«Ocho de cada diez estudiantes universitarios en Paraguay se enfrenta a universidades que suben cuotas y cierran carreras sin previo aviso.» Fotografía publicada por Kurtural y usada con permiso.

Este post es una versión reducida del trabajo hecho por Kurtural y se publica en Global Voices con permiso de sus autores. Del mismo modo, el texto forma parte de la serie Vacas que vuelan, escuelas que caen, republicada y re-editada por Global Voices América Latina. La versión original de este artículo incluye testimonios más extensos y también una explicación del trasfondo histórico y político de la crisis en la educación paraguaya.

«Vendo universidad privada de primer nivel en funcionamiento por viaje al exterior.» El anuncio aparece en Clasipar, un popular sitio paraguayo de ventas por internet. Cuando hago la llamada al punto de contacto, el tipo que atiende me confirma que la oferta es real. Segundos después acordamos un encuentro.

El representante del dueño de la universidad que se oferta es un hombre de edad avanzada, tupido bigote blanco y gruesos anteojos que cuelgan de una cinta alrededor de su cuello. Trae a la mesa una carpeta que rebosa de papeles. Cuenta que es jubilado, pero que abrió una consultora para este tipo de representaciones comerciales. Mejor que sentarse solitario en una vereda a esperar la muerte, como hace gran parte de la población de su edad. No es el caso de don Miguel, claro, que aún va por la vida vendiendo cosas. Una universidad, en este caso. Por internet.

Miguel abre su carpeta llena de papeles: copias del acta de constitución de la universidad, cantidad de alumnos, carreras, balance financiero, etcétera. «Son datos algo desactualizados, de hace un par de años, pero para que te hagas una idea», me dice.

La universidad que intenta vender Miguel – por casi dos millones de dólares – con información desactualizada, operando hoy en día en una única sede alquilada, y que según los datos entregados tenía 365 alumnos y 27 carreras de grado habilitadas en 2013, es la Universidad Central del Paraguay, o UCP. La institución alquila como local una casa linda pero no muy grande sobre la avenida Brasilia, cerca de la Universidad Americana, otra universidad privada.

La UCP es una de las más de cincuenta universidades privadas que operan en el país. Una investigación del periódico ABC Color indica que se originó como un negocio de un grupo de funcionarios paraguayos de la hidroeléctrica binacional Itaipú. Los accionistas de la universidad, funcionarios públicos previamente, tenían emprendimientos propios con capitales de pocos millones de guaraníes: una zapatería, una mercería. No obstante, tuvieron la capacidad de inscribir una universidad con un capital de 180.000 dólares aproximadamente.

La UCP fue creada por ley en el Congreso en el año 2006. Fue inscrita en los registros públicos en marzo del año siguiente. Ocho días después de dicha inscripción, antes incluso de empezar a operar, era ya adjudicada con su primer lote de becas de la hidroeléctrica Itaipú. Eran los años de la explosión del mercado de universidades privadas en Paraguay.

Las universidades que los pobres pagan

En Paraguay los más pobres no van generalmente a las instituciones públicas de educación superior. Pagan por estudiar en universidades privadas. Acceder a una universidad pública es difícil por múltiples razones. Por ejemplo, la oferta es territorialmente limitada y los costos de ingreso son altos. Además, los horarios de carreras como Ingeniería o Medicina impiden trabajar de manera paralela a los estudios, una obligación para quienes necesitan ganar dinero para sostenerse.

Pero éste no es un fenómeno exclusivo de Paraguay. Un estudio de Unicef muestra que en varios países, la asignación de recursos públicos en la educación del 20 % más rico es hasta 18 veces mayor que la que se invierte en el 20 % más pobre. El negocio de las universidades privadas se sostiene sobre la necesidad de cientos de miles de familias pobres que sufren la ausencia estatal y la recurrencia de la separación por la migración. Intentan luchar contra ella con capacitación. Mientras tanto, los bienes comunes dirigidos a educación no hacen más que fortalecer la inequidad y el poder de las clases privilegiadas del país.

En 2007 el Congreso creó, en promedio, una nueva universidad cada 40 días. Un total de nueve en ese año. Para 2013, ya existían 54 universidades. El negocio de las universidades privadas sigue en expansión, aunque ya no a través de la creación de nuevas universidades por ley, sino acentuando un método que cumple idéntica función: la venta de franquicias. Gerardo Gómez Morales, cuando era viceministro de Educación Superior, dijo en una entrevista sobre el modo de creación de universidades:

Eran personas que tenían un instituto técnico o una pequeña academia de informática las que compraban los derechos para usar el nombre de las universidades. Es igual a abrir un local de McDonald's; como franquicias de empresas, se abrían filiales de universidades e institutos superiores.

