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Netizen Report: Bangladesh y Etiopía desconectan Internet mientras aumenta la tensión política

Categorías: Bangladesh, Etiopía, Censura, Derechos humanos, Guerra y conflicto, Medios ciudadanos, Netizen Report, Protesta, GV Advox
Protest in Ethiopia's Oromo region. Photo from Abdi Lemessa's Facebook page. Used with permission.

Protesta en la región Oromo de Etiopía. Foto de la página de Facebook de Abdi Lemessa. Utilizada con permiso.

El Netizen Report de Global Voices Advocacy ofrece una instantánea internacional de los problemas, victorias y nuevas tendencias en materia de derechos de Internet en todo el mundo.

Los usuarios de Internet bangladesíes han sufrido varias oleadas de apagones del servicio y bloqueos de sitios web [1] en lo que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones describió como un “simulacro” impuesto por el gobierno. Desde principios de agosto las autoridades han bloqueado 35 sitios web de noticias, muchas de las cuales representan posturas críticas dentro del clima político del país.

Los ciudadanos se esfuerzan por entender cómo estos cortes podrían tener un impacto positivo sobre la seguridad pública, afirma la colaboradora de Global Voices Zara Rahman, en un país donde la libertad de expresión se encuentra cada vez más amenazada.

El servicio de Internet también fue interrumpido [2] una vez más en Etiopía mientras las protestas en las regiones de Oromía [3] y Amhara se veían ensombrecidas por la violencia. Alrededor de 100 personas fueron asesinadas [4] cuando las fuerzas de seguridad dispararon munición real contra los manifestantes durante el fin de semana del 6 de agosto. Pruebas realizadas por el Observatorio Abierto de interferencias de la red (OONI, por sus siglas en inglés) confirmaron que el servicio de Internet fue probablemente bloqueado durante ese período, aunque no queda claro si esto ocurrió en todas las regiones o en todo tipo de redes del país.

En Oromía, Internet se ha convertido en una importante herramienta para difundir información sobre el movimiento de los manifestantes, que se oponen a un plan para ampliar la capital Adís Abeba hacia las tierras de cultivo de la región, una medida que probablemente desplazaría a miles de agricultores locales. La cobertura de los medios de comunicación mayoritariamente de propiedad estatal del país ha difundido información falsa o ignorado la situación por completo. En un intento por controlar la disidencia en Oromía, el monopolio de telecomunicaciones de propiedad estatal EthioTelcom anteriormente bloqueó las plataformas de los medios sociales [3], incluyendo Twitter, WhatsApp y Facebook Messenger.

En Colombia, compartir podría ser un delito

El estudiante de postgrado colombiano Diego Gómez, que se enfrenta a acusaciones penales [5] por infringir derechos de autor al compartir una tesis en Internet, podría ser sentenciado en los próximos días. En un esfuerzo por respaldar el caso de Gómez, la ONG colombiana de derechos digitales Fundación Karisma lanzó la etiqueta de Twitter #CompartirNoEsDelito [6]. En Colombia, copiar y distribuir sin permiso obras con derechos de autor puede conllevar una condena de hasta ocho años de cárcel.

Perú compra equipos de vigilancia valorados en millones de dólares

Perú pagó 22 millones de dólares [7] por equipos de vigilancia técnica para espiar las comunicaciones de sus ciudadanos, según Associated Press [8]. Documentos gubernamentales indican que el “Proyecto Pisco” (un nombre que hace referencia al popular licor peruano) permite al gobierno interceptar llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, chats y el historial de los navegadores de Internet. Puede rastrear hasta 5000 personas y grabar hasta 300 conversaciones simultáneas.

La Dirección Nacional de Inteligencia de Perú [9] también autorizó el pago de SkyLock, una herramienta que permite a las fuerzas del orden ubicar y rastrear cualquier teléfono dentro del país. Los pagos por estas herramientas técnicas se efectuaron a la empresa israelí-estadounidense Verint, que también tiene negocios en Brasil, Colombia, Ecuador y México.

