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Se busca a gobernadores mexicanos en fuga luego de desfalcar a sus estados

"La justicia danza". Caricatura de EDO Ilustrado. Usada con permiso del autor.

“La justicia danza”. Caricatura de EDO Ilustrado. Usada con permiso del autor.

El panorama social y político mexicano a mediados de noviembre de 2016 se encuentra ennegrecido por la corrupción de gobernadores y exgobernadores, protervos personajes de distintos partidos políticos que saquean sus entidades a discreción.

En meses pasados ya nos hemos referido al problema de la corrupción en el país y a los esfuerzos para enfrentarlo pero ¿por qué sigue el tema siendo objeto de análisis y de asombro?

Básicamente porque los titulares del Poder Ejecutivo de los Estados, los gobernadores o los góbers como se les dice popularmente –o irónicamente– han sido el centro de atención.

El caso más conocido es el de Javier Duarte en Veracruz. Este sujeto emanado del partido político en el poder, el PRI, fue objeto de una suspensión de derechos y posterior expulsión por parte de la agrupación política. Anunció en el noticiero mañanero de mayor rating del país que pediría licencia al cargo para enfrentar las acusaciones en su contra, y después huyó utilizando un helicóptero del gobierno, según algunas versiones.

La fuga de Javier Duarte fue el combustible ideal en las redes sociales que arden cada vez que la ineficacia gubernamental para contrarrestar la corrupción es exhibida con escándalo, como lo muestran estos ejemplos de Twitter:

Por su parte, el periodista y bloguero Gilberto Pérez, en un tono más serio, apuntó que los partidos políticos deberían responsabilizarse por los actos de sus miembros:

Otro góber que enfrenta serias acusaciones es Guillermo Padrés de Sonora. Él fue postulado por el PAN, partido de derecha que es antagónico al PRI. A Padrés se le investiga por lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada, entre otros delitos. Recientemente participó en un circo mediático para anunciar –igual que Duarte, en un noticiario mañanero– que se entregaría. Justo el pasado 16 de noviembre de 2016, se determinó que deberá permanecer encarcelado por lo que dure su juicio por defraudar al fisco, de manera que él ya no es uno más de los “góbers en fuga”.

Padrés es defendido por un viejo tunante de la clase política mexicana: Antonio Lozano Gracia, quien fungió como Procurador General de la República en una época de turbias investigaciones sobre los homicidios más sonados de la década de los noventa. Las pesquisas de la institución comandada por Lozano perdieron toda credibilidad cuando se supo que utilizaban los servicios de una clarividente conocida como La Paca para ayudar en su labor. Ahora Lozano representa los intereses de Padrés y –según algunos periodistas– del propio Javier Duarte.

Eugenia Domínguez sugirió que el propio Lozano (por sus antecedentes como servidor público) debería ser investigado:

Desde luego Lozano alega que Padrés es inocente.

Roberto Borge Angulo es otro personaje que dejó un gobierno estatal en virtual bancarrota al término de su gestión. Antes de que este priísta dejara el cargo, se dio a conocer un trabajo periodístico denominado “Los piratas de Borge” en el que se detallaron las tropelías del entonces gobernador y sus secuaces para saquear la entidad. Además se reveló como el gobierno de Borge se volvió dueño de una aerolínea para trasladarlo a él y sus allegados en jets ejecutivos con cargo al erario.

Los casos de góbers corruptos se siguen acumulando, no así las sentencias. Es decir, abundan las acusaciones pero a la fecha no hay ejemplos a este nivel en los que los inculpados hayan sido condenados por un juez, reparado el daño patrimonial y compurgado su pena de prisión de acuerdo a las reglas establecidas.

Tal situación es advertida por personas de la sociedad civil como María Amparo Casar, que específicamente en lo relacionado a Javier Duarte y compañía señaló:

Lo que pasó en Veracruz fue un desastre político perfectamente evitable y tiene responsables: unos directos y otros indirectos. Todos con nombre y apellido. Algunos conocidos, otros no. Todos merecen un juicio. De ser culpables, la sanción que dicta la ley.

El primer responsable, jefe de la banda de los presuntos saqueadores, es el gobernador en fuga: Javier Duarte.

Ante este panorama ennegrecido por la corrupción –como se estableció al principio de esta pieza– resulta de interés observar el papel que asumirá la clase política, y en especial los involucrados en la procuración y el desarrollo de justicia. ¿Estarán a la altura de las circunstancias o serán incapaces de lograr que los góbers enfrenten a la justicia y reparen el daño que han ocasionado?

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