Esta publicación es una versión adaptada del texto original escrito por FOR Peace Presence, publicado originalmente aquí.
Con las conversaciones por la paz ya completadas, muchas comunidades en Colombia deben trabajar ahora para construir una tregua duradera en las regiones más remotas del país, enfrentando muchos retos y a una compleja red de relaciones que ha definido el conflicto durante años.
La comunidad afrocolombiana de Cacarica, en el oriente colombiano, conoce estos retos demasiado bien. La comunidad negra de la región ha presenciado altos niveles de violencia patrocinados por el estado. El más infame de estos es la Operación Génesis, ocurrida en febrero de 1997 y que causó el desplazamiento de más de 4,000 afrocolombianos durante el conflicto armado interno, el cual solo hasta ahora está llegando a su fin.
En el 2013, el programa de televisión Contravía registró las entrevistas con algunas de las víctimas del desplazamiento:
Tanto las fuerzas armadas militares como las paramilitares ejecutaron el desplazamiento forzado, de manera oficial, con el fin de contrarrestar la presencia de los grupos guerrilleros. Un escuadrón de la muerte de extrema derecha llamado Autodefensas Unidas de Colombia AUC trabajó de cerca con los militares, equipado con armas proporcionadas por los terratenientes que tenían un interés personal en la operación, debido al daño causado a sus negocios por los ataques guerrilleros.
La operación dejó como resultado la muerte y desaparición forzada de más de 80 personas. Esta es solo una de las muchas masacres cometidas por los grupos militares y paramilitares en operaciones conjuntas.
No fue hasta noviembre del 2013 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al gobierno colombiano por el desplazamiento forzado de las comunidades afrocolombianas como resultado de la Operación Génesis.
La creación de CAVIDA: Una respuesta a la injusticia
Por años el gobierno colombiano se rehusó a implementar las reparaciones individuales o colectivas ordenadas por la Corte IDH. Como resultado de esto, los miembros sobrevivientes de la comunidad se han organizado en Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad para Cacarica (CAVIDA), fundando una de las primeras zonas humanitarias en Colombia, llamada Nueva Vida y Esperanza en Dios. La zona humanitaria es una entidad legal basada en el Protocolo de Ginebra.
Las zonas humanitarias de Colombia están demarcadas claramente y habitadas por la población civil, donde se supone que no pueden entrar fuerzas armadas de ningún tipo. El establecimiento de una zona humanitaria permitió a los miembros de CAVIDA regresar a su tierra y vivir protegidos del conflicto interno armado, en una región con presencia de todo tipo de actores armados legales e ilegales.
Durante los años de su desplazamiento, las víctimas de Operación Génesis pidieron un título de propiedad colectivo como comunidad afrodescendiente para garantizar su estadía en esas tierras, y lo recibieron en julio de 1998. El título de propiedad colectiva de más de 103,024 hectáreas fue entregado finalmente a la comunidad de Cacarica en diciembre de 1999. Este título colectivo se basa en la Ley 70 de Colombia, o en la «Ley de las comunidades negras» de 1993, que proteje los derechos y la identidad cultural de las minorías étnicas.
En el documental llamado «We Are Land,» compartido por Peace Brigades Colombia (parte de Peace Brigades International), los miembros de la comunidad de Cacarica hablan sobre sus experiencias de desplazamiento y reubicación:
A pesar de las amenazas de los grupos armados, la comunidad regresó a su tierra en el 2000 y el 2001. “Aún no hemos regresado realmente”, dice un miembro de CAVIDA en el documental. Mientras que estas personas se establecen en las nuevas zonas humanitarias fundadas, solo unos pocos han podido regresar a sus hogares y vidas originales, la mayoría decidió quedarse en las tierras concentradas en las zonas humanitarias, debido al temor por las continuas amenazas de hombres armados.
La Corte IDH tambien ha ordenado hacer una medida de reparación a la memoria colectiva. Al no tener respuesta por parte del gobierno, CAVIDA se encargó de construir un monumento en la zona humanitaria Nueva Vida. La inscripción en la estatua contiene las peticiones de la comunidad, y dice, “Ayer nos desplazaron, nos asesinaron, nos desaparecieron, ayer y hoy estamos juntos al lado de las manos del mundo, resistiendo a la muerte, a la impunidad”.
