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Para muchos puertorriqueños, la junta de control fiscal propuesta huele a colonialismo estadounidense

"Let's go ahead, there is an agreement." Illustration by Kike Estrada. Used with permission.

“Hecho en Wall Street”. Ilustración de Kike Estrada. Usada con autorización.

Hay muchas razones por las que los meses de mediados de año del 2016 demostrarán ser cruciales para el futuro de Puerto Rico, un territorio bajo el control de Estados Unidos. Se prevé que el gobierno puertorriqueño no cumplirá con el pago de casi $2,000 millones de bonos de obligaciones generales. La Suprema Corte estadounidense decidirá sobre dos casos que podrían mencionar brevemente el corazón mismo del problema de la condición colonial de Puerto Rico. El Congreso estadounidense votará por la propuesta de ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico (que por su nombre en inglés se conoce con el acrónimo de PROMESA).

Esto último parece ahora que se acerca peligrosamente a convertirse en realidad.

El 25 de mayo, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que tiene autoridad sobre los asuntos de Puerto Rico, aprobó el HR 5278, un proyecto de ley que propone una junta de control fiscal independiente con facultades para reestructurar las deudas de Puerto Rico. De crearse esta junta, sus facultades invalidarían las de todo el gobierno de Puerto Rico, incluida su Constitución. Tendría control absoluto del presupuesto del gobierno, ingresos y operación, y nadie en Puerto Rico podría opinar sobre el asunto.

Esta versión del proyecto no es muy diferente de su antecesor, el HR 4900. Sin duda, la mayoría de los cambios parecen bastante superficiales. Uno de los puntos más importantes de la disputa entre los partidos políticos demócrata y republicano, que es la reducción del sueldo mínimo de $7.25 a $4.25 para trabajadores de 25 años y menos, ha quedado intacta, por ejemplo. De cualquier manera, el nuevo proyecto crea una junta de control fiscal aun más poderosa que la propuesta originalmente.

Aunque las juntas de control fiscal no son nada nuevo para Estados Unidos (la capital Washington DC estuvo sujeta a una junta desde 1995 a 2001), la junta propuesta para Puerto Rico es más dura que cualquiera que se haya creada antes. En una entrevista con el canal independiente de noticias estadounidense Democracy Now!, el periodista Juan González explicó en términos generales lo que significaría el proyecto de ley para Puerto Rico de ser aprobado:

[The] bill does have a restructuring mechanism in it for Puerto Rico, but it’s now really a poison pill, because in addition to providing the restructuring that the government of Puerto Rico has asked for, it’s also requiring the government of Puerto Rico to submit to a virtual total takeover of its economy. It would require a new oversight board of seven people, four of whom will be chosen basically by the Republicans; even though they will be appointed by the president, the president has to take them from lists provided by [House of Representatives] Speaker [Paul] Ryan and by the Senate majority leader. So it’s basically going to be a Republican-dominated board.

[El] proyecto de ley contiene un mecanismo de reestructuración para Puerto Rico, pero en realidad es una píldora venenosa, porque además de disponer la reestructuración que el gobierno de Puerto Rico pidió, también está pidiendo que el gobierno de Puerto Rico se someta a una absorción virtual total de su economía. Requeriría una nueva junta de control de siete personas, de las cuales cuatro serán elegidas básicamente por los republicanos; aunque los designará el presidente, el presidente los debe sacar de listas brindadas por el presidente [de la Cámara de Representanes, Paul] Ryan, y por el líder de la mayoría del Senado. Así que básicamente será una junta dominada por los republicanos.

Continúa:

And most importantly—this is what rankles most people on the island—is that only one of the seven actually has to be a resident or have a primary business in Puerto Rico. So you’re in essence creating a board […] that will be of nonresidents of the island running the financial affairs of Puerto Rico for the next five, possibly 10 years.

Y más importante aun —esto es lo que irrita a la mayoría de personas en la isla— es que solamente uno de los siete tiene que ser residente o tener un negocio principal en Puerto Rico. Así que, en esencia están creando una junta […] que será de no residentes de la isla que manejarán los asuntos financieros de Puerto Rico los próximos cinco, posiblemente diez años.

