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Activistas y gobierno dentro y fuera de Honduras divididos frente al proyecto de ley “Berta Cáceres”

Mural en homenaje a Berta Cáceres en Tegucigalpa. Imagen del Dominio Público.

Mural en homenaje a Berta Cáceres en Tegucigalpa. Imagen del Dominio Público.

Los asesinatos de líderes ambientalistas en Honduras, y en especial el de la lideresa indígena Berta Cáceres, han impulsado una propuesta de ley con su nombre que espera presionar al gobierno para apuntar a los responsables. El proyecto de ley, denominado “Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras” (HR 5474), fue presentado el pasado 15 de junio ante el Congreso de EEUU por parte de cinco legisladores demócratas y es fuente de controversias.

Con el proyecto se propone “suspender la ayuda de Estados Unidos a la policía y las fuerzas militares de Honduras hasta que cesen la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los autores sean llevados ante la justicia”.

El objetivo de la ley contempla debilitar las fuerzas de seguridad gubernamentales y paramilitares, que se han visto envueltas con frecuencia en la violación de derechos humanos de activistas ambientales, sindicalistas, periodistas, abogados, activistas, afro-indígenas, campesinos, activistas LGBTI y personas críticas con el gobierno.

El proyecto hace énfasis sobre el hecho de que estos abusos permanecen, en su gran mayoría, en la impunidad. La ley tendría también exigencias estrictas de suspender toda ayuda económica de los EEUU a Honduras, como la financiación de operaciones policiales y militares, o ayudas para la adquisición de armamento. A ello se suman cientos de millones de dólares que llegan a través de la Alianza para la prosperidad del Triángulo del Norte.

Esta suspensión de ayudas tendría lugar hasta que se cumplan determinadas condiciones, entre las cuales están la investigación completa del asesinato de Berta Cáceres y de muchos otros activistas y pequeños agricultores que han sido víctimas de la pugna por la tierra en Honduras. Solamente el Departamento de Estado estadounidense sería quien determine el cese a la sanción, previa investigación.

En la página de bertacaceres.org se publica lo manifestado por uno de los congresistas de la iniciativa que explica el porqué de la misma:

Proporcionamos millones de dólares para asistir con la infraestructura de seguridad en Honduras cada año, pero ha sido descubierto que estas mismas fuerzas atacan y asesinan activistas ambientales, laborales, y aquellos quienes demandan derechos humanos básicos.

Esta iniciativa ha sido vista como un llamado de atención al gobierno de Honduras y ha puesto en alerta a la comunidad internacional. De hecho, ha habido decisiones de entidades europeas, como la del Banco Holandés para el desarrollo (FMO), con la que se han abandonado proyectos de apoyo financiero para Honduras:

FMO está consternado a raíz de la noticia que Nelson García, otro miembro del COPINH, ha sido asesinado en Honduras.  Después de la reciente muerte violenta de Berta Cáceres, hemos solicitado al gobierno hondureño hacer todo dentro de su poder para detener la continua violencia y asesinatos que se viven en el país.

La respuesta gubernamental y las críticas a la ley

El gobierno de Honduras se ha declarado crítico y renuente. El mismo presidente Juan Orlando Hernández se ha quejado de la imagen negativa que trae consigo este proyecto de ley para el país, y viajó a Washington, EEUU, para reafirmar las relaciones bilaterales.

Para Tomás Zambrano, diputado de la Comisión de Seguridad de Honduras, la ley Berta Cáceres debilitaría la lucha contra el narcotráfico.

Zambrano no es el único en temer estos resultados. Por su parte, el portal Críticos de la Verdad Oculta manifiesta las consecuencias negativas que la ley podría acarrear:

Mientras esta Ley se debate, los criminales se están re armando y preparan de nuevo sus planes de contingencia para abrir nuevas rutas por donde puedan maniobrar y continuar inundando de droga un mercado altamente consumidor, mientras en el camino van quedando miles de muertos en un fuego cruzado.

“¡Estamos poniendo nuestras vidas!”

Muchos de quienes exigen justicia activamente por la muerte de activistas apoya el proyecto de ley. Este es el caso de Laura Zúñiga, una las hijas de Berta Cáceres, que se encontraron con otros activistas en Estados Unidos. El usuario de Twitter Julio Ricardo Varela compartió un video tomado en una marcha en Filadelfia, en la que Zúñiga hizo un sentido llamado para apoyar el proyecto:

[En América Latina, hoy, están] pudriendo las montañas, envenenando los ríos y saqueando nuestros bosques para sostener el consumo de los EEUU […] Para sostener ese consumo y para poder despojar a los territorios, se necesita la fuerza de la violencia; y la fuerza de la violencia en nuestros países. [Esta violencia] está representada por los militares y policías. Entonces estamos acá para pedir, para exigir, que se corten inmediatamente los fondos y las ayudas a los militares y policías que nos están matando. Estamos poniendo nuestros cuerpos ¡Estamos poniendo nuestras vidas!

Las pugnas no parecen tener un desenlace en el corto plazo. Mientras tanto, los números de seguidores en apoyo a los activistas por el medio ambiente que se han inspirado en el trabajo de Berta Cáceres crecen; y con ellos crecen también las complejidades en cuanto al problema del tráfico de drogas, de la seguridad ciudadana y de la participación de empresas multinacionales en la explotación de los recursos de Honduras.

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