Casetas barco en La Parguera, Lajas, Puerto Rico. Imagen cedida por Alberto Marty.
Activistas y expertos medioambientales en Puerto Rico suspiraron de alivio cuando una ley que pretende privatizar La Parguera, una zona marítima pública en la costa este de Lajas, fue rechazada. Pero la batalla está lejos de acabar. Varias playas públicas y zonas costeras siguen resistiendo a los propósitos de privatización.
Project #1621 [1], el recientemente desestimado proyecto de ley, tenía como objetivo legalizar las casas flotantes o casetas. Estas casas ilegales existen en La Parguera desde hace décadas. La mencionada ley habría legalizado estas instalaciones, permitiendo a los propietarios alquilarlas por hasta 40 años, para después convertir [2] este espacio público en una exclusiva zona turística.
Los alcaldes y empresarios apoyan la ley propuesta, alegando que podría incentivar el turismo en la región. Según algunos residentes [3], los propietarios de las casetas contribuyen al crecimiento económico local, aportando a la pequeña ciudad cerca de 2 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale al 20% del presupuesto de Laja.
«Las playas pertenecen a la gente»
A pesar de ello, los activistas medioambientales mostraron su oposición a través de las redes sociales, con la frase «Las Playas son del Pueblo [4]«, la cual se ha convertido en el eslogan del movimiento anti-privatización.
Amigos del MAR [5], una organización ecologista fundada en 1955 con el propósito de conservar los recursos naturales de Puerto Rico, está luchando activamente contra el proyecto de ley. La organización hizo llegar una carta [6] al gobernador Alejandro García Padilla instándole a que no aceptara el controvertido tratado y proponiéndole diversas alternativas amigables con el medio ambiente, como invertir fondos en proyectos relacionados con la protección ambiental.
Estudiantes de derecho [7] de varias universidades del país se unieron a los líderes proambientales en un intento de informar a los políticos sobre las posibles consecuencias del proyecto #1621, declarando que dicho proyecto se convertiría en un precedente, favoreciendo una tendencia a privatizar áreas públicas cuyo acceso sería restringido.
La Parguera: una joya costera
En el 2014, el Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral de la Universidad de Puerto Rico-Mayagüez publicó un extenso estudio [8] acerca de la historia ambiental de La Parguera, donde se detalla cómo este pequeño pueblo pesquero se convirtió en un popular destino turístico con hoteles, comercios restaurantes y actividades recreativas. Famoso por su bahía bioluminiscente, «sus recursos marinos fueron antaño una fuente de obtención de sustentos, posibilitando actividades comerciales y recreativas, así como la pesca. Pero ahora todo esto está despareciendo», el antiguo pueblo pesquero es un lejano recuerdo en la memoria de los locales. El estudio declara que las casetas están, en efecto, ocupando ilegalmente la zona, y que «constituyen uno de los elementos clave para definir la política y el gobierno».
El texto original del proyecto de ley determinó que los propietarios de las casetas han pagado los costes del sistema de depuración de aguas de La Parguera, pero esto se debió a que estas casas fueron las causantes de la mayoría de contaminación en la zona [9], según el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas.
La antropóloga puertorriqueña Rima Brusi [10] ha entrevistado a los habitantes de las casetas, que, a pesar de que sus hogares son en efecto ilegales, se sienten muy unidos a ellos, ya que es allí donde crecieron con sus familias. Sin embargo, Brusi destaca que los locales están indecisos con respecto a la ley propuesta. La mayor parte de los dueños de las casetas pertenecen a la clase alta, generalmente adinerados que poseen otras casas y restringen el acceso de otras barcas a la bahía. Esto es lo que critican algunos habitantes de la zona, pero también es cierto que los propietarios ofrecen algunos puestos de trabajo temporal, ya sea en limpieza o reparación de las casetas.
«Marriott, enemigo del medio ambiente.»
