunción) mientras se desarrolla el juicio, debido a que en medio del proceso por Curuguaty le “resucitaron” otra acusación anterior por otro caso relacionado con demandas de tierras, y lo condenaron de manera “exprés” a siete años de prisión.

Black flags mark three years and seven months since the massacre, in January, and protest Marinakue is not given back to the State yet

Banderas negras conmemoran tres años y siete meses de la masacre (en enero) y protesta. Foto: Qué pasó en Curuguaty/Facebook.

GV: ¿Cómo han estado generando conciencia sobre el caso las campañas como Somos Observadores y Qué Pasó en Curuguaty?

SO: Somos iniciativas ciudadanas independientes, constituidas por activistas sociales y organizaciones, que desde el inicio del caso hemos dado a conocer por diversos medios las irregularidades del proceso y hecho difusión sobre el caso Curuguaty. Ahora hay una campaña denominada “Absolución YA”, que busca la adhesión ciudadana nacional e internacional a la causa por la justicia del caso Curuguaty.

En general y en conjunto, hemos logrado poner en duda la versión oficial sobre lo que pasó en Curuguaty y llamar la atención sobre las irregularidades y violaciones de derechos humanos en el caso. Damos información y según las posibilidades de cada quien se organizan acciones de solidaridad con los campesinos presos y procesados.

A pesar de que en Paraguay ya se sabe que en Curuguaty NO pasó lo que dice la versión oficial, el cinismo y gran poder de los actores judiciales y estatales logra que hasta ahora esté en duda que se obtenga justicia y se investigue lo que de verdad pasó en Curuguaty.

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