En 2012, el Viceministerio de Educación Superior compartió en un informe el daño colateral del modelo de negocio de la universidad privada: solo uno de cada diez jóvenes que inicia una carrera universitaria la termina. En 2006 se apuntaron cerca de 115 mil jóvenes a una carrera terciaria. Cuatro años después egresaron poco menos de 13 mil. A la par de que casi nadie finalizaba sus estudios, se formaban nuevas universidades y cada vez más jóvenes se lanzaban en busca del sueño profesional.

Para 2012 ya eran más de 300 mil los estudiantes inscritos. De todos estos, 8 de cada 10 eran alumnos de instituciones privadas. Hoy en día, el Gobierno admite que no tiene información precisa sobre la cantidad de alumnos universitarios que existen en el país.

Es cierto que algunos estudiantes abandonan a mitad de camino y también es normal que la deserción ocurra en cualquier carrera. Pero, los restantes alumnos que sí tienen intención de seguir cursando sus estudios ya no pueden hacerlo porque la universidad cierra la carrera. Es la institución la que normalmente abandona a los alumnos.

La educación superior vuelta una trampa

Vanessa Lezcano ha decidido no migrar, aunque haya tenido oportunidades y razones para hacerlo. Vive en Choré, un pequeño pueblo ubicado en San Pedro, uno de los departamentos más pobres del país. Empezó una carrera de negocios en la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD) durante dos años, pero ésta cerró por no contar con el número requerido de alumnos: la institución necesitaba 10 alumnos como mínimo. En el quinto semestre ya no llegaban a ese número. Si alguna vez un grupo posterior completa el cupo, le dijeron, ella podrá sumarse para cursar la segunda mitad que le falta. De esto hace ya unos años.

Finalmente, pudo acabar una carrera en la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP) y ahora solo espera una fecha para defender su tesis. Allí también fueron disminuyendo los alumnos pero, para continuar, la administración ofreció a los alumnos subirles la cuota y así, según les argumentaron, completar los salarios de sus profesores. Ella y sus otros dos compañeros restantes aceptaron.

Por el momento, Vanessa trabaja para un proyecto del Gobierno de duración limitada y enseña en ocasiones como ayudante ad honorem en una de estas universidades. Pero varios de sus compañeros y familiares ya no viven en Choré.

En la Universidad Central del Paraguay, el dueño y rector de la universidad – que ha tenido cargos y lazos estrechos con el gobierno y otras organizaciones de negocios –  asume múltiples roles. Hasta hace de community manager. Así lo cuenta Gabriela Lezcano, que allí estudiaba Diseño Gráfico. Cuando empezó la carrera eran más de diez alumnos. Actualmente son tres, y el año pasado no le permitieron siquiera rendir los exámenes finales del cuarto semestre, a pesar de haberlo abonado. Nunca empezó el quinto semestre. Luego de exigir una respuesta, la institución les ofreció a ella y a sus dos compañeros restantes seguir la carrera por módulos. El primero de ellos empezó el pasado abril, luego de haber perdido prácticamente medio año en la incertidumbre. Pero en dos meses apenas tuvo un par de clases. Sus profesores le confesaron que también hay otras carreras en suspenso.

Gabriela Lezcano, en la desesperación de los meses que han pasado sin respuesta, mucho antes de que le ofrezcan la solución modular aparente, calificó en Facebook a la Universidad Central del Paraguay con la nota de 1 sobre una escala de 5 y escribió esta breve pero tajante reseña:

No recomiendo a nadie. Las carreras terminan al pedo y se quieren lavar las manos. Ni a mi peor enemigo le recomiendo.

Sorprendida, recibió una respuesta del perfil de la universidad a mitad de la noche. «Ahora sí que se quedó sin opción», le dijeron, entre otras cosas. Luego de insistir, Lezcano logró hablar con el ingeniero, dueño, rector y community manager, en su despacho. Le reclamó la manera en que le escribieron desde el perfil de la universidad. El rector le dijo que la universidad es de él y en tanto suya podía hacer lo que quisiera. Que podía poner en su página de Facebook lo que le viniera en gana. Que se disgustó por los comentarios de ella y que a la universidad él la consideraba su bebé. Que por eso reventó y escribió lo que escribió a semejante hora, pues maneja el perfil institucional desde su teléfono celular.

Gabriela se resignó. Hoy asume que perdió años de estudio, dinero y esfuerzo. Como iba hasta ese momento, planeaba graduarse el año que viene. Pero ahora, dice, le toca empezar de cero en otra universidad.