El proyecto #1621 es solo uno de los muchos intentos de mercantilización de espacios públicos en la isla. En noviembre de 2015, un altercado entre la dirección del hotel Marriot y los activistas ambientales saltó a los titulares de prensa, al igual que el conflicto que desembocó, tras 10 años de lucha, en una protesta en la Playa de Isla Verde [11]. La organización Coalición Playas Pa´l Pueblo [12] estableció hace más de 10 años un campamento en Isla Verde para asegurar el acceso público a esta playa, situada en la norteña ciudad de Carolina. Pero en 2015 Playas Pa´l Pueblo recibió una orden de desalojo por parte del gobierno municipal. La agencia EFE informó el pasado mes de noviembre [13] que la Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico había cedido la zona costera a la ciudad de Carolina en el 2003; sin embargo, la empresa inmobiliaria CH Properties, afiliada con Courtyard Marriott, tiene los derechos de alquiler de dicha zona durante aún 99 años.
Mural en Playa de Isla Verde: «Las playas son del pueblo, no se venden». Fuente: Facebook Amigos Del MAR. Uso autorizado.
Amigos del MAR y Playas Pa'l Pueblo permanecen como dos de los más relevantes defensores ambientales que protegen a las playas públicas de la privatización, ya que, según aseguran, este hecho afectaría al ecosistema de Isla Verde, incluyendo un nido de tortugas laúd situado en la zona que podría pasar a ser propiedad de Marriott. A principios de año [14], el Tribunal de Apelaciones de Carolina ordenó el desalojo de Isla Verde por parte de los manifestantes ambientales, pero el alcalde de la ciudad, José Carlos Aponte Dalmau, se opuso a dicha decisión alegando que era una violación de los derechos constitucionales.
Nido de tortugas laúd en la Playa de Isla Verde, Carolina, Puerto Rico. Fuente: Facebook Amigos Del MAR. Uso autorizado.
Manifestantes en la Playa de Isla Verde, Carolina. Fuente: Facebook Amigos Del MAR. Uso autorizado.
Proyecto #2853
Otro proyecto planeado este año por la Cámara de Representantes fue el proyecto #2853 [15], el cual pretendía legalizar la privatización del litoral puertorriqueño. Mediante este plan, el Departamento de Recursos Naturales habría creado un Fideicomiso de Conservación Ecoturística de Puerto Rico para conceder licencias de uso privado de la zona costera. La ley fue descartada [16] por el Senado. Varios activistas se concentraron ante el Capitolio de Puerto Rico, entre ellos Alberto de Jesús, conocido como «Tito Kayak», que trepó hasta la bandera estadounidense y la sustituyó por otra donde se podía leer «Las playas son del pueblo».
Tito Kayak comenzó una huelga de hambre como protesta contra el proyecto de ley, que fue posteriormente rechazado por el gobernador. Imagen cedida por Diana Valle.
Mientras organizaciones, intelectuales y activistas medioambientales han aunado sus fuerzas para proteger los espacios públicos y el ecosistema de Puerto Rico, las playas de la isla sufren a diario nuevos intentos de privatización cuyo objetivo es el fomento del turismo. El viernes 6 de agosto, integrantes de Amigos Del MAR protestaron [17] frente a La Fortaleza, residencia del gobernador de la isla, situada en San Juan. El grupo emplea las redes sociales para animar a los puertorriqueños a contactar por teléfono con Alejandro García Padilla para solicitarle que no legalice la propuesta. Tito Kayak, por su parte, anunció una huelga de hambre [18]. Campamento contra la Junta [19], un camping formado por activistas contrarios a la junta de control fiscal (PROMESA), y situado frente al Tribunal Federal de San Juan, expresó su solidaridad [20] a Amigos Del MAR.
El proyecto fue vetado [21] por el gobernador en la noche del sábado 7 de agosto. Esta lucha parece haber concluido como un triunfo para los ecologistas, pero proyectos similares siguen en marcha, la expansión de Marriott entre ellos. Mientras tales planes sigan presentes, el futuro de las costas de Puerto Rico permanecerá incierto