Cargos criminales y medios sociales en Irán

Najibeh Salehzadeh, esposa de un destacado activista laboral, está a la espera del fallo en el caso que presentó el Estado iraní contra ella, en el que está acusada de «insultar» al líder supremo de Irán y poner en peligro la seguridad nacional mediante un mensaje en Facebook a principios de junio. Salehzadeh ha negado las acusaciones y dice que ni siquiera tiene una cuenta en la red social, que está prohibida en Irán. Activistas de derechos humanos creen que el caso se amañó en un intento de intimidar a su esposo, Mahmoud Salehi [10], un destacado activista laboral que ha sido detenido y encarcelado en varias ocasiones en Irán por participar en actividades de protesta pacífica.

Según un comunicado [11] de Gerdab, la división cibernética de la Guardia Revolucionaria iraní, se ha citado, detenido o advertido a más de 450 administradores de grupos de medios sociales en las últimas semanas. Esto es parte de la continua oleada de represión que se inició en marzo de 2015 y que la Gerdab denomina “Ankaboot” («Araña» en persa) para llevar a cabo un seguimiento de los medios sociales a gran escala con el fin de frenar las actividades inmorales.

Periodistas se enfrentan a recurso judicial por destapar la trata infantil en la India

Los periodistas indios que descubrieron pruebas de que la organización hindú de ultraderecha Rashtriya Swayemsevak Sangh [12] (RSS) estaba supuestamente involucrada en la trata de menores ahora se han convertido en blanco de una investigación policial [13] y de abusos en línea. El artículo de investigación publicado por el sitio de noticias de Outlook, titulado Operación #BabyLift [14], informa que RSS infringió la legislación india e internacional con la trata de 31 niñas tribales de edades comprendidas entre los tres y once años con el fin de «hinduizarlas».

Un asistente del fiscal general y portavoz del gobernante partido nacionalista hindú Bharatiya Janata, una rama política de RSS, presentó una querella [15] contra el redactor de Outlook, Krishna Prasad, así como la periodista Neha Dixity y el editor de Outlook, Indranil Roy, por incitar al odio contra diferentes grupos étnicos. Prasad ha sido despedido. Los periodistas y defensores de la libertad de expresión temen que este caso y otros similares conducirán a una mayor autocensura en la India.

Los legisladores paquistaníes aprueban proyecto de ley de delitos informáticos

La Asamblea Nacional de Pakistán aprobó un nuevo polémico proyecto de ley de delitos informáticos [16], que pronto será promulgado por el presidente Mamnoon Hussain. El proyecto de ley de Prevención de Delitos Informáticos de 2015 ha sido criticado por restringir la libertad de expresión y el acceso a la información, y es probable que sea utilizado indebidamente por las autoridades, según Naveed Qamar, miembro de la Asamblea Nacional.

¿Seguridad mediante la opacidad? Paraguay promueve la censura para proteger a los niños

Un proyecto de ley objeto de debate en Paraguay, llamado “De protección de los niños, niñas y adolescentes contra contenidos nocivos en internet [17]”, pretende instalar filtros que bloquearían los contenidos considerados «peligrosos» para los jóvenes en las redes de Internet de acceso público. Esto podría resultar en un aumento de la censura y dificultar el acceso de los adultos al material apropiado para su edad, y ha sido ampliamente criticado [17] por su posible impacto sobre la libertad de expresión en Paraguay. El Congreso de Paraguay ya aprobó el proyecto de ley, que ahora está a la espera de ser promulgado por el presidente, aunque este aún tiene la oportunidad de vetar la ley de acuerdo con la legislación paraguaya.

Nuevas investigaciones

Subscríbase al Netizen Report vía correo electrónico [20]

 

Mahsa Alimardani [21], Ellery Roberts Biddle [22], Elizabeth Rivera [23], L. Finch [24] y Sarah Myers West [25] colaboraron en este informe.