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Así son las historias de los maestros que resisten a la violencia en el norte de Paraguay

"En medio del conflicto entre criminales, militares y narcos, hay maestros y maestras que intentan salvar a sus comunidades"

“En medio del conflicto entre criminales, militares y narcos, hay maestros y maestras que intentan salvar a sus comunidades”. Fotografía publicada por Kurtural y usada con permiso.

Este post es una versión reducida del trabajo hecho por Kurtural y se publica en Global Voices con permiso de sus autores. Del mismo modo, el texto forma parte de la serie Vacas que vuelan, escuelas que caen, que será, del mismo modo, republicada y re-editada por Global Voices América Latina. Para proteger la identidad e integridad de las personas entrevistadas varios de los nombres han sido cambiados. 

 

En algunas comunidades de Concepción, uno de los departamentos más pobres de Paraguay, usar casco es sospechoso. Para las maestras y los alumnos que necesitan llegar hasta sus escuelas, especialmente en las zonas rurales del país, las motos son tan necesarias para la educación como los lápices y cuadernos. Pero en Concepción no pueden usar casco. Solo los sicarios los usan, dicen los pobladores.

En las localidades de Yby Yaú o Arroyito, a 350 kilómetros al norte de Asunción, la capital del país, es común ver a niños y adolescentes uniformados que van en motos a sus escuelas sin protección. Pero ese es solo uno de varios riesgos a los que se enfrentan.

En agosto de este año, un congresista paraguayo recomendó rociar con napalm el norte del país para eliminar al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo criminal armado que ha sido acusado de secuestros, atentados y muertes. Dos meses antes, otra congresista, miembro de la comisión de Derechos Humanos del Senado, había sugerido algo similar: bombardear la zona aunque en el proceso «deban morir inocentes».

Lo que no dicen los legisladores es que la violencia que se asocia al norte hoy en día va de la mano con otra característica de los departamentos como Concepción: el sistemático abandono del Estado al que han sido sometidos a lo largo de décadas.

Más allá de los grupos armados, los sicarios, el narcotráfico, los militares, la falta de acceso a servicios básicos y el avance de un modelo económico que los excluye, un grupo de docentes —los inocentes que “podrían morir” según el plan de los congresistas—, trabajan en sus comunidades para seguir ofreciendo la posibilidad de educar a niños y niñas de la zona.

La enseñanza como forma de resistencia

Para obtener su título de maestra, por ejemplo, Perla Rodríguez tuvo que viajar en moto, sin casco, todos los días durante cinco años casi 50 kilómetros hasta Horqueta, ciudad aledaña, porque no había dónde estudiar en el pueblo donde nació.

Ella, de hecho, dejó el colegio cuatro veces y lo terminó recién a los 35 años. Luego, decidió estudiar en una universidad privada con el sueño de poder enseñar Ciencias Sociales. Pero pensó en abandonar la carrera cuando el 14 de agosto de 2013 su amigo Lorenzo Areco fue asesinado por sicarios en plena ruta. Areco, parte también de la OCRC, es uno de los 115 dirigentes campesinos asesinados o desaparecidos documentados desde 1989, según el informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

“El asesinato de Lorenzo me dio mucho miedo, porque yo llegaba de noche a mi casa. Tuve que cambiar todos mis horarios”, cuenta Rodríguez. Ser maestra y defender los derechos de los pobladores en el norte de Paraguay puede ser letal. Como andar en moto sin casco. Como andar en moto con casco.

Al igual que Perla Rodríguez, Marciano Jara trabaja como docente en su comunidad. Vive en Arroyito, a 40 kilómetros de Yby Yaú. Solo para llegar, hay que atravesar un camino de 15 kilómetros de tierra roja que pareciera salido de un circuito del Dakar, con sus dunas, subidas y pozos ocasionados por la erosión. Son aproximadamente 40 minutos de un viaje que con su polvareda irrita los ojos, dificulta la respiración y deja surcos en los zapatos, en las camisas y en la piel.

Jara es un hombre que cuida bien sus palabras. Es comprensible. Su compañero y también líder campesino, Benjamín Lezcano, fue ejecutado por sicarios en su propia casa en 2013. Lezcano se oponía al avance del cultivo de soja en Concepción. Hasta hoy no se sabe quiénes lo mataron, o quiénes lo mandaron a matar.

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Vista de la escuela Maricevich, en la que los alumnos aprenden a cultivar en la huerta comunitaria. Fotografía de Juan Carlos Meza, usada con permiso.

Educación de contexto

“Educación de contexto” es un término que se repite mucho en las conversaciones con varios maestros de allí. “El Ministerio [de Educación] solo piensa en un modo de enseñar, cuya formación quizá sirva para la ciudad, pero no para el campo”, dice el vicedirector Neder Gómez.

