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Informe independiente revela datos preocupantes sobre los derechos digitales en Ecuador

Imagen tomada de Pixabaym publicada bajo licencia CC0, perteneciente al Dominio Público.

Imagen tomada de Pixabaym publicada bajo licencia CC0, perteneciente al Dominio Público.

Existen varias figuras relevantes dentro de la política ecuatoriana, y una de las más relevantes es la de la exasambleísta guayaquileña Martha Roldós, conocida en el país como fuerte opositora al gobierno de Rafael Correa. En 2014, Roldós denunció a los medios de comunicación una “invasión” a su correo electrónico, dijo que en de su mail privado se tomó una carta, y que ésta fue publicada “textualmente en el diario estatal El Telégrafo”.

La carta que fue divulgada a todo el país por el medio estatal había sido enviada por Adam Isacson (miembro del programa de Política de Seguridad Regional de la oficina de Washington para América Latina) a David Holiday (de Open Society Foundations) con copia a Roldós. El reportaje de El Telégrafo contaba la intención de Martha y otras personas de armar un proyecto mediático en el país.

Este proyecto se llama Fundación Mil Hojas y ya había nacido en 2013. Su foco es la investigación periodística, sobre todo en transparencia y casos de corrupción, algo que ha marcado varias veces la agenda mediática del país.

La invasión a espacios personales y la divulgación de información era algo que para entonces en Ecuador era común ver solamente en las películas de suspenso.

Sin embargo, la experiencia con Roldós sentó un precedente. Este año Mil Hojas, junto a otra asociación ecuatoriana llamada Usuarios Digitales, elaboró un informe alternativo para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el contexto del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, que se realizará en mayo 2017. El punto focal: la situación del derecho a la privacidad digital y acceso a la información en Ecuador.

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos para mejorar la situación de derechos humanos en el terreno de los 193 países miembros de la ONU. El último EPU de Ecuador fue en el 2012. Eslovaquia, Canadá, Noruega, Letonia, Bélgica, Francia, Costa Rica, entre otros, hicieron observaciones al país sobre el estado de la libertad de expresión y de asociación, la despenalización de la difamación, la independencia de los medios, entre otros puntos.

Alfredo Velazco, miembro de Usuarios Digitales, conversó con Global Voices y comentó que el informe hace un balance de cómo contenidos, en su mayoría críticos al poder, actualmente son dados de baja por diversas fuentes que van en contra de estándares internacionales de libertad de expresión. El informe se divide en cinco secciones, cuyos contenidos exploraremos en estas líneas.

Privacidad y vigilancia

El texto afirma que en Ecuador se han producido violaciones al derecho a la privacidad personal utilizadas para obtener información que luego es usada por funcionarios del Estado en cadenas nacionales y los informes sabatinos del presidente Correa.

El informe topa el tema de seguridad informática y vigilancia estatal. Del mismo modo, varias denuncias hicieron eco de la supuesta contratación, en 2013, de la empresa italiana Hacking Team por parte de la Secretaría Nacional de Inteligencia del gobierno ecuatoriano (SENAIN).

También se apunta en Hacking Team: malware de espionaje en América Latina, que “a mediados de junio de 2015, Hacking Team ofertó sus servicios al Ministerio del Interior. La institución requirió un “Centro Nacional de Monitoreo a nivel país” que empezaría a funcionar en octubre de 2016″. Este informe, basado en la información publicada en Associated Press, dice que “de los correos filtrados surgen pruebas de que el gobierno de Rafael Correa utilizó el malware de Hacking Team para espiar a Carlos Figueroa, médico y activista político, quien fue condenado a seis meses de prisión por ‘injurias al presidente'”.

Anonimato: el ataque de los trolls

Usuarios Digitales menciona que ha registrado varias cuentas falsas en redes sociales e igual cuentas oficiales, desde las cuales se han difundido amenazas a quienes expresan una opinión diferente al del gobierno de Correa. Además se analiza de qué maneras se expresa el ciber acoso. Autoridades del gobierno han hecho públicos los nombres y datos personales de usuarios activos en redes. El caso que aún se conserva en la memoria colectiva es el de Crudo Ecuador.

En este ítem también entra el caso de Martha Roldós, con el que abrimos esta nota. En 2014 la exasambleísta presentó en la Fiscalía de Guayaquil una petición de exhibición previa dirigida al director de El Telégrafo, Orlando Pérez, para conocer el origen de la información que publicó el medio, que exponía que Roldós buscaba financiamiento externo para crear una agencia de noticias. Sin embargo el proceso no evolucionó.

Bloqueo a Internet y ciber acoso a plataformas periodísticas

Se menciona al apagón digital de 2014, el cual, según el informe, obstaculizó el acceso a páginas como Youtube y Google el 28 de marzo de 2014 entre las 19h20 y 19h53. Esto ocurrió días después de la publicación de información del Secretario Nacional de Inteligencia en la plataforma de Google, Blogger.

El informe también dice que en mayo de 2016, los portales web de Fundación Mil Hojas, PlanV y Focus Ecuador denunciaron “ciberataques” que afectaron sus plataformas. Estos medios digitales, días antes, publicaron información sobre contratos petroleros y la participación del representante principal de Petroecuador y el exministro de hidrocarburos. Además se habla de los trolls que se utilizan para amedrentar a opositores, periodistas y ciudadanos contrarios al régimen.

Lo que se ilustra en el informe muestra cómo la sociedad civil de Ecuador se enfrenta a la lucha, que ya es la de varios otros países de Latinoamérica, en cuanto al respeto los derechos digitales de los ciudadanos. Para Alfredo Velazco “existe mucho desconocimiento del tema y falta de espacios que enriquezcan este debate. Por la coyuntura del país, los derechos digitales y flujo de información han estado relegados a un segundo plano. Desde el poder se aprovecha dicho desconocimiento para obstaculizar que la información no conveniente sea publicada o compartida”.

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