Obreros de construcción en Dubai, 2008. Fotografía por Paul Keller vía Wikimedia (CC BY 2.0).

Este artículo fue escrito por el autor invitado Amin Jobran, que se desempeña como gerente de actividades de extensión de la región de Medio Oriente y África del Norte (MENA por su sigla en inglés) del grupo de investigación sobre la censura a Internet ASL19.

El gobierno federal de los Emiratos Árabes Unidos pronto aprobará una enmienda que podría penalizar el uso de redes privadas virtuales (VPN en inglés) y otras herramientas para eludir la censura. Los infractores podrían enfrentar multas astronómicas de hasta 545.000 dólares y posible encarcelamiento. ¿Qué significa esta ley? ¿Cómo puede afectar la expresión en línea en la región MENA?

La legislación de los EAU ya prohíbe el uso de redes privadas virtuales y otras tecnologías de elusión en circunstancias específicas – el propósito principal de la nueva enmienda es extender el ámbito de aplicación de la ley a todo aquel que «utiliza una dirección de protocolo de Internet fraudulenta (dirección IP) mediante una dirección falsa, la dirección de un tercero o cualquier otro medio con el fin de cometer o impedir el esclarecimiento de un delito. «(Ley federal Nº 12/2016, artículo 1, Emiratos Árabes Unidos).

Sectores interesados en diversos aspectos de la cuestión están bregando con la ambigüedad del lenguaje utilizado en la enmienda. En respuesta a sus quejas, la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones (TRA por su sigla en inglés) emitió un informe de seguimiento en el que prometió que la ley no afectará intereses económicos y que las empresas podrán seguir utilizando la tecnología VPN en sus redes internas, siempre y cuando no la utilicen para actividades delictivas.

Pero la declaración de TRA no habla de servicios no organizados y sin licencia. ¿Usar una VPN en una red pública se considerará ilegal? ¿El uso de una VPN para acceder a un servicio sin licencia, como Viber por ejemplo, será considerado un delito en sí mismo? Las respuestas a estas preguntas dependerán del modo en que el gobierno interprete y aplique la nueva enmienda.

Parte de una tendencia regional

En su interpretación más amplia, la ley podría afectar a todos los usuarios de VPN o de otras herramientas de elusión, incluso aquellos que no acceden a contenido ilegal, servicios prohibidos (como ciertos proveedores de VOIP), o participan en actividades criminales verdaderamente maliciosas.

Esta no es una cuestión banal en los EAU, donde el uso de VPN está muy extendido en universidades, empresas, aeropuertos y viviendas particulares. Muchos emiratíes utilizan VPN para ocultar sus direcciones IP y así protegerse del robo de datos a través de ataques cibernéticos. Y recientes cambios de política – como el bloqueo de los servicios de voz sobre IP (VOIP) – han vuelto las VPN más fundamentales que nunca, especialmente para la clase trabajadora.

La nueva ley, que ha estado precedida por una ola de bloqueos de VoIP en varios países árabes, no es ninguna sorpresa para quienes están familiarizados con la política digital de la región. En los últimos seis meses, los EAU han bloqueado la función video de Snapchat, Marruecos ha bloqueado las llamadas de VoIP, y Arabia Saudita ha bloqueado las llamadas de Whatsapp, la función de mensajería de Facebook, y Facetime para iPhone.

Estos gobiernos justifican sus decisiones en razones de seguridad y motivos económicos. Los servicios gratuitos de VoIP naturalmente reducen la probabilidad de que los clientes utilicen funciones de abono de llamadas internacionales a través de sus proveedores de servicios de telecomunicaciones locales. Esto significa pérdida de ingresos para las compañías de telecomunicaciones nacionales, a menudo asociadas con el estado. Con las crecientes tensiones en torno al extremismo violento regional, los gobiernos de la región MENA también desconfían de VoIP y de ciertas aplicaciones de mensajería debido a sus características de seguridad – herramientas como WhatsApp, que ahora cuenta con mensajería encriptada de extremo a extremo, hacen que sea difícil para los gobiernos supervisar las comunicaciones de los usuarios.

