La detención ilegal de Khurram Parvez en el Valle de Cachemira quizá prueba que «está haciendo algo bien»

Khurram Parvez shows a victory sign as he is taken to Kot Balawal Jail, Jammu Kashmir. Photo by: Sameena Mir

Khurram Parvez muestra una señal de victoria mientras es trasladado a la prisión Kot Balawal,  Jammu y Cachemira. Imagen de: Sameena Mir

Por Ather Zia

Les dirán de parte de un Señor misericordioso: «¡Paz!»

Esta frase del Corán, tomada del azora Ya Sin, 36:58, fue la primera de muchas discusiones amistosas que he sostenido con Khurram Parvez, mi viejo amigo. La palabra «paz» mencionada en este versículo, y de manera implícita, el significado de ocupación, verdad, justicia, ley, derechos, activismo y libertad durante la militarización crónica en el Valle de Cachemira controlado por India, eran siempre temas dominantes en nuestras conversaciones. Esas palabras adquirieron un mayor significado en la vida de Khurram cuando, a finales de la década de los años 90 tras concluir su maestría en periodismo, decidió dedicarse a defender los Derechos Humanos. Con los años Khurram se ha convertido en uno de los activistas pioneros de derechos humanos en el valle.

La noche del 15 de septiembre Khurram fue aprehendido de forma ilegal por una «posible alteración del orden público» – una acusación irónica teniendo en cuenta que se trata de un activista que vela por la paz y los derechos humanos. Esto ocurrió unas horas después de que le impidieran abordar un avión con destino a Ginebra, donde debía presentar el «Informe de los grupos de interés de la sociedad civil» al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

A pesar de que contaba con toda la documentación necesaria para viajar, no le explicaron el porqué de la detención, simplemente le indicaron que había sido aprehendido por orden del Departamento de Inteligencia de India. Khurram fue enviado de vuelta al valle y lo arrestaron poco tiempo después.

Khurram fue acusado según la Ley de Seguridad Pública (PSA, por sus siglas en inglés), una norma terrorífica implementada por India para reprimir cualquier forma de disenso. Amnistía Internacional la ha denominado una «ley ilegal», y ha documentado su uso generalizado en Cachemira, donde es utilizada para criminalizar y penalizar a los disidentes políticos. Khurram permanece recluido en una prisión a casi 300 kilómetros de distancia de su familia y su asesor legal. Cuando fue trasladado a esa instalación, Khurram aún desconocía los motivos de su detención. Este acto ha sido denunciado por intelectuales como Noam Chomsky, Arundhati Roy, Judith Butler, Veena Das, así también, por otros activistas y organizaciones como Human Right Watch y Frontline Defenders. Amnistía Internacional catalogó su detención como un «vergonzoso intento de suprimir una voz disidente pacífica proveniente de Cachemira». Un grupo de expertos de las Naciones Unidas también ha exigido al gobierno de India su liberación inmediata.

El arresto de Khurram se realizó de manera tan furtiva que nunca se dictó una orden de captura. El magistrado que autorizó las órdenes de detención ni siquiera lo vio personalmente o emitió una citación para presentar motivos justificables para obtener una fianza, pues es lo que la ley exige cuando se ordena una sentencia en prisión.

Inicialmente, Khurram fue puesto en detención preventiva durante 10 días, y sin ninguna notificación formal, fue trasladado a mitad de la noche hacia una subcárcel en el remoto norte de Cachemira. Probablemente lo hicieron para acrecentar su aislamiento y frustrar los esfuerzos legales para su liberación.

A soldier guards the roadside checkpoint outside Srinagar International Airport in Jammu and Kashmri, Jan 2009 PHOTO: Jrapczak - Own work, CC BY-SA 3.0.

Un soldado vigila el puesto de control de la carretera en la parte externa del Aeropuerto Internacional Srinagar en Jammu y Cachemira, enero 2009 Imagen: Jrapczak – propio trabajo, CC BY-SA 3.0.

Este tipo de procedimiento es muy común en el Valle de Cachemira. De acuerdo con Amnistía, miles de jóvenes y activistas cachemiros, entre ellos abogados y periodistas, han sido recluidos ilícitamente. Las estimaciones de Amnistía con respecto a la cifra de detenidos, en las últimas dos décadas, oscila entre ocho mil y veinte mil personas. Muchos prisioneros son frecuentemente reaprehendidos tras su liberación. Los rearrestos y las detenciones ilegales se han convertido en un asunto de política de Estado. El problema de la desenfrenada encarcelación está entre muchos otros abusos de derechos humanos que Khurram ha estado documentando y combatiendo.

Khurram se inició formalmente en el activismo de derechos humanos al coordinar la Coalición de la Sociedad Civil de Jammu y Cachemira (JKCCS, por sus siglas en inglés), una organización que ayudó a cofundar con Parvez Imroz, un abogado y activista de derechos humanos. Khurram también ha prestado apoyo en acciones internacionales en contra de los abusos de derechos humanos, y es también el presidente de la Federación Asiática Contra las Desapariciones Involuntarias (AFAD, por sus siglas en inglés).

