Tailandia, Bangkok. 24 de setiembre de 2006. M41 Walker Bulldogs aparcados en el Ministerio de Defensa. Foto de Roger JG. CC 2.5.

A principios de agosto, los votantes de Tailandia aprobaron una nueva constitución en un referendo nacional. Los partidarios del nuevo documento, redactado por el gobierno apoyado por los militares bajo el Consejo Nacional de Paz y Orden (NCPO), dicen que abre el camino a la restauración del régimen civil. Los críticos, no obstante, muestran su preocupación ante el hecho de que la nueva constitución solo institucionaliza la dictadura militar tailandesa y su campaña en los medios.

Cuando el ejército se hizo con el poder en el 2014, aseguró al país que las elecciones se celebrarían una vez se hubieran aprobado reformas políticas y electorales. Dos años después, la junta sigue en el poder. Se prohíben las manifestaciones políticas, se controla duramente a la prensa y la policía detiene a activistas y los somete en ocasiones a sesiones de «cambios de actitud».

El NCPO instó a la población a aprobar el borrador de constitución, argumentando que facilitaría la «normalización» política en Tailandia y que posibilitaría la celebración de comicios en el 2017 o 2018. Sin embargo, se prohibió cualquier campaña a favor o en contra de la constitución, y los críticos dicen que se privó a los votantes de información adecuada sobre el contenido del documento. Temiendo el castigo por intentar «persuadir» ilegalmente a la gente, tanto periodistas como expertos evitaron debatir de manera detallada y en público el borrador de constitución.

Los que esperaban que los militares dimitieran y reconocieran la supremacía civil en el gobierno quedarán decepcionados al saber que la constitución permite a los militares gobernar el país de diversas maneras. Por ejemplo, 194 senadores serán elegidos por el NCPO.

La siguiente ilustración, publicada por el sitio web independiente de noticias y por Prachatai (asociado de Global Voices), explica los diversos mecanismos constitucionales que permitirán a los militares conservar el control del gobierno:

Ilustración de Prachatai

Las restricciones militares en los medios tampoco parecen llevar a ninguna parte. La Alianza de la Prensa del Sureste Asiático (SEAPA en inglés) advierte que la constitución «proporciona al estado más poder potencial para intervenir las libertades de prensa y de expresión». Añadió que la nueva constitución es una «regresión» comparada con la constitución del 2007 en lo que concierne a la defensa de la libertad de prensa.

SEAPA dice que los artículos 34, 35, 36, 41, y 60 de la nueva constitución perjudica la libre expresión

El artículo 34, por ejemplo, garantiza la libertad de cátedra pero determina asimismo que este derecho «no puede ser contrario a los deberes del pueblo tailandés o a la buena moral del país y debe respetar y no impedir las opiniones contrarias de otros». Según los analistas de la SEAPA, el fragmento «no debe impedir las opiniones contrarias de otros» es antitético a las bases del estudio académico.

El artículo 35, sin embargo, abandona la protección de ciertos medios hallada en la constitución del 2007, eliminando el derecho de los medios de comunicación a organizar sus propias categorías de personal, autoregulación y promoción de la ética profesional. Según la nueva constitución, los periodistas públicos también pierden garantías de independencia editorial. La constitución del 2007 clasificaba las intervenciones del estado en los medios como «abuso de poder». La nueva constitución no incluye estos términos.

Ilustración de la Alianza de la Prensa del Sureste Asiático

Según todos los indicios, la nueva constitución tailandesa impulsa el dominio de los militares, amenazando incluso con institucionalizar una futura cultura de la censura y de control estatal sobre los medios.