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Académicos turcos llaman a la solidaridad en medio de cacería de brujas luego del intento de golpe

La división de Ankara de la Confederación de Sindicatos de Servidores Públicos organizó un encuentro con la prensa el sábado 3 de setiembre para protestar contra el despido arbitrario de sus miembros. Foto de Ankara Resistance Post.

El fallido intento de golpe del 15 de julio en Turquía dio paso a una enorme investigación del estado, miles de arrestos arbitrarios y a muchos despidos en el sector estatal, sobre todo de instituciones militares y educativas.

El intento de golpe fue descrito por el presidente Recep Tayyip Erdogan como “un regalo de Alá” para ayudar a limpiar las instituciones del estado de simpatizantes de Fethullah Gulen, el clérigo islámico turco y antiguo aliado de Erdogan a quien el gobierno acusa de tramar el golpe desde su punto de exilio en Estados Unidos.

La base legal para la contrarreacción del gobierno es un estado de emergencia vigente hasta octubre que otorga a Ankara facultades extraconstitucionales, con el gabinete autorizado para dar decretos legislativos sin recurrir al voto parlamentario.

Sin embargo, la “limpieza” de Erdogan parece haberse convertido en una cacería de brujas, como muestran las recientes novedades.

¿Cuántos terroristas?

La noche del 1 de setiembre, se promulgó un decreto legislativo para anunciar el despido de cerca de 50,000 trabajadores del servicio civil por “ser miembros, tener cohesión o comunicación con organizaciones terroristas”.

La lista incluye a 2,346 académicos y más de 20,000 profesores, muchos de los cuales sostienen no tener conexión con Gulen o su movimiento Hizmet (Deber), pero que de todas maneras terminaron en el radar del estado por expresar críticas al gobierno.

La operación de despido masivo llegó sin ningún proceso judicial previo, evidencia visible ni el derecho de defensa.

Las listas de personal académico a ser despedido fueron entregadas presuntamente por los rectores universitarios a pedido de la Junta de Educación Superior.

El académico marxista asociado, profesor doctor Candan Badem de la Universidad Munzur: “Buenos días, he sido destituido del servicio civil con el decreto legislativo de hoy. No hay evidencia sino un veredicto. Fascismo islámico”.

Egitim-Sen (Sindicato de Trabajadores de la Educación y la Ciencia), de orientación izquierdista, que representa más de 100,000 trabajadores de la ciencia y la educación, declaró que con este último decreto, más de 100 de sus miembros en colegios y universidades han sido destituidos.

Mesut Firat, secretario general de Egitim-Sen, dijo:

It appears that the expulsions have been conducted based on political profiling, rather than concrete evidence.

Parece que las expulsiones se han llevado a cabo de acuerdo con el perfil político en vez de evidencia concreta.

Académicos por la paz, pero no por Erdogan

Cerca de 41 de los académicos despedidos suscribieron una “petición de paz” iniciada por Académicos por la Paz en enero, que criticaba el gobierno por matar a civiles kurdos durante operativos contra militantes de PKK, y pedía a Ankara que regresara a la mesa de negociación con el PKK.

Unos 2,000 académicos, que firmaron la petición por todo el país, fueron calumniados por funcionarios del gobierno, incluido Erdogan.

Cientos de académicos han sido detenidos, investigados y despedidos desde entonces.

Los Académicos por la Paz expresaron en una declaración de prensa del 3 de setiembre:

The Government of Turkey is taking advantage of the State of Emergency rule to crack down on all critical voices, including those who have no relation to the Gulen organization or the coup attempt.

El gobierno de Turquía se está aprovechando del decreto de estado de emergencia para reprimir todas las voces críticas, incluidas las que no tienen relación con la organización de Gulen o el intento de golpe.

Unos 20 de 39 académicos despedidos de la Universidad Kocaeli suscribieron la petición de paz y ocho de los académicos despedidos de la Universidad de Ankara también lo firmaron.

Algunos fueron sometidos a investigaciones anteriores.

La profesora asociada, doctora Gulseren Adakli, excatedrática de la Facultad de Comunicaciones en la Universidad de Ankara, e integrante y expresidenta de la división de Egitim-Sen, describió así su despido:

My dismissal from civil service within state of emergency has nothing to do with FETO [Fethullah Gulen Terrorist Organisation, as Gulen's Hizmet movement is named by Turkey's government] or any other terrorist organisation, and this fact is well known to the academic community, the government, and anyone who knows me. I believe a denunciation mechanism is in action. Everyone is trying to take advantage of the current atmosphere to reinforce their power.

Mi despido del servicio civil dentro del estado de emergencia no tiene nada que ver con FETO [Organización Terrorista Fethullah Gulen, que es como el gobierno de Turquía llama al movimiento Hizmet de Gulen] ni a ninguna otra organización terrorista, y este hecho es bien conocido por la comunidad académica, el gobierno y todo aquel que me conozca. Creo que un mecanismo de acusación está en marcha. Todos están tratando de aprovechar la actual atmósfera para reforzar su poder.

