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Legisladores ganan batalla contra la transparencia en México

Edificio del Senado de la República Mexicana en la Ciudad de México. Foto de Haakon S. Krohn used under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Edificio del Senado de la República Mexicana en la Ciudad de México. Foto de Haakon S. Krohn usada bajo licencia CC BY-SA 3.0 desde Wikimedia Commons.

Los trabajos legislativos en México generaron polémica entre el 14 y el 16 de junio de 2016, específicamente en lo relacionado a la que ha sido conocida popularmente como “Ley Anticorrupción” o “Ley 3de3“.

Se trata en realidad no de una ley, sino del conjunto de reformas jurídicas y creación de nuevas leyes con motivo de la revisión al texto constitucional ocurrida a finales de febrero de 2015, que previó la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) conformado por entidades ya existentes como la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, así como otras aún por conformarse como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Después de la revisión constitucional antes mencionada, surgió una propuesta ciudadana sin precedentes, identificada en redes sociales como #Ley3de3. Esta propuesta o iniciativa de ley, se gestó entre organizaciones de la sociedad civil para pedir formalmente a los legisladores que en la discusión de las “leyes secundarias” del Sistema Nacional Anticorrupción se incluyera un proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la que se obligara a servidores públicos a divulgar sus declaraciones (1) fiscales, (2) patrimoniales y (3) de conflicto de interés.

Ya antes de la aparición de la propuesta los servidores públicos debían dar una declaración patrimonial. Sin embargo, publicar los datos contenidos en ella es aún opcional. La Ley 3de3 buscaba ser un instrumento de transparencia al servicio de la ciudadanía, dando obligatoriedad a la publicación de los datos ya mencionados.

El portal Animal Político informó así sobre el resultado del trabajo de los legisladores:

El Senado aprobó la Ley General del Sistema Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas, pero ignoró la demanda ciudadana para obligar a todos los funcionarios a publicar su declaración patrimonial, fiscal y de interés con el formato de la plataforma #3de3.

La ley aprobada prevé –con ambigüedad– que sí existan declaraciones como lo había planteado la ciudadanía, pero restringe la publicación de rubros “que puedan afectar la vida privada” dejando así un resquicio legal para evitar darlas a conocer.

En su columna para el diario Excélsior, el analista Leo Zuckermann se refirió así a los legisladores que aprobaron las insulsas leyes:

Son los políticos que no han entendido el hartazgo de la ciudadanía por la corrupción. Son los que optaron por defender sus intereses –escondiendo su riqueza, mucha de ella mal habida– a reformar el régimen político para fortalecer la democracia. Dice el refrán popular que “el que nada debe, nada teme”. Pues aquí estamos frente a mucho temor, pavor, terror a que la ciudadanía se entere de lo ricos que son nuestros políticos, muchos de los cuales sólo han trabajado en el sector público toda su vida profesional acumulando riqueza que no se sustenta con los sueldos que han recibido.

Desde que se discutía la ley en cuestión, en Twitter, el jurista Miguel Carbonell dijo:

Ello considerando que los “razonamientos” contra la publicación de las declaraciones vinieron nada menos que del senador que preside la Comisión Anticorrupción, como se resaltó en una nota periodística:

El argumento del presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, del PVEM fue que hacer pública toda esta información pondría en riesgo a los funcionarios ante posibles grupos delincuenciales o secuestradores.

[Nota: El PVEM o Partido Verde Ecologista de México es una organización política rémora que conserva su registro y prebendas para sus miembros, merced a una alianza con el partido del que emanó el actual presidente, el Partido Revolucionario Institucional]

El titular del Poder Ejecutivo no pudo ocultar su beneplácito con el sentido en el que se aprobaron las disposiciones legales en comento:

No obstante, tras la noticia de la aprobación de las leyes que dejaron atrás lo propuesto por la Ley 3de3 las expresiones de descontento de la ciudadanía no tardaron en llegar.

La clase empresarial del país salió a las calles y se manifestó en contra del embate del Senado, como se destacó desde la cuenta de Twitter de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad:

El usuario Armando Regil compartió entre sus seguidores la siguiente imagen, a la vez que cuestionó si los legisladores representan a la ciudadanía:

Fher Aguilar expresó así su molestia:

El lamento por la decisión del Senado no fue unánime. El jurista y escritor Gerardo Laveaga apuntó que el haber aprobado la publicidad de datos patrimoniales y fiscales de los servidores públicos, habría contravenido el derecho a la privacidad:

Por su parte, el usuario Heli López hizo la siguiente invitación a quienes pudieren preocuparse por temas de invasión a la privacidad con motivo de las leyes del SNA:

La corrupción, dicho sea de paso, es un gravísimo problema en México y como muestra está el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional, en el que ése país se encuentra en la posición 95 de 167. Dicho de otra forma, México se encuentra peor posicionado que Perú y empatado con Filipinas y Armenia; desde luego muy lejos de los primeros tres lugares que ocupan Dinamarca, Finlandia y Suecia, respectivamente.

Para muchos, en el combate a la opacidad y la corrupción en México se ha perdido una batalla importante. De acuerdo con los debates en línea, la clase política reafirmó sin pudor su altivez y su desdén por la transparencia, ratificando su desapego a la sociedad al dar la espalda a una exigencia ciudadana. La labor continuará, no obstante, pues la implementación del SNA aún está por concretarse.

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