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Críticas a la «impunidad militar» llevada a cabo en la región de Cachemira administrada por India

Indian Army on duty in Jammu and Kashmir. Image from Flickr by Kris Liao. CC BY-NC-ND 2.0

El ejército indio de servicio en Jammu y Cachemira. Imagen en Flickr de Kris Liao. CC BY-NC-ND 2.0.

La violencia y disturbios recientes en la región de Cachemira (administrada por la India) han provocado duras reprimendas del sudeste asiático, entre otros. El popular intelectual estadounidense Noam Chomsky ha descrito la situación como «impactante» y ha trazado un paralelismo entre Cachemira y el sufrimiento del pueblo palestino. Ha habido numerosas protestas en universidades y lugares públicos, donde la gente se despierta con noticias de masacres. Muchos analistas argumentan que una de las principales razones de los abusos de derechos humanos en la zona es la Ley de Seguridad Pública de 1978 y la Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas, la cual sirve de base para la impunidad militar en Cachemira y en otras zonas de conflicto en el noreste de India.

Doce millones de personas viven en la zona india de Cachemira, una zona dividida geográficamente entre India y Pakistán y reclamada en su totalidad por ambos. Muchos políticos separatistas, rebeldes y civiles rechazan la soberanía de India en Cachemira y han estado luchando por la independencia o por una unión con Pakistán, con matices militares, desde 1989. Tras el inicio de un levantamiento armado, Cachemira experimentó una rápida militarización. Hoy en día es la zona con mayor densidad militar en el mundo, con la presencia de más de medio millón de soldados.

Arundhati Roy, escritora india, sostiene que su país niega la libertad del pueblo de Cachemira – sus azadi.

While we denounce—as we must—the gunning down of unarmed protesters by the security forces, the attacks on ambulances and hospitals by policemen, and the blinding of teenagers with pellet guns, we have to keep in mind that the real debate cannot only be about the violation of human rights by Indian security forces in the Kashmir valley. Egregious though they are, those violations are the consequence—the inevitable and unavoidable consequence—of the militaristic suppression of a people’s struggle for freedom. Kashmiris are not fighting for the establishment of the rule of law or an end to human rights violations. They are fighting for azadi. For this, they are prepared to face down bullets with stones. For this, they are prepared to die in numbers.

Mientras denunciamos (tal y como deberíamos hacer) los disparos a manifestantes desarmados por parte de las fuerzas de seguridad, los ataques a ambulancias y hospitales a cargo de la policía, y el daño a la vista de adolescentes con pistolas de perdigones; debemos recordar que el auténtico debate no puede ser solo sobre la violación de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad indias en el valle de Cachemira. A pesar de ser indignantes, estas violaciones son la consecuencia (inevitable e ineludible) de suprimir militarmente la lucha de un pueblo por sus libertades. Los cachemires no luchan por el establecimiento del estado de derecho o por el fin de las violaciones de derechos humanos. Luchan por los azadi. Es por ello por lo que están preparados para luchas con piedras contra las balas. Esta es la razón por la que están preparados para morir.

En una carta a la unidad de seguimiento de violaciones de derechos humanos de las Naciones Unidas, la Coalición de la Sociedad Civil de Jammu y Cachemira declara:

With the presence of an estimated 700,000 armed forces, Jammu and Kashmir is today the most militarized zone in the world and its civilians have faced widespread and systematic attacks at the hands of Indian State forces over the last 26 years.

Con la presencia de unos 700.000 militares, Jammu y Cachemira es hoy en día la zona más militarizada del mundo. Sus civiles se han enfrentado a ataques sistemáticos y generalizados a manos de las fuerzas indias durante los últimos 26 años.

El bloguero Aaqib, cachemir, menciona en Amoz-i-Bulbul:

With the enactment of armed forces special powers act (AFSPA), state administration has been paralyzed, and pushed to a corner with a status of a “nonchalance spectator”.

Con la aprobación de la ley de poderes especiales de las fuerzas armadas (AFSPA), la administración del estado se ha paralizado y ha sido echada a un lado con el estatus de «espectador indiferente».

Tras la muerte de Burhan Muzaffar Wani, comandante del grupo cachemir separatista Hizbul Mujahideen, el Tribunal Supremo tumbó la inevitabilidad de los «poderes especiales» de los militares y de la policía, lo cual según muchos contribuye a estos terribles abusos de derechos humanos. La Ley de Seguridad Pública (PSA), la cual permite la encarcelación sin juicio durante dos años (entre otras disposiciones impactantes), es específica para Cachemira. La Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas (AFSPA) contiene disposiciones más amplias para controlar una región asolada por los conflictos. El estado de Tripura desestimó la AFSPA en mayo de 2015, alegando una disminución del terrorismo. Con la unión de la AFSPA, la PSA y otras leyes, más de 94.290 lugareños (incluyendo 7.038 prisioneros y unos 8.000 «desaparecidos») han sido asesinados en la región de Cachemira administrada por India desde 1989, según el Departamento de Investigación del Servicio de Medios de Cachemira.

Thma U. Rangli Juki («Tur») escribe en Riot.in, una webzine de Meghalaya:

The AFSPA is widely considered to be a legislative measure unique in its absolute disregard of the rights of the residents against unlawful exercise of coercive power. The law exposes people to wanton and reckless use of force by security forces as it grants them absolute power and authority to use force.

Se considera ampliamente que la AFSPA es una medida legislativa extraordinaria en su absoluto menosprecio por los derechos de los residentes ante el ejercicio ilícito del poder coercitivo. La ley expone a la gente al uso gratuito e irresponsable de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, ya que les confiere un poder y autoridad absolutos para emplear la fuerza.

Tur también menciona que muchas autoridades internacionales han recomendado al gobierno indio derogar o al menos enmendar la AFSPA para hacerla más compatible con las leyes internacionales de derechos humanos.

En las últimas semanas ha habido protestas en Delhi y Calcuta, entre otras ciudades, donde las manifestaciones clamaban por la derogación de la AFSPA y la PSA y por la desmilitarización inmediata de la región. Los manifestantes alegan que la AFSPA y la PSA habilitan directamente las desapariciones y los asesinatos extrajudiciales masivos que han plagado la región.

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