También hay factores de mercado y de políticas en juego. Etisalat y DU son los únicos ISP de los EAU. Ambas empresas cuentan con licencia para proporcionar servicios de VPN, pero se trata de servicios de VoIP centralizados y no cifrados que eliminan la capacidad del usuario para proteger su privacidad. Esto es especialmente problemático, dado que la Autoridad Inversora de los EAU (EIA en inglés), un fondo soberano de inversión del gobierno, es titular del 60 % de las acciones de Etisalat y del 39.5 % del paquete accionario de DU, las únicas dos empresas de telecomunicaciones que operan en el país. Esta superposición de intereses y de poder entre Estado y corporaciones prácticamente garantiza a las autoridades estatales acceso relativamente fácil a los datos de usuarios de VPN.

Y su dinámica de poder no se limita a los EAU. Etisalat está presente en cuatro países árabes, mientras Zain (34.4 % de propiedad del estado de Kuwait), la otra principal gigante de las telecomunicaciones en la región, está presente en ocho países árabes. Esto indica que también tienen gran influencia en la política de Internet de estos países. Por lo tanto, las nuevas leyes sancionadas en los EAU pueden ser exportadas, de un modo u otro, a otros países de la región MENA.

La implementación es todo 

Más allá de permitir el uso de VoIP, las VPN tienen importantes funciones de accesibilidad y privacidad, tales como acceso a contenido bloqueado y la adición de una capa de seguridad para la navegación por Internet.

Estas características son importantes para los usuarios, pero también podrían tener graves consecuencias para la implementación de la nueva ley. En la práctica – al igual que con una aplicación de mensajería encriptada – a menudo es imposible rastrear las actividades de un usuario cuando utiliza una VPN. Un desarrollador con una gran VPN de fuente abierta explicó a ASL19: «Muchos tipos de tráfico de VPN pueden ser detectados por un operador de red. Si la VPN utiliza cifrado adecuado, los ISP no deberían ser capaces de identificar fácilmente lo que el usuario está haciendo a través de la VPN».

Esto significa que aunque los ISP emiratíes pueden ver si un cliente está utilizando una VPN, no pueden determinar fácilmente a qué servicios o sitios web está accediendo el cliente. En pocas palabras, quizás sea imposible para las autoridades determinar si una persona está utilizando una VPN para «actividad criminal» o no.

¿Cómo puede la sociedad civil oponerse?

A la luz de las crecientes amenazas para el acceso digital, la libre expresión en línea y la privacidad en la región MENA, la sociedad civil debe organizarse y trabajar en defensa de los derechos de los usuarios de Internet. Si bien el impacto de tales acciones podría caer en saco roto en algunos países, se ha demostrado su eficacia en otros casos. Cuando los servicios VoIP fueron bloqueados en Marruecos en enero del 2016, los usuarios hicieron un boicot contra las empresas de telecomunicaciones, lanzaron iniciativas en línea y comenzaron a usar VPN para eludir el bloqueo. Las compañías de telecomunicaciones dejaron sin efecto la medida unas semanas después.

Sin embargo, el bloqueo fue restablecido algunos meses más tarde, después de que el ente regulador de telecomunicaciones (ANRT por su sigla en inglés) defendió la prohibición en una decisión polémica, al dictaminar que los servicios VoIP carecen de licencia para operar en Marruecos. La decisión del ANRT se basó en una ley obsoleta de 2004 que penaliza el uso de servicios VoIP con fines comerciales, no personales. Tras la decisión, el público solicitó la intervención del rey, pero la prohibición se mantuvo.

En ASL19, una organización que proporciona soluciones de acceso a la información para usuarios en países donde la vigilancia y la censura son frecuentes, nuestro personal monitoreó la situación y comenzó a trabajar para distribuir herramientas para eludir la censura. Vimos una extraña caída en el uso de algunas herramientas después de la segunda prohibición. Después de investigar y recibir muchos comentarios en las redes sociales, descubrimos que los usuarios temían la pena de prisión prevista en una ley obsoleta de 2004 que regula el uso de VoIP, a pesar de que la norma solo se aplica a la utilización comercial de VPN.

El caso de Marruecos es indicativo de la necesidad de generar conciencia pública acerca de los derechos digitales. Educar a los usuarios de Internet sobre sus derechos digitales – y su derecho a organizarse, a expresarse, y a reclamar mejores servicios y que las empresas de telecomunicaciones locales rindan cuentas – será fundamental en la formación del futuro de Internet en la región MENA.