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Una mezcla tóxica de activismo violento y represión policial hacen estragos en Oaxaca

Grupos sindicales y fuerzas policiales federales se enfrentan en Oaxaca por causa de la reforma educativa. Captura de pantalla del video compartido por Libre Red en Youtube.

Grupos sindicales y fuerzas policiales federales se enfrentan en Oaxaca por causa de la reforma educativa. Captura de pantalla del video compartido por Libre Red en Youtube.

Se agudizó la violencia en México, ahora a raíz de las vehementes protestas en contra de la reforma al texto constitucional en materia educativa. El escenario: Oaxaca, en el suroeste del territorio nacional, particularmente en la región de Nochixtlán. La situación es tensa y compleja. Las redes ciudadanas concuerdan en el rechazo a la violenta respuesta de las autoridades que ya ha resultado en numerosas víctimas. Sin embargo, para muchos, quienes protestan cometen abusos que sacuden el orden y no contribuyen al diálogo.

Es de recordar que la reforma en cuestión se publicó en febrero de 2013 e implicó entre muchas otras cosas que el personal docente sea evaluado de manera obligatoria. Además, se le restaron privilegios a las facciones sindicales que controlaban la educación (y el presupuesto para ella) en el país. La reforma se encuentra en proceso de implementación y las manifestaciones se han dado de manera intermitente desde que era discutida por los legisladores.

Los grupos en conflicto

Los hechos violentos ocurrieron en Nochixtlán el 19 de junio. Las hostilidades se dieron entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Policía Federal (PF). El saldo fue de alrededor de 10 personas muertas. Al momento de publicar esta pieza no existe un número oficial de fallecidos y heridos, por lo que cada bando o cada medio de comunicación maneja sus propias cifras. Algunos medios internacionales como The Guardian coinciden en afirmar que hay imágenes de agentes policiales disparando sus armas de fuego contra los manifestantes.

La Policía Federal es una corporación de seguridad pública que en meses pasados tomó parte en hechos de violencia que tuvieron lugar en Tanhuato, al oeste del país, y a los que numerosos medios y líderes de opinión han calificado como una masacre. Usualmente el gobierno echa mano de la PF para liberar vialidades o carreteras que son bloqueadas por manifestantes, aunque también para llevar a cabo ataques en el conflicto armado interno o “guerra” contra la delincuencia organizada.

La CNTE es el grupo extremista que aglutina a algunos profesores de las entidades que se encuentran en condiciones más precarias en el país, como Guerrero, Michoacán y la misma Oaxaca. En otras oportunidades hemos informado cómo las protestas de este grupo han ocasionado disrupción a las actividades de la ciudadanía, algo que ha generado malestar e inconformidad. Además de los bloqueos y las marchas, la principal forma de expresión de este grupo es el paro de labores que conlleva al cierre de los planteles educativos.

En los últimos días, la CNTE ha sido acompañada en sus actividades por organizaciones civiles que le son afines. A estas organizaciones se les ha imputado la responsabilidad por hechos ignominiosos, como el ocurrido a principios de mayo, en el que cortaron la cabellera en público y de manera humillante a un grupo de docentes que no compartían su postura y  no se sumaron a los paros. Un hecho, por cierto, que ninguna organización defensora de derechos humanos en el país condenó, como lo denunció el periodista Carlos Marín.

Las secuelas

Los bloqueos de la CNTE y las manifestaciones que han derivado en enfrentamientos con las fuerzas del orden, han provocado multimillonarias pérdidas económicas en pocos días. El 22 de junio de 2016, la unión patronal llamada Coparmex pidió al gobierno que se declare a Oaxaca como zona de desastre económico, tal como lo informó el medio La Crónica:

La solicitud fue dada a conocer en conferencia de prensa por el presidente de la Coparmex en Oaxaca, Benjamín Hernández Gutiérrez, quien advirtió que la entidad vive una situación similar a la de un estado de excepción, debido a las afectaciones económicas derivadas de los bloqueos carreteros por parte de los disidentes.

A través de un escrito, los empresarios exigieron a los actores sociales y políticos que no viven en Oaxaca a no emitir opiniones al respecto de la problemática que se vive en la entidad, porque confunden a la opinión pública y generan mayor polarización.

La ciudadanía ha utilizado Twitter para compartir noticias sobre el desabasto de alimentos y productos básicos que el conflicto ha ocasionado:

El usuario Z liborio cuestionó que no se dé cobertura al tema del desabasto:

Fuera del ámbito económico las repercusiones también son graves. El periodista Elpidio Ramos murió después de ser atacado por los maestros de la CNTE, cuando cubría el momento en el que estaban siendo desalojados. Así lo reportó el diario El Debate:

Elpidio Ramos Zárate fue agredido a balazos por los docentes.

La CNTE y simpatizantes han privado ilegalmente de la libertad a periodistas, convirtiéndolos en rehenes para negociar su liberación con los medios de comunicación. El portal Sin Embargo señaló que los periodistas en cuestión fueron liberados el 21 de junio.

La organización no gubernamental Article 19, se pronunció sobre estas privaciones de la libertad, pero apuntó a actuación fallida de las autoridades que debieron salvaguardar a los comunicadores:

El analista Alfonso Zárate abordó los riesgos inherentes a la escalada de la ofensiva de la CNTE:

Uno de los riesgos mayores que aporta el conflicto, es la propagación de más frentes en Guerrero, Chiapas, Michoacán y más allá, donde hay grupúsculos ansiosos de entrar en combate, y que la violencia rebase a la Policía Federal y obligue a la presencia de las Fuerzas Armadas. Los grupos guerrilleros, casi en extinción, podrían encontrar una coyuntura propicia para actuar. Otro riesgo es el de la contaminación: que se enganchen sectores del profesorado institucional que hoy en día se mantiene en las aulas frente a un grupo.

Como se mencionó, también hay quienes han hecho manifiesta su preocupación por el uso de la fuerza pública contra la CNTE; tal es el caso de Víctor Sánchez, quien abundó en las implicaciones de la actuación de la PF desde la perspectiva de los derechos humanos:

El activista Netzaí Sandoval habló de represión contra los miembros de la CNTE y compartió imágenes de manifestaciones encabezadas por el Movimiento de Regeneración Nacional, un partido político de minoría y de oposición:

De confirmarse que la policía mató a tiros a manifestantes, el gobierno del presidente Peña Nieto estaría enfrentando un caso más en el que durante su gestión, agentes del Estado participaron en la privación de la vida o de la libertad de miembros de la población civil como ocurrió en Tlatlaya (también considerado una masacre por varios medios) y el caso Ayotzinapa (en el que 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada). Para el presidente Peña y el régimen, ésta sería otra mala noticia acumulada al golpe que recibieron en las urnas recientemente, al perder varias de las gubernaturas en disputa.

La violencia en Nochixtlán, Oaxaca, abona en el lúgubre panorama del conflicto armado interno que aqueja a México y cuya resolución en el corto plazo pareciera imposible.

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