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Agresiones a activistas de derechos perjudican a la sociedad civil – y el progreso de Arabia Saudita

King Salman bin Abdulaziz of Saudi Arabia bids farewell to President Barack Obama at Erga Palace in Riyadh, Saudi Arabia, Jan. 27, 2015. (Official White House Photo by Pete Souza)

El rey Salman bin Abdulaziz de Arabia Saudita se despide del presidente Barack Obama en el palacio Erga en Riyadh, Arabia Saudita, 27 de enero, 2015. (Imagen oficial de la Casa Blanca por Pete Souza).

Arabia Saudita posee una reputación perdurable por las violaciones sistemáticas de derechos humanos, no obstante, es un miembro activo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El reino del Golfo fue reelecto para formar parte del consejo en octubre del 2016.

Esto no ha impedido que las autoridades continúen atacando y acosando a los activistas por las actividades que llevan a cabo.

El 18 de diciembre, las fuerzas de seguridad detuvieron al defensor de derechos humanos y activista social Issa al-Nukhaifi en la región de Jizan (al suroeste del país), en espera de una investigación. Según el Centro de los Derechos Humanos del Golfo (GC4HR), ubicado en Beirut, él fue arrestado por el activismo realizado en contra de la corrupción y por sus actividades en línea. No queda claro qué publicaciones han sido utilizadas por la Autoridad de Investigación y Enjuiciamiento en la ciudad de Jizan como evidencia en su contra.

Al-Nukhaifi es un usuario activo de Twitter con más de 42 000 seguidores. Tuitea sobre una variedad de temas, entre estos, la guerra en Siria, la corrupción y la pobreza en el país, y el desplazamiento de familias que residen en la frontera de Arabia Saudita-Yemen, por razones de seguridad. Él apoya también la creación de un parlamento electo en el reino conservador, que sólo tiene un consejo consultivo de 150 miembros, los cuales son nombrados por el rey.

Según la Organización Europea-Saudita de Derechos Humanos, al-Nukhaifi posiblemente fue arrestado por apoyar una campaña orientada a crear un “parlamento popular saudita” virtual de 30 miembros, que fueran elegidos de escritores, académicos y activistas sauditas que se encuentren en Twitter. Esta es la cuarta ocasión que las autoridades sauditas lo han aprehendido. Fue liberado tan solo en abril del 2016 tras pasar tres años y ocho meses en prisión por sus actividades para defender los derechos.

Photos of Fadhel al-Shoulah and his son. Picture shared by his wife Hajar Ali on Twitter

Fotografías de Fadhel al-Shoulah y su hijo. Imagen compartida por su esposa Hajar Al-Tarouti en Twitter.

A principios de diciembre, el tribunal penal especializado en la capital, Riyadh, aumentó la condena de Isaa al-Hamid, un miembro fundador y expresidente de la Asociación de Derechos políticos y civiles en Arabia Saudita (ACPRA, por sus siglas en inglés), de nueve a once años. Fue condenado por varios delitos, entre los que se incluían “incitar la alteración del orden público”, violación de la ley contra el cibercrimen e insultar al sistema judicial y al máximo órgano religioso del reino.

Según Amnistía Internacional, los cargos están relacionados con las declaraciones y artículos que al-Hamid publicó en línea, en los cuales habló sobre el derecho a manifestar y el acoso a las familias de prisioneros políticos por parte del ministerio de gobernación. Él también exigió una investigación de abusos de derechos humanos.

El 6 de noviembre, el mismo tribunal condenó al activista social y guionista Fadhel al-Soulah a cuatro años en prisión, además de una
prohibición de viajar durante cuatro años por denunciar la pena de muerte en contra del líder religioso chiíta Nimr al-Nimbr, quien fue ejecutado a principios del 2016. De acuerdo con el periódico Al-Quds Al-Arabi en Londres, Shoulah acusó también a las autoridades sauditas de diseminar la ideología “takfiri”, cuyos partidarios siguen una estricta interpretación del Islam y recomiendan que los musulmanes que no apoyen su interpretación de “apóstatas” deberían ser condenados a muerte.

Al-Shoulah fue arrestado en diciembre del 2015. Es conocido por su activismo en contra del sectarianismo y la discriminación hacia los musulmanes chiítas en Arabia Saudita, un grupo minoritario que constituye de diez a quince por ciento de la población, que en su mayoría se concentra en la provincia del este del país. Su compañía de producción, Qithara for Media Production and Distribution, produjo varios cortometrajes, videos animados y películas orientados a incrementar el conocimiento sobre una variedad de problemas sociales, entre estos el sectarianismo, el abuso sexual infantil, la conservación del agua y el albergue para huérfanos.

Si escucharon que Fadhel al-Shoulah, un defensor de la unidad, la paz y la tolerancia, es juzgado en un tribunal de terrorismo, sepa que es enjuiciado por el sistema judicial saudita.

Las medidas represivas de Arabia Saudita impuestas sobre el activismo pacífico no solo destruyen a las familias y privan a los activistas de sus libertades y garantías básicas, sino también le cuestan al reino el trabajo y la creatividad de sus reformistas más talentosos e inteligentes como al-Shoulah y muchos otros.

Como el escritor Ali Al Grash manifiesta, los juicios “injustos” de los activistas “patriotas, pacíficos y creativos” solo reforzarán en los ciudadanos la desconfianza en las instituciones estatales”. En otra publicación de Facebook, hecha el 6 de noviembre, escribió que la condena de al-Shoulah “confirma la carencia de sabiduría y la intensificación de la insistencia de las autoridades, y la indiferencia hacia las vidas humanas” en momentos donde Arabia Saudita “necesita de unidad e iniciativa para una reforma exhaustiva”.

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