Las escuelas de Arroyito están aisladas. La falta de caminos y transporte público trae problemas tanto para llegar a dar clases en días de lluvia como dolores lumbares o problemas de próstata para quienes diariamente deben ir en moto. Tampoco tienen el apoyo pedagógico ni la infraestructura mínima para poder funcionar.

El Gobierno creó en 2012 el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para la construcción y el mantenimiento de escuelas a lo largo del país, especialmente para las ubicadas en «contextos vulnerables». Sin embargo, la dificultad en la administración de los recursos y los escándalos de corrupción han impedido las mejoras que se esperaban. Las escuelas se derrumban mientras los maestros dan clases.

La motocicleta es tan necesaria para la educación en el norte de Paraguay como los lápices. Aquí, el estacionamiento de la Escuela 12 de Abril de Arroyito. Fotografía de Juan Carlos Meza, usada con permiso.

La motocicleta es tan necesaria para la educación en el norte de Paraguay como los lápices. Aquí, el estacionamiento de la Escuela 12 de Abril de Arroyito. Fotografía de Juan Carlos Meza, usada con permiso.

Acosados por el EPP, acusados por el gobierno

Arroyito también se encuentra en medio del fuego cruzado entre el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Esta última es la única respuesta del Gobierno a la violencia del grupo criminal armado. Fue establecida por el presidente Horacio Cartes en 2013 con un decreto que militariza y suspende libertades individuales en el norte del país. Está integrada por mandos militares, policiales y antidrogas.

El EPP es en la ciudad como un fantasma lejano, que aparece de vez en cuando en los títulos de diarios y los discursos políticos. En el campo, es un fantasma mucho más real. Las muertes atribuidas al EPP ya suman más de 60, entre los que se encuentran civiles.

En tres años, la FTC tiene varias denuncias de violaciones de DDHH, en muchos casos, apañadas por la Fiscalía. Arroyito está rodeada por destacamentos militares que patrullan la zona en la noche. Para los pobladores es normal no poder salir de su casa o evitar reunirse pasadas las seis de la tarde. Viven en toque de queda permanente.

Muchos maestros se ven amenazados bien por el EPP o por el FTC si han expresado opiniones a favor o en contra de cualquiera de los dos grupos.

Laura Martínez se vio atrapada en estos enfrentamientos. Es profesora de teatro. Fue hostigada tanto por del EPP como por el Estado. Todo por una obra escolar: «A mí me gustaba hacer representaciones históricas con los niños, entonces un día se me ocurrió hacer una sobre Arroyito y la historia de las represiones militares en sus inicios», dice.

Vestir a niños con disfraces militares hizo que el EPP presumiera que estaba a favor de la lucha armada. «Empezaron a enviarme mensajes a mi celular y a la radio donde trabajaba de locutora, diciéndome que me iban a buscar, que sabían dónde era mi casa. Querían que me uniera a ellos», cuenta.

Desesperada, hizo una denuncia ante la Fiscalía. Pero en vez de protegerla, la trataron de sospechosa. «Empezaron a hacerme preguntas, acusándome directamente de ser parte de ellos (del EPP)». Lo que más le extrañó es cómo la Fiscalía sabía todo sobre ella, sus horarios, sus amistades. «Parecía que me vigilaban. Veía camiones con militares pasando enfrente de mi casa por la noche», cuenta.

Acosada por el EPP y acusada por la Fiscalía, Laura Martínez dejó la radio y sus actividades en la iglesia, por miedo a que les pasara algo a sus tres hijos. También dejó de hacer obras históricas en la escuela. Quemó los disfraces y toda la utilería.

Una tanqueta con militares armados se encuentra apostada frente a la escuela Maricevich de Arroyito. Fotografía de Juan Carlos Meza. Publicada con permiso.

Una tanqueta con militares armados se encuentra apostada frente a la escuela Maricevich de Arroyito. Fotografía de Juan Carlos Meza. Publicada con permiso.

Para Miguel Rolón, profesor de arte, la respuesta no es militar. Para él, Yby Yaú es el corazón del norte. «Podría ser una muralla ante todos los problemas de esta parte del país, si se invirtiera en arte y el bienestar de la gente en vez de en armas. Cultural es el problema. Cultural la solución», dice.

Desde su casa, salen a despedirse los niños que estaban pintando en su interior. La niña pregunta si puede venir la próxima semana para seguir pintando. Rolón le dice que sí. Antes de irse, le muestra, tímida, el dibujo del día sostenido con su mano derecha. Es una flor en amarillo y violeta. Está inspirada en otra flor, real, que sostiene con la izquierda.

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