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¿La indignación por los asesinatos recientes ayudará a los ambientalistas en Honduras a lograr sus objetivos?

After the hearing on the human rights situation in Bajo Aguán held at the IACHR on April 5, 2016 , a vigil was held at the gates of the OAS by Berta Caceres , killed on March 3, 2016 in Honduras. Photo by Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CC-BY-NC-SA 2.0

Tras la audiencia por la situación de los derechos humanos en Bajo Aguán llevada a cabo en la CIDH el 5 de abril de 2016, se realizó frente a la sede de la OEA una vigilia por Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016 en Honduras. Foto del usuario de Flickr Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CC-BY-NC-SA 2.0

Este artículo de Victoria Molina se publicó originalmente en inglés en Ensia.com, una revista que destaca las soluciones ambientales internacionales en acción, y se publica aquí como parte de un acuerdo de intercambio de contenidos.

Cuando la activista ambiental Hondureña Berta Cáceres fue asesinada en su casa, la comunidad internacional e incluso los activistas en un país conocido por sus altos niveles de violencia, se sorprendieron. Su muerte fue producto de las muchas amenazas que recibió por su apoyo a las poblaciones indígenas que luchan contra la construcción de la presa hidroeléctrica Agua Zarca en el Río Gualcarque.

Pocos días después de su muerte Nelson García, otro líder del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) fue asesinado. Cáceres fundó la organización en 1993 para defender los derechos de los pueblos lencas nativos.

¿Han marcado una diferencia estas muertes recientes en los esfuerzos de las comunidades indígenas para proteger el medio ambiente? Aunque el cambio no es inmediato, hay algunos indicios de que su lucha no será rápidamente olvidada.

“Berta tenía una red de apoyo increíble y ella había trabajado en conjunto con otras organizaciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional y hubo mucha indignación cuando fue asesinada,” dice Danielle DeLuca, directora del proyecto para la organización sin fines de lucro Cultural Survival, con sede en Cambridge y que aboga por los derechos de grupos indígenas de todo el mundo.

Un país notoriamente inseguro

Honduras tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo, y es muy inseguro para activistas ambientales. Según estadísticas compiladas por la organización sin fines de lucro Global Witness, al menos 109 personas murieron en Honduras entre 2010 y 2015 por oponerse al desarrollo de represas, minería, la tala de bosques o proyectos agrícolas. Académicos y activistas atribuyen la corrupción a una combinación de crimen organizado y un sistema judicial deficiente- todos provenientes de una historia de pobreza, desigualdad, inestabilidad política y la protección de los intereses corporativos sobre los derechos de los indígenas.

Rosana Resende, una antropóloga cultural de la Universidad de la Florida, dice que la cultura económica con enfoque empresarial y la falta de restricciones que cobró impulso en América Latina en la década de 1980 estableció el marco para mayor privatización de los recursos naturales. También durante la década de 1980, gran parte de América Latina estuvo paralizada por una crisis económica. El Fondo Monetario Internacional y otras instituciones implementaron una serie de políticas, conocidas como el Consenso de Washington, para reformar la economía de la región. Estas políticas privatizaron las industrias gubernamentales y fomentaron la inversión extranjera directa y la liberalización del comercio. Por ende, empresas transnacionales empezaron a entrar a los territorios indígenas históricamente cuidados por las poblaciones locales para extraer recursos.

“Fueron la privatización y la inversión extranjera directa los que realmente convirtieron a estos países vulnerables a las grandes corporaciones extractivas”, dice Resende.

Desde el año 2009, dice DeLuca, Honduras y los Estados Unidos aumentaron la inversión extranjera en el país para combatir los altos niveles de pobreza. Sin embargo, la inversión y la creación de empleos ha sido un arma de doble filo: “Junto con la inversión muchas veces también hay una falta de respeto por parte de las corporaciones hacia los derechos humanos y los derechos de los indígenas,” dice ella.

Los Lencas comenzaron a oponerse a la represa Agua Zarca en 2006; el Río Gualcarque es sagrado para ellos, y están preocupados por el impacto ambiental de la represa en el río y su vida. Cáceres organizó protestas pacíficas para expresar el descontento de la comunidad. Ella ayudó a que el mayor constructor de represas en el mundo, Sinohydro de China, se retirara del proyecto. En 2015 fue galardonada con el Premio Ambiental Goldman por su activismo. Las amenazas de muerte en su contra aumentaron. El 3 de marzo de este año, sus asesinos convirtieron las amenazas en realidad.

Reacción sin precedentes

Esta vez, sin embargo, la violencia ha traído una reacción sin precedentes. Menos de dos semanas después de que Cáceres murió, el banco de desarrollo holandés FMO suspendió todas las actividades en Honduras. Finnfund, una compañía financiera finlandesa para el desarrollo, suspendió sus pagos para el proyecto Agua Zarca unos días más tarde.

FMO envió una carta al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, expresando su preocupación e instando a su gobierno a tomar medidas inmediatas para detener la violencia contra los activistas. “El derecho de expresión para los que luchan por sus derechos son de muy alto valor para FMO,” dice la carta. “Cada individuo debe ser capaz de sentirse seguro cuando defiende su posición. FMO rechaza y condena cualquier tipo de violencia contra individuos o grupos”.

