Manifestantes en Skopie, Macedonia, en diciembre del 2014. Foto de Akademik.mk, utilizada con permiso.
El Netizen Report de Global Voices Advocacy ofrece una instantánea internacional de los problemas, victorias y nuevas tendencias en materia de derechos de Internet en todo el mundo.
Listas negras [1], veladas amenazas de muerte [2] y condenas públicas [3] son solo algunas de las tácticas que el partido político gobernante de Macedonia ha utilizado contra las ONG locales desde las disputadas elecciones que se celebraron en el país el 11 de diciembre.
Macedonia se ha sumido en una crisis política desde que salieron a la luz las escuchas ilegales generalizadas por parte del gobierno en el 2015, que destaparon numerosos incidentes de corrupción en el partido gobernante VMRO-DPMNE.
Poco antes de las elecciones, se distribuyeron panfletos con los nombres de decenas de activistas del sector civil en los buzones y en los limpiaparabrisas de los ciudadanos de Skopie, la capital del país. En ellos se incluían acusaciones sobre el dinero «mercenario» que los defensores de la sociedad civil supuestamente habían recibido, junto con otras falsas acusaciones. Los panfletos estaban firmados por el GDOM (Gragjansko dviženje za odbrana na Makedonija – Movimiento Ciudadano para la Defensa de Macedonia), una entidad que actúa como representante de las posiciones más radicales defendidas por el VMRO-DPMNE.
Varios activistas han sido objeto de amenazas específicas, tanto a través de discursos públicos como de los medios de comunicación del partido y hasta en Twitter. Junto a las amenazas en las redes sociales, los simpatizantes del VMRO han distribuido una fotografía de una lista escrita a mano [4] con los nombres y direcciones de activistas. El Servicio de Impuestos parece estar acosando [5] a determinadas ONG mediante inspecciones sorpresa [6].
Los contactos de Global Voices en el país temen que estas tácticas puedan llegar a incitar a los simpatizantes del VMRO, que podrían decidir perpetrar sus propios ataques «patrióticos», sin órdenes directas de los líderes del partido. Durante este año varios simpatizantes del partido ya han cometido varios ataques de este tipo contra periodistas de medios incluidos en la lista negra.
Las organizaciones no gubernamentales de Egipto también se enfrentan a nuevos niveles de presión. El Parlamento egipcio aprobó una ley sin precedentes que limita de forma estricta la libertad de las organizaciones para realizar labores de investigación y promoción, y aceptar apoyo financiero. Quienes infrinjan la ley podrían recibir sanciones penales, incluyendo penas de varios años de prisión, por actividades como realizar encuestas de opinión sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes. Una declaración conjunta condenando la ley [7], firmada por más de 20 organizaciones de la sociedad civil y cinco partidos políticos, afirma que “prácticamente erradica a la sociedad civil y deja su administración en manos del Gobierno y su aparato de seguridad”.
Además de los cambios legislativos, continúa la campaña en curso para limitar las libertades de los trabajadores de las ONG. Han prohibido viajar [8] a los directores ejecutivos de más de una docena de grupos independientes de derechos humanos y feministas en el país; seis defensores de los derechos humanos fueron detenidos en el aeropuerto a mediados de diciembre. A algunos se les ha llamado a comparecer para someterse a interrogatorios. A otros les han congelado sus activos financieros [9]. Y la campaña de difamación masiva en los principales medios de comunicación se ha convertido en la nueva norma.
Los activistas creen que el acoso tiene ramificaciones técnicas. Varios han confirmado a Global Voices que ven indicios de nuevas y cada vez más precisas técnicas de vigilancia digital para acosar a los trabajadores de las ONG. Y el 17 de diciembre, la aplicación de mensajería segura Signal dejó de funcionar [10] en todos los principales proveedores de Internet del país. Muchos activistas y trabajadores de ONG en todo el mundo han promovido y adoptado la aplicación de mensajería Signal, gestionada por el grupo de software sin fines de lucro Open Whisper Systems [11], para intentar mejorar la seguridad de sus comunicaciones.
Ingeniero de telecomunicaciones keniano muere en prisión etíope
El ingeniero de telecomunicaciones Zak Muriuki viajó a Etiopía [12] para instalar un sistema de conexión a Internet vía satélite VSAT. Junto con otro trabajador keniano del mismo sector, Zak fue arrestado y más tarde acusado de «fraude de telecomunicaciones». Zak había estado trabajando para un cliente particular, cuyas oficinas fueron registradas por la policía etíope cuando se encontraba allí para configurar la conexión por satélite. Aunque se fijaron varias fechas de juicio, Zak nunca compareció formalmente ante los tribunales. Zak, padre de dos niñas, murió en la cárcel a principios de diciembre, tras contraer meningitis. Sus familiares creen que la enfermedad, y la falta de tratamiento adecuado, fue la causa de su muerte.
