Graffiti esténcil de cámara de vigilancia. Imagen de Paul Lowry vía Flickr (CC BY 2.0).

El Netizen Report de Global Voices Advocacy ofrece una instantánea internacional de los problemas, victorias y nuevas tendencias en materia de derechos de Internet en todo el mundo.

En Rusia, una nueva serie de enmiendas «antiterroristas» afectaría a más de diez leyes distintas y ampliaría extensamente los poderes del Estado para controlar los derechos civiles de los ciudadanos.

Como señalaba Meduza, un sitio independiente de noticias sobre Rusia, las enmiendas permitirían a las autoridades “…privar a los ciudadanos rusos de su ciudadanía, revocar los derechos de viaje al extranjero de las personas condenadas por republicar ciertos contenidos «impropios» en línea y acceder a todas las conversaciones telefónicas y correos electrónicos que pasen por las líneas de telecomunicaciones rusas”.

Las enmiendas también aumentan las sanciones para los usuarios de Internet que “inciten a actividades terroristas y justifiquen el terrorismo”, elevando la pena máxima de prisión por esos delitos de cinco a siete años de cárcel. Otra enmienda obligará a las empresas de telecomunicaciones y organizadores de «distribución de información en línea» ─incluyendo plataformas de blogs y sitios web de redes sociales─ a almacenar los registros de las llamadas telefónicas o datos de voz de sus clientes, mensajes de texto, imágenes, vídeos y otros tipos de contenidos durante seis meses en suelo ruso.

Las enmiendas, que entrarían en vigor en julio del 2018, ya se han aprobado en primera lectura en la Duma y en general se prevé su aprobación.

Por otra parte, recientemente se otorgaron al regulador estatal ruso de los medios de comunicación, Roskomnadzor, nuevas competencias que le permiten revocar los nombres de dominio de sitios web que alojen pornografía infantil. La facultad de revocar nombres de dominio en los dominios .RU o .РФ se suma a una creciente lista de prerrogativas extrajudiciales para Roskomnadzor y otras agencias estatales rusas, incluyendo el Ministerio del Interior, que tienen la condición de «agencias competentes», lo que significa que pueden designar contenidos como peligrosos.

Autor de Global Voices agredido en la casa del alcalde de Makassar, Indonesia

Dos periodistas digitales en Makassar, Indonesia, fueron agredidos el 5 de junio del 2016, mientras asistían a un evento en la casa del alcalde de Makassar. Dos hombres con uniformes negros –que no es el uniforme estándar de los guardias de seguridad de la ciudad– detuvieron a los periodistas, el colaborador de Global Voices en lengua indonesia Arpan Rachman y su esposa, Icha Lamboge, y les pidieron sus tarjetas de identidad de periodistas. Uno de los hombres entonces le arrebató el teléfono móvil a Lamboge. Cuando Rachman se interpuso e intentó recuperar el teléfono, uno de los hombres le dio un puñetazo en el pecho mientras el otro hombre lo estrangulaba. Rachman se ha recuperado pero ambos temen por su seguridad.

La pareja ha trabajado conjuntamente en historias que sospechan podrían haber provocado el incidente, incluyendo cobertura sobre los polémicos desalojos masivos que se están produciendo en el centro de Makassar. Según la Alianza de Periodistas Independientes de Makassar, se han documentado 12 casos de abusos contra periodistas en Makassar hasta la fecha.

Tanzanos acusados en virtud de la Ley de Delitos Informáticos

Un ciudadano tanzano se enfrenta a tres años de cárcel tras su condena por insultar al presidente John Magufuli en Facebook en marzo de 2016. Isaac Habakuk Emily supuestamente publicó un comentario en referencia a la inesperada llamada en directo del Presidente al programa de asuntos de actualidad 360, criticándolo por su “teatralidad en la política”. El 22 de junio, otro tanzano fue acusado en virtud de la misma ley, también por insultar al Presidente, aunque publicó su mensaje en WhatsApp.

Los críticos de la Ley de Delitos Informáticos argumentan que la ley concede un poder excesivo—sin un verdadero mecanismo de supervisión— a la policía, otorgándole el poder de registrar los domicilios de los presuntos infractores de la ley, confiscar sus equipos electrónicos y exigir sus datos a los proveedores de servicios en línea.

‘Mi caso contra Lenovo en México’

El bloguero mexicano e investigador de tecnología Jacobo Nájera presentó una demanda contra el fabricante de equipos informáticos Lenovo, en relación con un software de seguridad preinstalado en el portátil modelo Yoga 2 que impedía a los usuarios instalar un sistema operativo de software libre Linux. Nájera interpuso una queja contra Lenovo ante la Procuraduría Federal del Consumidor de México, que falló a su favor, dictaminando que la empresa no había informado debidamente a los consumidores de las limitaciones técnicas de la máquina. Nájera describe su experiencia en un artículo en primera persona para Advox.

Singapur suspende el acceso a Internet para los funcionarios públicos

El gobierno de Singapur anunció planes para restringir el acceso a Internet en oficinas gubernamentales en lo que algunos llaman una “prohibición de Internet” para los funcionarios públicos. La política obligaría a los empleados gubernamentales a utilizar terminales especiales de Internet si necesitan acceder a la red, en lugar de sus propios equipos en sus oficinas. Las autoridades dicen que la política es un intento de reforzar la ciberseguridad de Singapur, pero otros la han tachado de drástica e innecesaria.

Banco Nacional de Kenia lleva a un bloguero ante los tribunales

El Banco Nacional de Kenia ha presentado una demanda por difamación contra el bloguero Cyprian Nyakundi por una serie de entradas de blog sobre presunta corrupción en el banco. En una primera audiencia, un tribunal dictó una medida cautelar que prohíbe a Nyakundi publicar cualquier declaración difamatoria sobre el banco.

La industria de las telecomunicaciones pierde demanda contra la neutralidad de la red en Estados Unidos

Un tribunal de apelaciones estadounidense respaldó plenamente las normas de neutralidad de la red que ampliaban el control federal sobre los proveedores de servicios de Internet, rechazando una demanda presentada por asociaciones de la industria de telecomunicaciones, cable y sector inalámbrico, que pretendían impugnar las denominadas Reglas de Internet Abierta. A pesar del rechazo de la demanda, los observadores esperan que la industria de telecomunicaciones presente un recurso ante el Tribunal Supremo.

Nuevas investigaciones

• #IranVotes: El debate político en Twitter iraní durante las elecciones parlamentarias de 2016 – Berkman Center for Internet and Society and Small Media
• Guía para la gobernanza de Internet - DW Akademie

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