Fotografía: dcJohn / Flickr / CC 2.0

Trinidad y Tobago se jacta de brindar educación universal gratuita a todos sus ciudadanos, pese a haber adoptado como medida provisional un examen para ingresar a la escuela secundaria que derivó en que niños de tan solo 11 años compitan por las limitadas vacantes para las escuelas públicas mejor equipadas, conocidas como escuelas de «prestigio».

La realidad es que la educación en Trinidad y Tobago no es gratuita (aunque subsidiada conlleva costos) ni tampoco universal (muchos de los establecimientos escolares estatales tienen deficiencias de equipamiento y carecen del personal adecuado). Ahora, una docente, la profesora Rose-Marie Belle Antoine, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Antillas, está exigiendo al gobierno que se haga cargo de sus responsabilidades.

En un post que escribió como autora invitada para el sitio de noticias Wired868, Belle Antoine argumentó que cuestiones como la educación y la salud son derechos humanos; «derechos, no privilegios, ni dádivas».

Antoine también fue cuidadosa al establecer la diferencia entre gobierno y estado, al que llamó «un concepto neutralizado que va más allá de administraciones particulares y calendarios políticos»:

Human Rights have long gone past the limitation that the subject of rights only involves what we call civil and political rights—that is, the right to life, to expression, movement, etc. Rather, the more recent understanding of rights is that they also involve what we call economic, social and cultural rights; namely, the rights to education, to health, to work, the environment and to culture.

Significantly, we have moved away from the self-imposed limitation that economic, social and cultural rights are merely unenforceable ideals. Rather, the international community now accepts that these kinds of bread and butter rights are just as vital, and in some ways more directly important, to the central dignity and equality of mankind.

Accordingly, international conventions and protocols have been signed and developed to ensure that they have tangible and concrete meaning. Ultimately, what this means, is that States now have direct legal obligations to promote and protect such rights.

Hace tiempo que los derechos humanos superaron la limitación de que solo comprenden los llamados derechos civiles y políticos, derecho a la vida, a la libre expresión, libertad de movimiento, etc. Por el contrario, la interpretación más reciente también incluye a los llamados derechos económicos, sociales y culturales; a saber, derecho a la educación, a la salud, al trabajo, al medio ambiente y a la cultura.

De manera significativa, nos hemos alejado de la limitación autoimpuesta de considerar a los derechos económicos, sociales y culturales como ideales simplemente inaplicables. Por el contrario, la comunidad internacional acepta ahora que este tipo de derechos básicos son tan vitales, y en algunos aspectos más importantes de manera directa, para la dignidad e igualdad esenciales de la humanidad.

En consecuencia, se han firmado y elaborado tratados y protocolos internacionales para garantizar que tengan significado tangible y concreto. En última instancia, esto significa que ahora los Estados tienen la obligación jurídica directa de promover y proteger dichos derechos.

Haciendo referencia al Protocolo de San Salvador de 1999, que elevó los estándares en materia de derechos humanos mediante la protección de las libertades económicas, sociales y culturales, Antoine señaló: «La conclusión es que ya no podemos ignorar la obligación del Estado de promover, asegurar y proteger los derechos a la educación, a la salud, al trabajo, a la cultura y al medio ambiente. Cabe destacar que esta jurisprudencia insta a los Estados a «lograr de manera progresiva la plena efectividad’ de estos derechos. Lo que también significa que un Estado no puede retroceder o dar marcha atrás en su implementación».

Lo que ella plantea – respaldado con ejemplos de salarios insuficientes y pésimas condiciones laborales, así como la reciente negativa de acceso a la educación superior subvencionada por el gobierno para los mayores de 50 – es que en Trinidad y Tobago hubo un retroceso.

En referencia a una noticia en la que los padres solicitaban la intervención del gobierno para modernizar una escuela primaria en particular, Belle Antoine concluyó:

We have become so [de]sensitised to suffering, so unaware of and cynical about our place in the world that, on the night that the story of the kneeling parents was aired, the people-meter question was whether it was ‘politically motivated’.

Hemos llegado a estar tan [des] sensibilizados ante el sufrimiento, tan ignorantes y cínicos respecto a nuestro lugar en el mundo que, la noche en que se transmitió la historia de los padres que pedían de rodillas, la pregunta de la gente era si se trataba de una historia «motivada políticamente» .

Preguntándose si el origen étnico de los manifestantes podría haber tenido algo que ver con la forma en que el medio enmarcó la cuestión, añadió:

Race and ethnicity should not make any difference to our entitlements and rights as citizens of this nation that we say that we want to build.

La raza y el origen étnico no debe marcar ninguna diferencia en relación a nuestras prerrogativas y derechos como ciudadanos de esta nación que decimos que queremos construir.

En Trinidad y Tobago, la raza no suele ser un factor en la admisión de los estudiantes a las escuelas secundarias más deseables, donde – independientemente del nivel económico – se pretende que los ciudadanos tengan acceso a una educación. De hecho, señala Patrice Cox-Neaves, profesor de la Universidad de las Antillas, en el concepto original de la educación universal, el niño estaba en el centro y contaba, por un lado, con el apoyo del Ministerio de Educación, de la administración de la escuela y de los maestros, y con el de los padres por el otro. Igual de importante, porque se supone que las escuelas de todo el país son de la misma calidad, los niños asistían a escuelas en su área de influencia. «La idea era poder dar respuesta a todos», explica. «Se trataba de equidad».