Además ha luchado, sin ayuda, para crear espacio para el diálogo, activismo, estudio y documentación acerca de los derechos humanos en Cachemira. Él convirtió a la JKCCS en un centro de la sociedad civil y un segundo hogar para los investigadores, estudiantes, periodistas, cineastas, activistas y activistas incipientes en derechos humanos de todas partes del mundo.

En 2004, durante un ejercicio de monitoreo electoral en el Valle de Lolab, Khurram perdió una pierna a causa de la explosión de una mina. No obstante, él permaneció impasible y continuó formando exitosamente JKCCS para convertirlo en el corazón ético del valle, famoso por su documentación investigada rigurosamente e informes que tratan sobre las desapariciones forzadas, fosas comunes y asesinatos que acontecen bajo la custodia de las tropas indias. El informe sobre las fosas comunes fue un trabajo sin precedentes que dirigió Khurram, el cual atrajo la atención internacional sobre los abusos de derechos humanos cometidos en el Valle de Cachemira.

Tras la continua desatención por parte de India a la solicitud de autodeterminación de Cachemira prescrita por las Naciones Unidas, en 1989 se desató un conflicto armado generalizado en la región. India respondió con medidas contrainsurgentes brutales, imponiendo la Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas (AFSPA), la cual confiere a las tropas indias inmensa autoridad sobre la vida, la libertad y la propiedad del pueblo cachemiro.

Aproximadamente 700 000 tropas indias se encuentran asentadas en Cachemira en la actualidad – más o menos un soldado indio por cada ochos cachemiros. Estas tropas han llevado a cabo un gran número de ejecuciones inmediatas, asesinatos en custodia, tortura, violaciones, y detenciones arbitrarias. Un estudio hecho por Médecins Sans Frontierès develó que uno de cada siete cachemiros ha presenciado o sido víctima de tortura. Las organizaciones de derechos humanos afirman que en la actualidad más de setenta mil cachemiros, tanto combatientes como civiles, han sido asesinados; y más de ocho mil hombres han desaparecido estando en custodia de las fuerzas indias. El movimiento para buscar a los desaparecidos, que es coordinado por Khurram, se ha convertido en una de las campañas más visibles de la JKCCS.

Desde el 2008 el movimiento de autodeterminación en el valle se ha convertido en manifestaciones civiles y peleas callejeras. Si bien el activismo ha menguado – por el propio reconocimiento del gobierno, el número de activistas ahora es menos de 400 – la intensidad y la letalidad de la respuesta de las tropas indias no ha disminuido.

El 7 de julio de 2016, una nueva ola de manifestaciones civiles comenzó después de que las fuerzas indias asesinaran al joven líder activista, Burhan Wani. Al momento de escribir este artículo, el Valle de Cachemira se encontraba en el día 107 de protestas y toque de queda. Más de ochenta personas han sido asesinadas, entre ellos ancianos y niños, y más de once mil han resultado heridas. Un estimado de 800 menores cachemiros de cinco años sufrieron lesiones en los ojos o quedaron ciegos como consecuencia de la fuerza desmedida que las tropas indias emplearon contra manifestantes y no manifestantes. Internet y el servicio de comunicación telefónica estuvieron prohibidos y continúan parcialmente bloqueados. Se han realizado más de mil arrestos y se esperan muchos más. JKCCS ha estado documentando las violaciones de derechos humanos sin cesar, y se esperaba que Khurram informara sobre el tema en Ginebra.

En Cachemira, Khurram ha sido uno de los críticos más elocuentes sobre las políticas represivas de India. La detención arbitraria de la que fue objeto constituye un intento de criminalizar su labor como activista de derechos humanos, convertirlo en un símbolo que garantice el silencio, y criminalizar voces como la suya. Este suceso forma parte de nuevas medidas represivas sobre las personas que reclaman el derecho de autodeterminación. Este encarcelamiento y los esfuerzos para destruir su reputación solo han hecho que Khurram se enaltezca ante su pueblo y la comunidad mundial.

Él permanece impasible y considera su arresto como una reivindicación de su postura respecto a los derechos humanos y una solución correcta conforme a la autodeterminación del pueblo cachemir prescrita por las Naciones Unidas.

Mientras esperaba ser transferido a la prisión, él reflexionó sobre los sucesos que se desarrollaban rápidamente – los alegatos sin fundamento y su detención ilegal. Él dijo: «A veces me preguntaba sobre mi trabajo, los sacrificios del pueblo cachemir, la pérdida de mi pierna, y el testigo que JKCCS estaba creando para darle una voz a los que no tenían una; me preguntaba si estaba en el camino correcto. Esta detención prueba que estoy haciendo algo bien».

Ather Zia es profesora en la Universidad de Colorado del Norte. Ella está trabajando en un libro que trata sobre las desapariciones forzadas en Cachemira. Es la fundadora y editora de la página www.kashmirlit.org, y escribe un blog para la página http://www.huffingtonpost.in/ather-zia/ 

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