Los kazajos denuncian bloqueo de las redes sociales
Los residentes de al menos cuatro ciudades de Kazajistán dijeron no poder acceder a los sitios de redes sociales [13] como Facebook, Instagram, YouTube y Google durante el 25º aniversario de la independencia de Kazajistán de la Unión Soviética. Twitter y Vkontakte, sin embargo, estuvieron accesibles durante todo el día. Según el Ministerio de Información, los sitios estaban inaccesibles «por razones técnicas», pero los internautas señalaron la transmisión en directo de una entrevista con el político de la oposición Mukhtar Ablyazov como el posible motivo del bloqueo. Además, el día de la independencia suele ir acompañado de protestas; en el 2011, un enfrentamiento con la policía resultó en la muerte de una docena de personas.
En India, los críticos de Facebook pierden sus cuentas. En Líbano, pierden su libertad
Facebook suspendió las cuentas de varios usuarios indios que habían utilizado la plataforma para expresar críticas al partido gobernante de la India. La cuenta de Facebook de Rajiv Tyagi, un exempleado del gobierno que publica frecuentemente opiniones críticas sobre la administración del primer ministro Narendra Modi, quedó bloqueada durante un mes [14] tras compartir un mensaje satírico (escrito por otra persona) sobre el odio entre hindúes y musulmanes. Tyagi recibió una notificación explicando que había violado las normas comunitarias de Facebook.
Aunque las normas comunitarias [15] dicen permitir “los comentarios sociales humorísticos o satíricos” relativos a la incitación al odio, la empresa no permite a los usuarios apelar las prohibiciones automáticas. La cuenta de Tyagi fue restablecida por Facebook tras una campaña [16] de sus amigos apelando a la empresa de Silicon Valley, planteando interrogantes sobre cómo la empresa gestiona la presión tanto de los usuarios como de otros actores, entre ellos los gobiernos. Esto se produce después de la oleada de eliminación [17] de contenidos en favor de la independencia de Cachemira durante el verano del 2016.
Mientras tanto, en el Líbano, el estudiante de periodismo Bassel al-Amin está siendo investigado [18] por “insultar al Estado” en un mensaje de Facebook en el que afirmaba que el Estado y el cedro, un símbolo nacional, no valían los zapatos de un sirio. Al-Amin escribió esto en respuesta a un programa de OTV, una cadena de televisión que cotiza en bolsa, que consideró degradante para los refugiados sirios. Después de seis días de detención, fue puesto en libertad bajo fianza.
Los tailandeses rechazan las enmiendas a la ley de delitos informáticos
La asamblea legislativa de Tailandia votó a favor de aprobar nuevas enmiendas [19] a la Ley de Delitos Informáticos del país (CCA, por sus siglas en inglés) que podrían tener importantes consecuencias para la libertad de expresión en línea. La CCA ahora penalizará el envío de «datos informáticos falsos» o contenidos de Internet que perjudiquen “el mantenimiento de la seguridad nacional”. La ley también habilita a un comité nombrado por el gobierno para controlar e incluso ordenar la retirada de contenidos peligrosos de Internet.
En suma, estas y otras disposiciones han dejado a muchos ciudadanos preocupados de que la ley en su conjunto dará lugar a una mayor censura y control de la información en línea sin ningún tipo de supervisión significativa. Una petición en línea contra la legislación liderada por la Red Internauta Tailandesa ha reunido [20] más de 370.000 firmas.
Alemania intenta frenar la incitación al odio en los medios sociales
El año que viene Alemania podría considerar una nueva legislación [21] que obligaría a las empresas de medios sociales a eliminar contenidos de incitación al odio, según un informe de The Guardian. Se considerarán medidas que obligarían a las empresas a establecer mecanismos para registrar quejas, publicar el número de quejas que reciben y contratar a defensores para llevar a cabo las eliminaciones. El incumplimiento podría resultar en una multa de hasta 500.000 euros por no eliminar en el plazo de 24 horas los mensajes en violación de la ley alemana contra la incitación al odio. En el 2015 el ministro de Justicia Heiko Maas estableció un grupo de trabajo contra la incitación al odio [22] para intentar lograr este objetivo, pero parece haber avanzado muy poco hasta el momento.
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Afef Abrougui [24], Ellery Roberts Biddle [25], Inji Pennu [26] y Sarah Myers West [27] colaboraron en este informe.