Esto significa que la ya limitada autonomía de Puerto Rico se restringiría aun más. Como territorio estadounidense, los puertorriqueños tienen ciudadanía estadounidense, pero no se les permite votar en las elecciones federales para el presidente del país. Los puertorriqueños también carecen de representación para votar en el Congreso estadounidense –donde se deciden las leyes que les afectan mucho, como el proyecto de ley PROMESA.

El representante republicano Paul Ryan, que es el funcionario que preside la Cámara de Representantes, o la cámara baja del Congreso estadounidense, defendió el proyecto de ley en Twitter:

En este momento, la estabilidad del territorio de Estados Unidos está en peligro, pues el gobierno de Puerto Rico sigue incumpliendo pagos de importantes préstamos. Hemos insistido en que nuestra propuesta cumple con principios básicos, y el primero es proteger a los contribuyentes de un rescate financiero. Hoy, republicanos y demócratas se reunieron para cumplir la responsabilidad constitucional y fiscal del Congreso para abordar la crisis con la introducción de PROMESA, legislación bipartidista de la Cámara. PROMESA es la solución más responsable a la crisis porque brinda a Puerto Rico un camino a una reforma real mientras protege a los contribuyentes. Recomiendo al presidente [Rob] Bishop del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, al representante [Sean] Duffy y al representante [James] Sensebrenner su liderazgo para esta legislación.
—–
Esta es mi declaración sobre el proyecto de ley PROMESA, legislación bipartidista de la Cámara sobre Puerto Rico que evita un rescate financiero de los contribuyentes.

Por su parte, para los políticos que se preparan para las elecciones de noviembre en Puerto Rico, son asuntos habituales. Aunque conocen las facultades extraordinarias que tendrá la junta de control fiscal si se convierte en ley, se podría pensar de otra manera, a juzgar por sus campañas. Un tuit de la periodista Maritza Díaz Alcaide lo resumió bastante bien:

Los medios tradicionales en Puerto Rico se han unido a las filas de los que exhortan a las personas a acoger la junta de control fiscal como necesaria e inevitable. El Nuevo Día, uno de los periódicos más influyentes de Puerto Rico, ha publicado una serie de editoriales en los últimos meses que argumentan a favor del control fiscal federal. Un editorial reciente dice:

Without belittling the concerns regarding the authority the law grants the Board, the thing to do right now is for the Senators and members of Congress who are friends of the island to close ranks with the federal House leadership, Republicans and Democrats alike, which removed the restructuring legislation from the dangerous deadlock in which it previously found itself.

The legislation should not be blocked in the House or Senate. That must not happen in this final stretch. We trust that, after the House vote, the Senate will establish a swift work plan so the legislation can return to its counterpart and be completed in a final version before the critical date of July 1st, when Puerto Rico anticipates a default of about $2 billion.

[…]

In times of crisis, reason must prevail over emotions. Local and congressional leaders should make note of that.

Sin subestimar las preocupaciones relacionadas con la autoridad que la ley concede a la junta, lo que hay que hacer ahora es que Senadores y miembros del Congreso que son amigos de la isla cierren filas con la dirigencia de la Cámara, republicanos y demócratas por igual, que retiraron la legislación de reestructuración del peligroso punto muerto en que estaba antes.

La legislación no debería ser bloqueada en la Cámara ni en el Senado. Eso no debe pasar en este trecho final. Confiamos en que, después que la Cámara vote, el Senado establecerá un rápido plan de trabajo para que la legislación puede regresar a su contrparte y se complete en una versión final antes de la fecha crítica del 1 de julio, cuando Puerto Rico prevé un incumplimiento de unos $2,000 millones.

[…]

En tiempos de crisis, la razón debe prevalecer sobre las emociones. Los líderes locales y congresales deben tener eso en cuenta.

‘Un costo muy alto a cambio de un beneficio incierto’

Pero en los medios alternos y sobre todo en los medios sociales, la narrativa es bastante diferentes. Muchos grupos se han formado en Facebook con el propósito de organizar esfuerzos para protestar contra la junta de control propuesta, con desobediencia civil de ser necesario.