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Gulseren Adaklı, profesora despedida de la Universidad de Ankara. Foto tomada de la página del departamento de la Universidad de Ankara.

Aysun Gezen, asistente de investigación de la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad de Ankara y otro miembro de la junta de Egitim-Sen, afirmó que la lista de catedráticos despedidos de su departamento se vincula con un incidente anterior, cuando la policía detuvo brutalmente a miembros de la facultad dos años antes, después de que intentaron proteger a los estudiantes de una incursión en la universidad.

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Asistentes de investigación Dr. Onur Can Tastan, Dr. Nail Dertli, Ahmet Ozan Deger, Celil Kaya y Aysun Gezen fueron despedidos del servicio civil. Todos fueron detenidos en la universidad en 2014 mientras protegían a sus alumnos de un ataque policia. Foto ampliamente difundida.

Esra Dabagci, asistente de investigación despedida de la Universidad de Ankara, afirmó:

Taking advantage of the state of emergency, [the government] wants to oppress any opposition. They exile anyone who doesn’t support them by declaring them to be FETO members today, and something else tomorrow. It is a huge opportunity for [the government].

Aprovechando el estado de emergencia, [el gobierno] quiere reprimir toda oposición. Exilian a todo aquel que no los apoye declarándolo miembro de FETO hoy y de otra cosa mañana. Es una oportunidad enorme [para el gobierno].

Una reciente investigación dirigida contra el asistente Yasin Durak –otro académico despedido de la Universidad Nigde– averiguó que el rectorado recomienda que una corte condene al miembro de su personal de uno a cuatro años de cárcel.

Durak fue acusado de “insultar al presidente” según un artículo publicado en el diario Birgun, donde comparó a Erdogan con un dragón.

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Asistentes de investigación despedidos Esra Dabagcı de la Universidad de Ankara University (izquierda) y Yasin Durak de la Universidad Niğde. Foto de Ankara Resistance Post.

Varios departamentos e instituciones académicas en Turquía han emitido declaraciones de prensa en apoyo a los académicos.

Sesenta y nueve profesores de la facultad de ciencias políticas de la Universidad de Ankara han firmado una petición en solidaridad con sus colegas despedidos.

Por su parte, todos los miembros del Departamento de Sociología en la Universidad de Ankara pusieron las manos al fuego por su colega despedida Esra Dabagci, a quien conocen en el contexto profesional y personal y que no tiene vínculos conocidos con la red de seguidores de Gulen.

La Asociación Médica Turca, de donde algunos de sus miembros han sido expulsados, condenaron los ataques contra los firmantes de la petición de paz en una declaración de prensa.

Otra declaración de prensa emitida por la Confederación de Sindicatos Progresistas describió a algunos de los académicos despedidos como personas que “que han apoyado la educación científica, secular y democrática, han pasado su vida luchando por el trabajo, la naturaleza y la vida, y pidieron por la paz […]. Su despido por [acusaciones de participación] con FETÖ y el intento de golpe, es vergonzoso”.

Dos miembros del consejo del partido CHP (Partido Popular Republicano, el principal opositor), y un asesor del líder de CHP, Kemal Kilicdaroglu, están entre los académicos despedidos.

Al personal despedido ya no se permitirá trabajar en ningnua universidad turca ni ninguna institución pública.

No pueden litigar contra su expulsión durante el estado de emergencia, pues la jurisdicción nacional no se aplica a decretos legislativos. Sin embargo, pueden solicitarlo directamente a la Corte Europea de Derechos Humanos.

Aunque el gobierno de AKP propuso suspender la Convención Europea de Derechos Humanos en lugar del estado de emergencia, Kerem Altiparmak, asistente de cátedra en la Universidad de Ankara, que se especializa en derechos humanos y derecho penal internacional, dice que incluso durante el estado de emergencia, el gobierno está obligado a respetar el derecho internacional:

The limits to actions during state of emergency is described in Article 15 of the constitution. Based on this, legislative decrees cannot take precautions that contradicts with international law. […] According to international law, dismissal from civil service cannot be sanctioned against the principles of the state of law. One cannot be dismissed from civil service indefinitely without due process, given the right to defend themselves, and without looking into their role in anti-regime actions.

Los límites a las acciones durante el estado de emergencia están descritos en el artículo 15 de la Constitución. Según esto, los decretos legislativos no pueden tener previsiones que contradigan el derecho internacional. […] Según el derecho internacional, el despido del servicio civil no puede darse en contra de los principios del estado de derecho. Uno no puede ser despedido del servicio civil indefinidamente sin debido proceso, dado el derecho de defensa, y sin revisar su rol en acciones contra el régimen.

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