La Corte IDH también estableció una conmemoración para recordar la Operación Génesis y sus atrocidades. Este año, CAVIDA invitó a organizaciones nacionales e internacionales a asistir a la conmemoración del aniversario numero 19 de la Operación Génesis, y organizó una caminata de varios días a través de la espesa selva tropical hasta la frontera entre Colombia y Panamá, hasta la colina llamada Cerrro Mocho, que también es la sede de una base militar. Cerro Mocho forma un límite entre el territorio de la comunidad negra en Cacarica y la frontera con Panamá.
A pesar de los esfuerzos para abordar la traumática experiencia de la masacre y los desplazamientos ocasionados por la Operación Génesis, y las peticiones de reparación insatisfechas, los miembros de la población afrocolombiana que han regresado no han podido rehacer sus vidas como agricultores de manera tranquila y sostenible y se enfrentan a amenazas continuas. De acuerdo a las noticias locales, ha habido incursiones recientes por parte de grupos paramilitares que vuelven a plantear el riesgo constante del desplazamiento.
Una lucha continua
La región fronteriza entre Panamá y Colombia comprende un vasto territorio de selva tropical con muchísima biodiversidad, rica en minerales y maderas finas. Es también un corredor estratégico para un rango variado de intereses: entre otros proyectos, hay planes para completar la Carretera Interamericana e interconectar una infraestructura de energía eléctrica entre América Central y Sur América.
Pero las partes interesadas en este territorio no terminan allí. En el 2013, se construyó en la frontera una base militar binacional. Las empresas están cada vez más interesadas en explotar los recursos naturales de la zona y aprovechar la fertilidad del suelo para la producción de monocultivos de banano. Simultáneamente, esta zona también es una ruta atractiva para grupos armados ilegales que consideran este corredor una ruta ideal para el tráfico de drogas.
Los grupos paramilitares se desmovilizaron oficialmente en el 2005, cuando se adoptó la Ley de Justicia Y Paz del 2005. Sin embargo, muchos miembros de estos grupos nunca se desmovilizaron o formaron nuevos grupos que ejercen control social y económico sobre las poblaciones locales (especialmente en esta región fronteriza). Uno de los mayores y más jerárquico grupo neo-paramilitar es llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y también tienen una presencia muy fuerte en esta región. Aunque el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC se haya firmado, las comunidades en Cacarica y otros lugares están bastante preocupados por la persistencia de las estructuras neo-paramilitares que amenazan su derecho a tener una vida en paz, según afirman los defensores de los derechos humanos.
La base binacional Colombo-Panameña ubicada en los límites de las zonas humanitarias es otra enorme razón de preocupación entre las comunidades. En junio del 2013, fue construida la base Guamal, en Cerro Mocho, cinco meses antes de que la Corte IDH decidiera que el estado colombiano es responsable por el desplazamiento de las comunidades afrocolombianas. Según las medidas tomadas por miembros de la comunidad y delegaciones internacionales, el territorio de la base militar coincide con el territorio del título colectivo, un hecho que los tribunales colombianos han negado. Esto es bastante problemático ya que los militares colombianos fueron uno de los perpetradores durante la operación que resultó en los asesinatos masivos hace ya casi dos décadas.
En un esfuerzo por proteger a la población civil, comunidades en las zonas humanitarias han establecido reglas que impiden el acceso a las fuerzas armadas. Además de esto, los medios panameños revelaron en el 2014 que William Brownfield, Secretario de Estado Adjunto para asuntos internacionales de narcóticos y aplicación de la ley de Colombia, junto con el ex embajador de los Estados Unidos en Colombia, visitaron la base, aumentando las inquietudes respecto al rol de los Estados Unidos en un área tan estratégica.
Además de recordar las víctimas de la Operación Génesis, la conmemoración también buscaba suscitar la preocupación respecto a la nueva ubicación de la base. En un comunicado conjunto, CAVIDA y otros, han pedido una misión de verificación oficial para investigar la posibilidad de que la base esté ubicada dentro del territorio colectivo de la comunidad. La intervención también pide una investigación a los acuerdos firmados entre los gobiernos de Estados Unidos, Panamá y Colombia.
Mientras tanto, la comunidad afrocolombiana autodeterminada de hoy se queda con muchas preguntas sin respuestas, una petición de justicia insatisfecha y muchos vecinos indeseables.
Esta publicación es una versión adaptada de un texto original escrito por FOR Peace Presence, publicado originalmente aquí.
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