Junte contra la Junta se describe como una herramienta para la “agitación” de las masas contra la junta de control. Otro grupo de Facebook es Coalición Ciudadana contra la Junta de Control Fiscal, que afirma como uno de sus propósitos principales educar al público sobre las consecuencias de la junta de control y para ayudar a manifestarse en contra a diferentes sectores.

En un artículo de opinión aparecido en Diálogo, periódico mensual publicado por la Universidad de Puerto Rico, José G. Caraballo explica por qué muchas personas rechazan el proyecto de ley PROMESA:

Lo que no es bueno para Estados Unidos no es bueno para Puerto Rico. Por eso, el proyecto PROMESA es rechazado por amplios sectores dado su impacto sobre los trabajadores privados y públicos, sobre la pobreza y sobre nuestro colonialismo centenario. En un sondeo reciente una mayoría de economistas boricuas (de diferentes ideologías) rechazan una Junta de Control Fiscal federal. La inmensa mayoría de la sociedad civil también la rechaza, incluyendo las más de 42 organizaciones que testificaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En una cumbre de la diáspora boricua el mes pasado también observé una mayoría opuesta a esta Junta.

También agrega que a pesar de su oposición, aún hay muchos que quieren que el Congreso imponga una junta de control fiscal por ignorancia:

Un número de personas en Puerto Rico favorecen esta Junta sin saber qué es, sin leer el proyecto (el 70% de las personas no hablan inglés) y piensan que esta Junta parará la corrupción (una palabra que no aparece en el proyecto). Esas mismas personas cambian de opinión cuando saben que los miembros de esa Junta pueden recibir “donaciones” pero tienen inmunidad criminal (abriendo las puertas a la corrupción), que ese proyecto le reduce el salario mínimo a los jóvenes y le quita el pago de horas extras a todos los empleados privados que ganen más de $455 semanalmente. Esto sin entrar en que el “representante” de Puerto Rico ante la Junta pudiese ser Donald Trump o John Paulson quienes tienen negocios aquí o que el proyecto se hizo secretamente entre el personal del Tesoro (exejecutivos de Wall Street) y congresistas conservadores, sin consultar la sociedad civil local.

El Centro para una Nueva Economía, comité asesor independiente no partidario, también se ha expresado contra el proyecto de ley PROMESA:

Lamentablemente, luego de analizar el proyecto HR 5278 – y aunque reconocemos que se ha hecho mucho trabajo para lograr un proyecto que cuente con apoyo bipartita – tenemos que decir que no podemos endosar el proyecto.

Primero, este proyecto le impone a Puerto Rico un costo muy alto a cambio de un beneficio muy incierto. Nos obliga a canjear la facultad de tomar decisiones sobre nuestra propia gestión pública a cambio de acceder a un proceso que – luego de sortear más de 45 requisitos, pasos y niveles distintos – pudiera permitirnos quizás acceder a la posibilidad de que un tribunal acceda (o no) a autorizarnos a reestructurar alguna parte de nuestra deuda.

Segundo, porque si bien Puerto Rico necesita controles fiscales fuertes, esos controles tienen que salir de unas instituciones locales y una cultura fiscal transformada. De nada vale que se imponga una junta de control fuerte que cuadre la chequera pero que, una vez terminado su mandato, nos deje las mismas instituciones gubernamentales y fiscales que nos han metido en este atolladero. Puerto Rico necesita transformaciones duraderas y a largo plazo.

El proyecto de ley PROMESA tiene todas las señales de colonialismo puro y a la antigua, que para muchos solamente confirma que Puerto Rico está bajo control colonial de Estados Unidos. Reveladoramente, los medios tradicionales en Estados Unidos se frenan en seco para referirse a esta relación como colonial. Si el término colonial se usa, lo acompaña algún modificador (cuasicolonial, pseudocolonial, estilo colonial, etc.). El ejemplo más reciente de esto ocurrió durante la visita a Puerto Rico del candidato presidencial Bernie Sanders el 16 de mayo, donde dijo a multitudes: “El pueblo de Estados Unidos no puede continuar una relación de estilo colonial con el pueblo de Puerto Rico”.

Tal vez el primer paso hacia verdadera ayuda para Puerto Rico sea que Estados Unidos reconozca que ciertamente es una relación colonial con Puerto Rico, un hecho que no ha cambiado en los últimos 118 años.

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