Sogas a la espera de ejecuciones de prisioneros en Irán. Foto de ICHRI y  usada con permiso.

En la última sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas han expuesto muchos oradores, incluyendo el presidente iraní Hassan Rouhani, quien usó la plataforma para abordar los extremismos en el mundo como así también el histórico acuerdo nuclear con los Estados Unidos y otras potencias mundiales.

Algo que no mencionó fue la pena de muerte. Irán tiene una de las tasas más altas en el mundo de pena capital, un hecho que si bien se ignoró dentro de la cámara, fue resaltado por manifestantes fuera de la Asamblea General.

Muchas de las ejecuciones se llevan a cabo en el nombre de la guerra contra las drogas en Irán, una de las más sangrientas en el mundo. Por confesión propia de Irán el 93 por ciento de las ejecuciones informadas entre julio del 2013 y junio del 2014 se relacionaron con drogas. En el 2015, Irán condenó a muerte a más de 966 individuos, la mayoría de los cuales parecen haber enfrentado cargos asociados a las drogas.

Y las Naciones Unidas es cómplice. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) ha otorgado por años fondos a la República Islámica para sus esfuerzos anti drogas, una asociación que ha levantado serias interrogantes sobre la moralidad y legalidad del programa de la ONU, pero probablemente eso no entrará en discusión en la Asamblea General.

La UNODC se estableció en 1997 para abordar temas relacionados al tráfico y consumo de drogas, entre otros temas asociados al crimen y castigo. Posee un presupuesto bienal estimado de 700 millones de dólares, y la mayoría de este fondo proviene de países de Occidente, muchos de los cuales han prohibido la pena de muerte en cualquiera de sus formas.

La UNODC ha otorgado a Irán más de 15 millones de dólares desde 1998 para apoyar operaciones de la policía antinarcóticos del país. Esto a pesar de la evidencia importante de que las políticas de drogas del gobierno de Irán violan la ley internacional, y no cumplen los estándares de la misma UNODC.

La ONG de derechos humanos con sede en Reino Unido, Reprieve, ha vinculado los fondos de la ONU a al menos 3,000 ejecuciones en Irán, incluyendo la ejecución de delincuentes menores de edad. En el 2014, por ejemplo, se dice que en Irán se ahorcó al menor afgano Jannat Mir de 15 años por un presunto delito de drogas, pese a al hecho que era menor de edad.

• Ver página 110 del informe de Amnistía Internacional sobre la ejecución de menores de edad en Irán: “Growing up on Death Row”

Aquellos que son ejecutados son generalmente individuos marginados de la sociedad iraní. Esto incluye inmigrantes indocumentados y refugiados del vecino país de Afganistán, así como también minorías étnicas y religiosas que enfrentan la discriminación en Irán.

En febrero del 2016, se informó que Irán ejecutó a toda la población masculina de una villa en base a cargos por drogas. La villa, Roushanabad, se ubica en Baluchistán, la provincia más pobre de Irán. La población está compuesta por minorías étnicas y religiosas, las cuales muchas veces se ganan la vida por medio del contrabando.

Aquellos que enfrentan cargos por drogas a menudo tienen negado el debido proceso. Un informe del 2014 de Ahmad Shaheed, el Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos en Irán, citó a un abogado experto iraní quien dijo que los juicios de drogas “nunca duran más de cinco minutos”. Los prisioneros por lo general no tienen acceso a defensa y acusan que las confesiones son forzadas bajo tortura.

Human Rights Watch ha acusado a Irán de usar cargos de drogas contra prisioneros políticos y disidentes, aumentando más aún las alarmas sobre las implicancias del apoyo de la UNODC en el programa anti drogas del país. En el 2009, Zahra Bahrami, una mujer con ciudadanía tanto holandesa como iraní fue arrestada. Ella alegó que su confesión se extrajo bajo presión y los activistas sostuvieron que su arresto se basó en su visión política. Fue ejecutada en el 2011.

“Irán ha ahorcado más de un centenar de denominados delincuentes de drogas este año y la ONU ha reaccionado alabando la eficiencia de la policía de drogas iraní y alineándolos en un generoso acuerdo de financiamiento de cinco años”, dijo Maya Foa, Directora Estratégica del equipo de pena de muerte de Reprieve en una entrevista a The Guardian en el 2015.

En vez de enfocarse en problemas primarios endémicos como la pobreza o la falta de oportunidades para la juventud, que fomentan el consumo de drogas, Irán continúa promulgando castigos draconianos sobre los individuos, que incluyen ejecutarlos públicamente. Los observadores argumentan que estas matanzas son una estrategia del régimen para mantener la autoridad política mediante la intimidación, en lugar de solucionar los problemas de pobreza y consumo de drogas a través de tratamientos y del desarrollo económico.

Desde una perspectiva legal hay un evidencia amplia que las ejecuciones en Irán constituyen una violación de la ley internacional de derechos humanos, consagradas en la Convención Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles (ICCPR en inglés). La ICCPR, de la cual Irán es parte, explícitamente reserva la pena capital solo para “los crímenes más graves”. El artículo 6 de la ICCPR declara tajantemente que la pena de muerte no puede ser impuesta si no se ha garantizado un juicio imparcial.

En el 2012, la UNODC publicó un documento de posición en el que parecía criticar su propio involucramiento en Irán. El documento advertía que la cooperación con países que usen la pena capital “puede ser percibida como una legitimación de las acciones de un gobierno». Concluye que en tales circunstancias la organización “podría no tener más opción que emplear un congelamiento temporal o definitivo de apoyo”. Aunque la UNODC nunca ha expresado públicamente un deseo de quitar su apoyo del programa en Irán.

Irán hasta ahora ha practicado sus ejecuciones por drogas con impunidad; y probablemente evitará cualquier pregunta difícil en la ONU. Bajo el actual presidente Hassan Rouhani, quien es a menudo percibido y presentado como un político “moderado”, la tasa de ejecuciones es más alta de lo que fue durante la presidencia drástica de Mahmoud Ahmadenejad, una realidad que aparentemente traiciona la propia base de respaldo de Rouhani y las promesas de “prudencia y esperanza”. En el 2015, el Relator Especial de Derechos Humanos de la ONU, Ahmad Shaheed, advirtió que “la situación general ha empeorado” con respecto a los derechos humanos bajo la administración de Rohuani.

Mientras la responsabilidad de las ejecuciones y encarcelamientos recaen principalmente en el poder judicial, la administración Rohuani y el ministro de justicia designado, Mostafa Pourmohammadi, han permanecido silentes e inactivos sobre la materia.

La hipocresía de ayudar a Irán, no pasa desapercibida para todos. El Reino Unido, Dinamarca e Irlanda han retirado fondos para el programa de la UNODC en Irán, citando las demandas de derechos humanos. Sin embargo, otros países, incluyendo Noruega y Francia, continúan proveyendo fondos. En el 2015, la UNODC renovó un compromiso de cinco años con Irán prometiendo 20 millones de dólares adicionales. Mientras que la Asamblea General de la ONU se reúne, el tema de las ejecuciones en Irán parece haber sido dejado fuera del programa.