Luiz Alberto Araújo, secretario de medio ambiente en Altamira, asesinado el 13 de octubre. Foto: Prefectura de Altamira, utilizada bajo autorización.
Este texto, escrito por Leticia Leite, fue inicialmente publicado [1] en la página web del Instituto Socioambiental. Es republicado aquí como parte de un acuerdo para compartir contenidos.
A comienzos de este mes, el 13 de octubre, dos asesinos en motocicleta mataron a a Luis Alberto Araújo, el secretario de medio ambiente de la ciudad brasileña de Altamira, en el estado de Pará. Este hombre de 54 años fue asesinado frente a su familia, según la Policía Civil, mientras estaban entrando a su edificio de apartamentos en las afueras de la ciudad.
Se cree que los asesinos escaparon en dirección al distrito Novo, y aún [2] no hay datos sobre sus identidades o sobre quién pudo haber ordenado el asesinato.
Este crimen engrosa el número de alarmantes casos de características similares que tienen como blanco a los medioambientalistas de la Amazonia, ciudad número uno en el mundo en cuanto a este tipo de homicidios.
Araújo ya había trabajado anteriormente como secretario de medio ambiente en São Felix do Xingu, también en Pará, donde lideró un proyecto para promover el registro medioambiental de casi todas las áreas rurales, quedando en la mira de acaparadores ilegales de tierras y deforestadores, quienes lo amenazaron.
En Altamira, Araújo intentó promover el saneamiento urbano así como autorizar rellenos sanitarios en la ciudad. También implementó la matricula medioambiental en áreas normalmente opositoras, progresando en la lucha contra la devastadora deforestación de la región.
Araújo se hizo conocido por la imparcialidad y seriedad en la aplicación de las leyes medioambientales durante su mandato. «Altamira ha perdido una de sus autoridades más excelentes, siempre listo para exigir el cumplimiento de condiciones medioambientales por parte de los directores de la construcción en la compañía de Belo Monte, y [siempre listo] para apoyar a las poblaciones locales y otras personas afectadas», recuerda Rodrigo Junqueira, el coordinador del Programa Xingu en el Instituto Socioambiental. Junqueira dice que es de suma importancia que el gobierno federal y provincial realicen esfuerzos para investigar este crimen y castigar a los responsables.