FMO también está enviando una misión de investigación a Honduras, que incluirá a el director del sector de la energía y CEO del banco, dice el encargado de prensa Paul Hartogsveld. La misión también incluirá una delegación de expertos independientes para determinar y validar los procedimientos que se han aplicado a la represa Agua Zarca. “Después vamos a tomar una decisión final sobre el proyecto y nuestra suspensión de Honduras,” dice Hartogsveld.

La violencia también ha fortalecido la determinación de la comunidad indígena Lenca para luchar contra la represa Agua Zarca y otros proyectos de desarrollo a los que Berta Cáceres se opuso. Cesario Padilla, periodista y activista en Honduras, dice que mientras el clima de terror dentro de estas comunidades ahora se siente permanente, al mismo tiempo hay un fuerte deseo de continuar la lucha por los derechos indígenas a seguir coexistiendo con los recursos naturales.

Por ejemplo, los líderes del COPINH se reunieron con el viceministro del Ministerio de Energía, Recursos Naturales, Medio Ambiente y Minería de Honduras dos semanas después del asesinato de Cáceres para solicitar que el Ministerio cancele el permiso para la represa Agua Zarca. Los miembros del COPINH también han estado protestando frente al Ministerio Público en la capital Hondureña, Tegucigalpa. Y en una iniciativa que están llamando “Justicia para Berta Cáceres,” están pidiendo a Hondureños en el extranjero y a otros simpatizantes con su causa a protestar pacíficamente frente a las embajadas de Honduras en sus países el 15 de junio para exigir transparencia en la investigación del asesinato y que se cancele la construcción de la represa Agua Zarca.

Según Tomás Gómez, el coordinador actual del COPINH, la presencia militar cerca del área donde la represa Agua Zarca está siendo construida ha aumentado y los miembros de COPINH siguen siendo intimidados y amenazados. Pero también hay indicios de que el gobierno de Honduras está finalmente escuchando los llamados de la comunidad internacional para destapar la corrupción. Después de recibir peticiones internacionales para la acción, cuatro sospechosos – dos de ellos asociado con Desarrollos Energéticos S.A., la empresa privada de energía local construyendo la represa Agua Zarca – fueron detenidos en Honduras a principios de mayo en relación con el asesinato de Cáceres.

El rol de la comunidad internacional

Pero Padilla dice que el gobierno de Honduras todavía se muestra reacio a tomar medidas en dos de las principales demandas de la familia Cáceres: que permitan que su equipo de abogados sean parte de la investigación del asesinato, y que se instale una misión de expertos bajo el hospicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Estas capturas son “un acto de buena voluntad”, dice Padilla. “Pero estas demandas no se han cumplido, y por ende todavía queda mucho recelo en el actuar del estado Hondureño y de los organismos de justicia”.

Activistas ambientales y de derechos humanos temen mas asesinatos, amenazas y persecuciones. Padilla y DeLuca dicen que el gobierno de Honduras tiene que hacer más – en términos de protección de la familia de Berta Cáceres, otros miembros del COPINH y Gustavo Castro, el único testigo del asesinato de Cáceres; llegar al fondo de los asesinatos; y en sus análisis de proyectos que amenazan a las poblaciones indígenas y el medio ambiente.

El Ministerio Público de Honduras, que está a cargo del caso del asesinato de Cáceres, no respondió a numerosas llamadas y correos electrónicos solicitando sus comentarios.

DeLuca dice que la hostilidad continua hacia el COPINH después de los asesinatos es una clara señal de que la crisis no se resolverá sin la ayuda de otras naciones con intereses en el país. Ella pide a los ciudadanos de los Estados Unidos en particular, para instar al Departamento de Estado y el Congreso para que presionen a Honduras en aceptar una investigación independiente.

“No tenemos confianza en el estado de Honduras para llevar a cabo una investigación independiente,” dice DeLuca.

En última instancia, los activistas esperan cambiar la manera en que proyectos de desarrollo se llevan a cabo en Honduras, para dar a las comunidades locales una voz cuando sus intereses están en conflicto con los de las corporaciones internacionales de desarrollo. Como parte de eso, la hija de Cáceres, Laura Zuñiga Cáceres, hace un llamado a otros países para que tomen en cuenta los derechos humanos en sus decisiones de inversión.

“También es importante que la comunidad internacional reflexione alrededor de cual ha sido el rol que han jugados sus propios gobiernos en Honduras,” dice ella.

Resende dice que queda por ver si el asesinato de Cáceres asesinato es un motivo suficiente para efectuar que la política del gobierno Hondureño se centre en los intereses de las personas.

“Poco cambio es posible, pero también actualmente estamos experimentando un momento en la historia en el que el activismo está ganando impulso”, dice ella.

Victoria Molina es estudiante de periodismo de la Universidad de Florida cuyos ejes de investigación son las relaciones interétnicas de Europa Oriental, la inmigración y el neoliberalismo en los países en vías de desarrollo. Sus artículos y programas de radio han sido publicados en WUFT News y WUFT Noticias, las plataformas de noticias de NPR de la Universidad de Florida. Su cuenta de Twitter es @vmsugranes.

Victoria realizó este artículo bajo el programa de mentores de Ensia. Su mentora para este proyecto fue Cynthia Barnett. La versión en castellano acá publicada es de la propia autora y tomada de LatinAmericanScience.org.

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