La siguiente es una versión editada y reducida del reportaje hecho por Minerva Vitti y publicado por el Centro Gumilla.

Es sábado por la noche en El Playón. Los yekuanas y sánema reunidos debajo del Öttö, casa comunal de forma circular, esperan a los representantes del gobierno venezolano. Estos indígenas provenientes de 24 comunidades, de las 49 que se ubican en El Caura, al sur de Venezuela, han sido convocados a la 20º Asamblea de la Organización Kuyujani, y ya tienen casi cuatro días discutiendo sobre los problemas que los afectan dentro de su territorio ancestral.

Sin embargo el asunto que más les preocupa es, sin duda, la potencial amenaza que implica la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, que comprende una superficie de 111.843, 70 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 12% del territorio nacional.

A lo largo del recorrido por el tercer río más importante de Venezuela –por su caudal– y el segundo principal tributario del río Orinoco, viven las comunidades criollas, yekuana, sanema, piapoco, kurripaco, pemón, jivi o guajibo, en poblados como Payaraima, Puerto Cabello, Las Trincheras, La Poncha, La Ceiba, La Fortuna, Boca de Ninchare, y Surapire.

También se observan pequeñas excavaciones en la orilla del río y distintas personas, indígenas y no indígenas, con sus bateas removiendo trozos de tierra y agua para ver si encuentran alguna grama de oro. La actividad minera, sin embargo, deja sus rastros: “Toda el agua del Caura está contaminada”, dice Saúl López, comunicador indígena y miembro de la Organización Kuyujani, y luego hace referencia a los altos niveles de mercurio que encontraron en mujeres yekuana en un estudio realizado entre 2011 y 2012 por la Fundación La Salle y la Universidad de Oriente, con el apoyo de esta organización indígena.

La preocupación crece aún más en un contexto plagado por la minería ilegal que comenzó en 2002 pero que se agudizó en el 2006. Ya en aquel momento se decía que para la total recuperación del río se necesitarán más de doscientos años.

En un primer momento esta organización pidió apoyo al gobierno pensando que este podía ayudar, y se crean dos proyectos: la reconversión minera, para que los mineros se dedicaran a otros oficios; y el Plan Caura, implementado en el 2010 para detener la devastación ambiental generada por la minería ilegal en la cuenca del río Caura, y concebido para actuar de manera integral en lo social, político y militar.

Con esta política vinieron tres puntos de control militar, pero estos terminaron por convertirse en un negocio que generó problemas para los indígenas. Las comunidades indígenas debían pagar “vacuna”, o sumas de dinero para garantizar su seguridad. Desde estos puntos también se les amedrentaba y se les quitaba cualquier cosa que llevaran para su comunidad. “Si no pagan, no pasan”, decían los militares.

Algunos miembros de las comunidades respondieron con la detención de un comandante del Ejército a cargo de los puntos de control y exigieron a representantes del gobierno dar respuesta a los constantes abusos venidos tanto con la minería como con los controles. 

Los «sindicatos» también llegaron de forma inesperada. Entraron con los mineros y a los indígenas de El Caura los tomó por sorpresa. La situación es compleja porque son bandas criminales que controlan la actividad minera, y la denominación de estos sindicatos no tiene relación alguna con la figura que los trabajadores crean para la defensa de sus intereses. Hay temor de denunciar esto fuera de las comunidades por las represalias que pueden tomar hacia ellos: “Ya lo han hecho con los criollos”, dice un yekuana.

Minería indetenible

Al mismo tiempo, el proyecto del Arco Minero avanza hacia estos territorios. Durante una reunión con personeros del gobierno, entre los que se encuentran representantes del Ministerio para los Pueblos Indígenas, se explica a las comunidades la necesidad de llevar a cabo el proyecto de minería. Numerosos derechos se pasan por alto, pero los deberes se subrayan. Los grupos de exploración están en camino y algunos de ellos trabajan en alianza con empresas de la República Popular China, como Citic Group. Se sostiene que el proyecto minero busca respuesta a la crisis económica desatada por la baja en los precios del petróleo y que las necesidades de muchos deberán prevalecer sobre las necesidades de pocos. 

Así, el decreto publicado en abril de 2016 que busca implementar el proyecto del Arco Minero pende sobre las comunidades, y uno de sus artículos preocupa en particular porque expresa de modo directo que el interés del proyecto prevalecerá sobre los intereses de las comunidades indígenas:

Ningún interés particular, gremial, sindical de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido del presente decreto. Los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales [que obstaculicen] las operaciones totales o parciales de las actividades productivas de la zona de desarrollo estratégica creada en este decreto serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

Y continúa:

Los organismos de seguridad del [Estado] llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas en los Planes dela Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, así como la ejecución de lo dispuesto en este artículo.

Como respuesta, Asdrúbal Sarmiento, miembro de seguridad indígena de la comunidad de Las Pavas encuentra el proyecto del Arco Minero como un modo de afianzar la actividad minera que ya existe en el territorio:

Con este decreto se legaliza la minería ilegal en El Caura. Ahora sí nos van a matar. ¿Por qué no resolver primero el problema de la minería ilegal para hacer otro proyecto? ¿Qué es lo que va a pasar con eso?

Los argumentos del gobierno

En la reunión, los representantes ministeriales destacan los recursos que pueden ser de utilidad al país. Sin embargo, no se menciona que el gobierno no puede promover proyectos de minería sin realizar procesos de consulta previa, libre e informada, con las comunidades indígenas.

Tampoco se nombra a las 150 empresas nacionales e internacionales que explotarán los recursos en territorios indígenas, ni que dos semanas antes del decreto el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, con atribuciones de amplio espectro para dedicarse “sin limitación alguna” a cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con actividades mineras, petrolíferas o de gas. 

En cualquier caso, las Fuerzas Armadas no representarán el “interés general” en la zona, sino que tendrán un interés económico directo para que las actividades mineras no tengan ningún tipo de obstáculo.

“Si nos dividimos se debilita la lucha”

Daniel Torres, cacique de El Playón enlaza este conflicto a la humillación histórica de los pueblos indígenas y al pensamiento colonial que aún premia en Venezuela. La única respuesta a esto, de acuerdo con Torres, es que los miembros de la comunidad estudien y conozcan su propia cultura:

Nuestro territorio es el sitio estratégico donde hay minerales, el gobierno lo sabe y por eso nos está mirando. Nosotros estamos en nuestro territorio ancestral, propio, la historia nuestra dice así. ¿Cómo convivimos culturalmente con occidente? […] ¿Cómo relacionarnos sin que la otra cultura nos dañe? Si nos dividimos se debilita la lucha y el que viene de afuera, con su pensamiento colonial, nos hará daño.

Al respecto Cayetano Pérez, cacique (o jefe) general de los pueblos yekuana y sanema, advierte que a estas tendencias también se han unido miembros de las comunidades indígenas. De acuerdo con Pérez, hay que detener a algunos de ellos que tienen máquinas y que participan en actividades mineras: 

Nos estamos acostumbrando demasiado, también hay que parar a los comerciantes yekuana. Nosotros tenemos estatutos sociales que están enfocados en la preservación y conservación del ambiente. Si practicamos minería nos estamos violando nosotros mismos.

Pese a todas las presiones que se han hecho desde las organizaciones indígenas y no indígenas, el 3 de agosto el vicepresidente Jorge Arreaza informó que un total de 181 comunidades indígenas se incorporarán a los proyectos productivos que se impulsarán en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.

El 5 de agosto el presidente Nicolás Maduro firmó contratos valorados en 4.500 millones de dólares con compañías transnacionales: “El Arco Minero es ya una realidad”, sentenció.